Con 40 votos a favor y solo 7 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el expediente 22.817, el cual otorga un régimen especial de pensión para ciertos funcionarios del OIJ. Esta decisión no es una reforma menor: es una nueva bofetada al ciudadano promedio, otra muestra de que en Costa Rica el Estado no es capaz de crear justicia social, sino que es una maquinaria ineficiente que solo es capaz de crear odiosos privilegios a costa de quienes sí trabajan, producen y pagan impuestos.
El proyecto, ahora ley, permite que estos funcionarios puedan pensionarse a los 55 años con hasta un 82% del salario promedio de sus últimos 240 meses, mientras tanto, el resto del país —el costarricense común— debe esperar hasta los 65 años para recibir una pensión, muchas veces irrisoria, después de toda una vida de haber cotizado.
Es necesario aclarar que no se pone en tela de duda que el trabajo de los agentes judiciales conlleva riesgos y desgaste. Lo que se cuestiona es el modelo estructural que permite que unos pocos disfruten de regímenes excepcionales, mientras la mayoría —especialmente los del sector privado— carga con un sistema inflexible, injusto y desbalanceado. Un Estado que se autodenomina garante de justicia social no puede sostener semejante contradicción sin perder legitimidad.
La Constitución Política, en su artículo 33, es clara: todos somos iguales ante la ley, pero esta ley evidencia lo contrario: no repara un daño, no responde a una necesidad estructural, ni es parte de una reforma sistémica, es un gesto político, un favor disfrazado de justicia, que se otorga en función del ruido que pueda hacer un gremio y no de un principio universal de equidad.
Desde el discurso de quienes dieron su voto afirmativo, se pretende justificar esta medida como un acto de gratitud hacia quienes arriesgan su vida, pero si ese es el argumento, ¿por qué no aplicarlo también a policías municipales, bomberos, guardas penitenciarios, oficiales de tránsito o personal médico en zonas conflictivas? ¿Acaso su esfuerzo, su riesgo o su servicio vale menos? La selección de beneficiarios no responde a la justicia, sino a los intereses.
Lo más preocupante es que mientras se legisla con rapidez para otorgar beneficios específicos a ciertos sectores, las reformas estructurales que podrían mejorar todo el sistema continúan estancadas. No se avanza en sostenibilidad fiscal, no se moderniza el régimen de pensiones, y no se priorizan soluciones integrales que beneficien a todos. Se legisla para el ruido, no para la razón.
La indignación ciudadana no nace del desconocimiento, como algunos intentan hacer creer, nace del hartazgo de ver cómo, una y otra vez, el aparato estatal protege a los suyos y olvida a quienes lo sostienen.
Mientras se reparten nuevos beneficios con fondos públicos, al resto se le exige “apretarse el cinturón” sin derecho a réplica.
El presidente de la República ya ha advertido que “van a tener que resellar esa ley”, anticipando su veto. Pero más allá del destino de este texto específico, el verdadero problema persiste: un sistema político que reproduce privilegios y profundiza la desigualdad en lugar de corregirla.
Un país donde el acceso a derechos depende de tu cercanía al poder, no es un país justo, es una república en ruinas y esa sensación de traición, ese enojo que crece cada vez que se aprueba una ley como esta, es la señal más clara de que el cambio no solo es urgente: es inevitable.
