El tarifario aprobado por el Colegio de Médicos para establecer los montos mínimos de los honorarios de los Médicos y Cirujanos, así como de los Médicos Especialistas, por la prestación de sus servicios en los procedimientos médicos-quirúrgicos que realicen dentro del territorio costarricense, ha generado desde hace varias semanas grandes preocupaciones en las instituciones públicas y privadas prestatarias de estos servicios así como en la población en general.
El incremento es estas tarifas reducirá el acceso a los servicios de medicina privada por buena parte de la población y presionará indudablemente en los servicios de la CCSS.
Es interesante además, que esta medida se aplique en un momento económico en donde la inflación prácticamente es cero. Hablamos de una desproporción cuando una medida de esta naturaleza, no es justa ni legítima porque privilegia a unos pocos y recarga en la mayoría la medida.
El aumento excesivo en muchas de las tarifas médicas supera el 300% lo que afectará directamente en el acceso a estos servicios. Datos suministrados por el Presidente Ejecutivo del INS señalan que existen alrededor de 110 mil personas que cuentan con seguro privado para gastos médicos y una cantidad similar que utiliza la medicina privada en lugar de la seguridad social. No podemos dejar de preguntarnos el impacto negativo que esta medida incidiría en los costos de atención a causa de un accidente laboral; es claro que el encarecimiento de las pólizas se vería afectado directamente.
A modo de referencia, el Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores, que se cobra anualmente y es requisito para obtener el permiso de circulación y el cual tiene como objetivo asegurar a las personas que resulten lesionadas en un accidente en el que participen tales medios de transporte y el cual cubre la lesión y la muerte de las personas (peatones y ocupantes del vehículo), víctimas de un accidente de tránsito, exista o no responsabilidad subjetiva del conductor se vería seriamente afectado, no solo por el incremento en el costo que el usuario deba pagar y que se verá reflejado en el próximo marchamo, sino que también la cobertura de la póliza se gastaría más rápidamente por que los pacientes deberán ser trasladados a los hospitales públicos para seguir con su tratamiento o recuperación.
Sin embargo, el tema no es solamente contra la desproporción sugerida por el Colegio de Médicos, sino también sobre la forma de calcular las tarifas por servicios, fundamentalmente servicios de especial importancia como la salud, el transporte y la educación en nuestro país.
Indudablemente y sin entrar a cuestionar normas básicas de economía relacionadas con oferta y demanda, no puede perderse la perspectiva resultando necesario considerar aspectos de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, cobertura y prestación óptima, además del enfoque de equidad social, que debe primar en la definición de costos y calidad de los servicios.
Asimismo, resulta relevante considerar aspectos relacionados con la inflación, los montos en que se encuentran los salarios mínimos en los sectores público y privado, la afectación a otros servicios básicos por el monto desmedido de las tarifas, entre otros.
La afectación desmedida de las tarifas puede resultar onerosos para sus prestatarios al corto plazo, dejando consecuencias sociales irreparables al mediano y largo plazo que solamente afectarán la calidad de vida en nuestro país.