Después de casi 2 años de mantener intervenida JUDESUR, el Gobierno ha decidido terminar con la intervención y por ende destituir a su Junta Interventora.
En su lugar, finalmente el gobierno aceptó juramentar a la Junta Administrativa de JUDESUR, con la composición y las atribuciones que dicta la legislación vigente. Esta vez respetando a las municipalidades, a las cooperativas, a los concesionarios y a las asociaciones de la Zona Sur.
Entre otras, la herencia de la Junta Interventora creada, impuesta y defendida casi 2 años por la Presidencia de la República está constituida por una serie de denuncias por irregularidades supuestamente cometidas durante el periodo de la intervención; así como una demanda por 7 mil millones de colones en contra del estado costarricense y una acción de inconstitucionalidad para impedir la vigencia de la nueva ley de ese ente.
Deja, además, como herencia negativa de su intervención, un Depósito maltratado en su imagen, con amenazas de cierre e incertidumbre entre concesionarios y clientes; así como un JUDESUR en donde abundan compromisos que superan ampliamente sus verdaderas posibilidades.
El gobierno que inventó, impuso y defendió esa intervención deberá ahora asumir la responsabilidad por las consecuencias del negativo desempeño de sus interventores.
Lo bueno es que la integración de la nueva Junta Directiva ahora sí respeta a la Zona Sur y le corresponderá sanear a JUDESUR, así como echar a andar las disposiciones de la nueva ley y recuperar para el Depósito la imagen atractiva y confiable que debe tener.
El trabajo pendiente que deja a su paso la Junta Interventora no será sencillo, pues para utilizar palabras del Presidente de la República “la finca está muy encharralada”, luego de 2 años de “chambonadas”.
Ese trabajo debe realizarse con empeño, ilusión, probidad y eficiencia, porque de ello depende la supervivencia de la entidad y la posibilidad de financiar importantes proyectos de desarrollo en los cinco cantones del sur de Puntarenas.