Hace unos meses, en sesiones extraordinarias, unánimemente la Asamblea Legislativa aprobó y el Poder Ejecutivo sancionó la nueva ley que regula el funcionamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, cuya función cardinal es administrar el Depósito Libre Comercial de Golfito y disponer los ingresos que dicha administración y el impuesto único a las mercaderías vendidas en dicho lugar generan para el desarrollo de los cinco cantones de la Zona Sur de Puntarenas.
Durante la discusión del proyecto de ley, los miembros de la Junta Interventora de JUDESUR, comparecieron por escrito ante la Asamblea Legislativa para emitir su criterio. Durante esa comparecencia, en ningún momento, dichos funcionarios manifestaron que la ley sería ruinosa para JUDESUR y, mucho menos, cuestionaron la constitucionalidad de las normas o el procedimiento para su aprobación.
Cabe recordar que en la actualidad, la Junta Interventora es un órgano ad hoc, creado a imagen y semejanza del Poder Ejecutivo para que administre JUDESUR, luego de haber suspendido –ilegalmente en nuestro criterio- a los titulares de la Junta ordinaria que tenía representación de municipalidades y otros organismos de la Zona Sur. En esa condición, los actuales miembros de la Junta Interventora representan exclusiva y directamente al Poder Ejecutivo.
Y es, precisamente, en esa condición de funcionarios públicos –representantes directos del Presidente de la República y del Ministro de la Presidencia- que los señores miembros de la Junta Interventora presentan una demanda en sede contencioso administrativa a fin de cobrarle al Estado una indemnización superior a los 7 mil millones de colones, como resarcimiento por supuestos daños patrimoniales derivados de la entrada en vigencia de la nueva Ley de JUDESUR. Nunca antes, un representante del Presidente de la República había actuado, en contra del Estado Costarricense de la forma en que estos señores han actuado ahora.
Naturalmente que la demanda, además de la indemnización dineraria y las costas personales y procesales, pide que sean impuestas medidas cautelares en contra de la vigencia de la nueva ley, con lo que, al impedirse su aplicación, se busca eternizar a la Junta Interventora en una función que, legalmente, le corresponde a una Junta Ordinaria con debida representación de los gobiernos locales de la zona, asociaciones, cooperativas, pequeños productores y representantes de los pueblos indígenas. En el fondo, esa parece ser la verdadera pretensión de los demandantes.
Si tal actuación, además de irracional es grave, más grave aún es la actitud asumida por el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia al mantener en esos cargos –legalmente precarios- a unos funcionarios capaces de accionar ante los tribunales para cobrarle a los costarricenses un monto superior a los 7 mil millones de colones y eternizarse en el desempeño de un cargo que, según la ley, deben ocupar los representantes legítimos de la Zona Sur.
El Poder Ejecutivo, en lugar de esconderse bajo el subterfugio de que siendo un caso en proceso judicial no tienen nada que decir, ni nada sobre lo que actuar, y que necesita seguir debidos procesos, lo que debe hacer es destituir de inmediato a estos señores, nombrar a los nuevos directores según los términos de la ley vigente y, desde luego, con el concurso de la Procuraduria General de la República, oponerse a las irracionales pretensiones de la Junta Interventora que, al día de hoy, representan únicamente al Presidente de la Republica y a su Ministro de la Presidencia; o bien pedirle a los nuevos representantes que se nombren legalmente que procedan a retirar la demanda interpuesta por la Junta Interventora inventada por este gobierno. No actuar de esta forma supone la aceptación implícita de Casa Presidencial a las actuaciones de sus actuales representantes en JUDESUR, con la correspondiente aceptación de las responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales que correspondan.