Las Operadoras de Pensiones manejan inversiones del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) que ascienden a los ₡9 101 332 millones (9.1 millones de millones de colones), que representan el 22% del Producto Interno Bruto (PIB), tras dos décadas de ahorrar e invertir a largo plazo para una vejez digna, superando así el cortoplacismo de muchos gobernantes de turno que solo piensan en gastar y endeudar al país.
A un político en campaña, se le ocurrió ofrecer esos recursos a los trabajadores-ahorrantes para que le den un uso diferente. Sugiere que se use en pagar deudas (que en su mayoría podrían responder a tarjetas de crédito que se dieron de manera atrevida, con poco análisis de capacidad de pago y hasta con tasas de usura). Ya en el pasado, otros políticos tuvieron la intención de usar esos fondos para cubrir la prima para préstamos de viviendas y hasta para financiar obras viales (con todo lo que hemos visto en CONAVI y los diamantes municipales). Todas esas ideas a costas de desbaratar un ahorro que se creó para que no seamos ancianos pobres y desprotegidos luego de concluir nuestra etapa laboral.
La idea de entregar el 30% del ROP es descabellada, no solo por desvirtuar el objetivo inicial, sino porque generaría un impacto muy perjudicial para los mismos trabajadores y la estabilidad económica del país.
Si juntamos la masa de ahorros del ROP de todas las Operadoras de Pensiones, se tiene que solo el 4% está invertido a corto plazo, eso es a un año o menos. Si se suma lo que está invertido hasta 5 años plazo, apenas se llega al 22% de las inversiones del ROP. Es decir, para entregar el 30% que pretende el candidato presidencial habría que salir a vender títulos que vencen dentro de 5, 10, 15 o más años. Puede sonar obvio, pero parece que ignoran que el grueso de las inversiones está a largo plazo, porque es justamente un esquema de capitalización para brindar pensiones, no para otras ocurrencias al calor de una campaña.
Entonces, es necesario preguntarse, en caso de prosperar esa mala idea, cuánto sería el descuento (o sea, la pérdida) para poder vender los títulos de largo plazo a hoy; cuánto caería el valor de lo ahorrado por los trabajadores; cuánto caería la pensión futura para el trabajador producto de esa pérdida. Y todo eso sin considerar que las Operadoras de Pensiones tendrían pérdidas, dado que su ingreso es un porcentaje del rendimiento de las inversiones; rendimientos que se volverían negativos.
Por otro lado, en caso de querer evitar esos efectos destructivos sobre el sistema de pensiones, sería el Banco Central el que tenga que salir a proveer la liquidez necesaria, comprando los títulos que necesiten vender las Operadoras en el mercado secundario, para lograr satisfacer la demanda de los trabadores por el 30% del ROP.
Esa maniobra a cargo del Banco Central asciende a 2.6 millones de millones de colones (cerca de 7% del PIB) de inyección de dinero a la economía (emisión monetaria) en un lapso corto de tiempo, lo cual atenta contra cualquier objetivo de estabilidad de precios, empujando la inflación al alza, los intereses y el mismo tipo de cambio. Eso dejaría aún más golpeados a los trabajadores y familias a quienes supuestamente se pretenden beneficiar.
Entonces, ¿a quién favorece esa propuesta? A un reducido grupo de acreedores, talvez, porque en el agregado todos saldríamos perdiendo. Entregar el 30% del ROP es un canto de sirena acompañado de una armonía populista, capaz de endulzar a muchos incautos.
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