En el breve lapso de los 31 días de agosto –lo que dura el periodo del presente periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, en el que el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda parlamentaria- quedaron en evidencia dos realidades distintas y opuestas.
Por un lado, la determinación y coherencia de las fracciones parlamentarias que forman la Alianza Legislativa por la responsabilidad fiscal para hacer avanzar la agenda de racionalización del gasto público antes que pensar en impuestos y la actitud pusilánime del Poder Ejecutivo al dejar fuera de convocatoria uno de los principales proyectos de ley destinado a racionalizar el gasto en remuneraciones, convenciones colectivas, pluses salariales y otros extremos del empleo público.
A partir de mayo anterior y desde antes de agosto, la Alianza por la responsabilidad fiscal dio muestras de la seriedad de su compromiso con la racionalización del gasto, la mejora de los instrumentos de recaudación de los impuestos vigentes, el fortalecimiento de las finanzas del Estado y la transparentación del gasto.
Las leyes para acabar con los privilegios en materia de pensiones de lujo, la ley contra el contrabando, la ley para obligar a las instituciones a realizar todas sus compras sobre una sola plataforma de internet, la ley de fortalecimiento de la Caja Única del Estado, la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial y todos otros aquellos proyectos incluidos en la Agenda por la responsabilidad fiscal son ya, hoy, leyes de la república o avanzan con buen viento en la Asamblea Legislativa. Sin duda, el proyecto contra el fraude fiscal, recientemente dictaminado positivamente de manera casi unánime es muestra de ello.
En lo que no se pudo avanzar en los treinta y un días de agosto fue en el proyecto de ley que introduce varias reformas en materia de gasto público por concepto de salarios, pluses salariales, convenciones colectivas y otros extremos remunerativos en el Estado y sus instituciones.
La razón de tal freno fue una sola: el miedo que la presente administración le tiene a los sindicatos públicos. Basto que esas organizaciones, sin necesariamente tener razón para ello, amenazaran con declarar la guerra a ese proyecto para que el Poder Ejecutivo, apenas pudo, engavetó la iniciativa al menos por los treinta y un días que dura su control de la agenda legislativa.
El miedo paraliza, impide tomar decisiones, hace imposibles las soluciones y eso se evidencio durante agosto en la Asamblea Legislativa, no por miedo de los diputados a entrar a conocer un tema tan complejo y urgente de racionalizar como el gasto en planillas, si no por el miedo del Poder a los sindicatos del sector público que, en muchos sentidos, sienten que este es su gobierno y, como tal, debe impedir y bloquear cualquier iniciativa sobre sus intereses.
Cabe destacar que la Agenda por la Responsabilidad Fiscal es obra de siete fracciones de oposición, no del gobierno ni de la fracción oficialista que, más bien, al principio, junto con el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio la criticaron y amenazaron con impedir su avance. Justo es reconocer que luego las fracciones del PAC y del FA rectificaron y han actuado responsable y constructivamente en el trámite de todos los proyectos de responsabilidad fiscal menos en lo concerniente a empleo público. En el entretanto, durante esos avances, el Poder Ejecutivo ha sido poco más de un convidado de piedra.
Buscar el poder para no hacer nada cuando se lo alcanza, ni permitir que otros hagan, es un despropósito de dimensiones catedralicias. Eso le hace daño al país, nos impone una pérdida de tiempo irreparable, alarga los problemas sin solución y nos acerca, cada día más, a una crisis fiscal que puede evitarse si actuamos a tiempo.
Además, respecto del tema de empleo público, ni el Gobierno ni los trabajadores deben temer nada; las reformas propuestas no buscan acabar con los derechos ya adquiridos por los empleados, no pretenden pauperizar a los trabajadores públicos, ni buscan despedir a nadie.
Que algunos sindicatos digan lo que digan e intenten crear un monstruo donde no lo hay, vale solo para ellos, pero no vale para quienes, como el Presidente de la República y sus Ministros deben conocer el verdadero contenido de los proyectos que, al menos por los treinta y un días de agosto, los asusto al grado de engavetarlos. Quizá debieron leerlos antes de engavetarlos.
