Nuestro país se ha construido desde la fundación de la Segunda República alrededor de principios que son columna vertebral de la forma del ser costarricense, y que se encarnan en el Estado Social de Derecho. Un sistema solidario que aspira garantizar la justicia, equidad, dignidad y respeto por todos y todas, sin excepciones. A pesar de los desafíos políticos y sociales, este sistema solidario ha demostrado ser más que un simple modelo económico, siendo garante de nuestra idiosincrasia.
Hemos sido testigos de cómo en los últimos años de manera frecuente este sistema ha sido disminuido, buscando su debilitamiento. Es complejo entender el trasfondo de esa intención, no es un tema que se pueda pasar por alto,
Las circunstancias actuales nos ponen de cara a una Caja Costarricense de Seguro Social que se encuentra en una nebulosa financiera, donde las generaciones futuras no saben si podrán disfrutar de una pensión, donde la infraestructura educativa va en decadencia. Hoy en día hemos llegado a un punto donde nuestro sistema ya no es guiado por estadistas. Los remiendos han tapado la visión por el fondo de lo que se debería aspirar.
En esta disyuntiva encontramos el presente y futuro del presupuesto de las universidades públicas, el Fondo Especial para la Educación Superior: Es difícil concebir nuestro país sin las universidades públicas, una educación pública, sin los principios de acceso y calidad, sin la acción social y el aporte investigativo que realizan las universidades públicas. Hoy tenemos una ministra que después de la pandemia y el apagón educativo, se caracteriza por seguir ejecutando acciones que van más dirigidas a disminuir la calidad de la educación que a potenciar esa herramienta social para que las futuras generaciones progresen, y que nuestro país pueda caminar a seguir contando con profesionales de primer nivel y potenciar nuestro desarrollo.
Otro caso claro, es el intento de debilitar los gobiernos locales, una municipalidad es la forma de gobierno más cercana a las realidades de las comunidades, la que mayor respuesta puede dar a las necesidades inmediatas de la gente en su diario vivir, pero ya no se discierne en la dinámica política actual aquellas acciones que buscaban una descentralización del Estado, el empoderar la función municipal con temas que el Gobierno Central ha demostrado lentitud e inacción; por el contrario más bien buscan trasladar funciones sin presupuestos, lavándose las manos de responsabilidades propias, dejando a su suerte los gobiernos locales, y esto lo único que provocará a mediano plazo será una precarización de los servicios que recibe la gente.
Debemos repensar a nuestras instituciones o programas para maximizar su potencial y readecuar la visión a los tiempos en que vivimos. No podemos renunciar a la aspiración de seguir consolidando un modelo que ha sido imperfecto pero exitoso, donde la visión de solidaridad, justicia social y equidad prevalezca, y que hoy en día nos hace un llamado a defenderle.