Resolver un conflicto sin enfrentamiento, sería ideal en cualquier escenario histórico-social, sobre todo si éste se desarrolla y encausa desde el ámbito político y económico, aplicando la mediación, negociación y arbitraje, como técnicas coadyuvantes en casos disímiles, donde todos pueden ganar a largo plazo siempre y cuando se pongan de acuerdo.
Sin embargo la mayoría de las veces no es así, debido a las circunstancias propias y que rodean a dichas disputas, las cuales se transforman en los puntos focales en torno a los que giran las demandas de una u otra parte. Y eso aquí en Costa Rica es más que evidente ya que sobran ejemplos desde todo punto de vista.
Por ello, mientras las decisiones judiciales producen resultados en los que unos ganan, y otros pierden, las resoluciones de la RAC generan soluciones en donde todos obtienen algún beneficio, aunque por lo visto en la Suiza Centroamericana esto no siempre se cumple, ya que los intereses de las fuerzas políticas y económicas imperantes, apostarán a ambos lados del conflicto para ir a la segura y así, no tener que ceder frente a otras posturas más equitativas y solidarias en aras de una justicia social, distributiva y tributaria, donde todos asuman su cuota de responsabilidad ante ésta crisis fiscal.
Esta huelga de carácter nacional que todavía no concluye y menos desde las trincheras del Ministerio de Educación, sigue en pie a pesar de no poseer un rumbo fijo, más allá de lo que se pueda intuir en cuanto a las propias demandas de los docentes y algunas otras también de estudiantes; los cuales firmes en sus convicciones cualquiera que éstas sean no darán un paso atrás, porque éste Gobierno de Unidad Nacional no quiso abrir espacios verdaderos de diálogo político-social, desde ninguna arista y sobre todo basados en las tres premisas en las que se sustenta la RAC que son la mediación, negociación y arbitraje.
En primer lugar, frente a la situación en la que se encuentra inmersa ésta Nación por el déficit fiscal, los mediadores que debieron ser personas imparciales y libres de intereses directos en ésta disputa o en relación a sus resultados, no lo eran tanto, cuando los representantes sindicales pertenecían a los sectores más privilegiados de la administración pública, económicamente hablando.
Por otra parte, tenemos a las universidades públicas con sus rectores a la cabeza y remuneraciones de lujo llenas de pluses, defendiendo supuestamente la “autonomía universitaria” a raíz del cuestionado abuso de autoridad de la policía, donde las academias argumentaron un doble discurso de equidad social, ausente de toda ética y moral dentro de la función pública. El cual ha sido denunciado hace mucho tiempo a lo interno de estas instituciones, pero sin ningún resultado real y menos justo; así mismo tenemos también a la Iglesia Católica con grandes intereses en pugna en relación con sus finanzas y no en pro del bien común.
Desde éstos frentes a su vez tan diferentes, la coyuntura política, económica y social, se torna muy dispar en relación con el resto de la sociedad y la reforma fiscal, manejando el espacio y tiempo de la negociación por una senda de disparidad económica, evidenciando a esa otra Costa Rica en donde por un lado, se apela a la “autonomía universitaria” en varios ámbitos como por ejemplo sus finanzas y por otro, tenemos al clero en contubernio y férrea defensa de un Estado confesional, el cual terminamos pagando todos.
No es de extrañar que el Plan fiscal no haya tenido ningún cambio sustantivo en esos y otros aspectos, como a su vez frente a las grandes cooperativas, las zonas francas, Recope, Japdeva y la concesionaria de la ruta 27, solo por mencionar algunos casos de privilegios escandalosos a ambos lados del conflicto, pero nunca desde el centro del mismo y menos en pro de los más desposeídos en torno a la JUSTICIA SOCIAL, ante la que sea apela más allá del bien y el mal…
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