Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Sin embargo, en Costa Rica esta fecha pasa con una deuda conceptual y jurídica aún sin saldar: el reconocimiento del suelo como un sistema ambiental vivo y dinámico y no únicamente como un recurso natural finito al servicio de la agricultura o del desarrollo urbano.
Lejos de ser una simple base inerte, el suelo puede entenderse como un entramado ambiental activo, en constante transformación, donde interactúan componentes minerales, materia orgánica, agua, aire y una vasta comunidad de organismos microscópicos. Esta interacción lo convierte en un sistema complejo que sostiene la biodiversidad, participa en la regulación de los ciclos del agua y de los nutrientes, contribuye a la captura de carbono y posibilita la producción de alimentos. En otras palabras, el suelo no solo soporta la vida: es parte esencial de ella.
A pesar de esta comprensión científica ampliamente aceptada, el tratamiento jurídico del suelo en Costa Rica continúa anclado en una visión limitada. Normas como la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos de Costa Rica responden principalmente a una lógica de productividad agrícola, enfocándose en la conservación para evitar la degradación y mantener la capacidad de uso. Por su parte, la Ley de Planificación Urbana de Costa Rica aborda el suelo desde su función territorial, regulando su uso mediante instrumentos de zonificación y ordenamiento.
Ambos enfoques son necesarios, pero insuficientes. En ellos, el suelo aparece subordinado a fines humanos específicos: la producción agerícola o la construcción urbana, sin un reconocimiento explícito de su valor ecosistémico intrínseco. Incluso la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica, aunque incorpora principios generales de protección ambiental, no desarrolla una tutela integral del suelo como ecosistema.
Esta omisión genera una desconexión preocupante entre el conocimiento científico y el Derecho. Mientras la evidencia indica que los suelos albergan aproximadamente el 25% de la biodiversidad del planeta y desempeñan funciones clave en la estabilidad ambiental, el ordenamiento jurídico costarricense sigue tratándolos como un soporte o un recurso natural. Se protege el suelo en tanto sirve, no en tanto existe como sistema vivo.
Las consecuencias de esta visión reducida no son menores, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad edáfica y la disminución de su capacidad para regular procesos ecológicos son problemas silenciosos, pero de gran impacto. Sin un enfoque ecosistémico, las políticas públicas difícilmente podrán responder de manera integral a estos desafíos, especialmente en un contexto de cambio climático y presión sobre los territorios.
Reconocer al suelo como sistema ambiental vivo y dinámico no implica sustituir los enfoques agrícola o urbanístico, sino ampliarlos. Supone avanzar hacia una regulación que integre su dimensión ecológica, que valore sus funciones más allá de la utilidad inmediata y que lo incorpore como parte esencial del patrimonio natural del país. Costa Rica ha construido una reputación internacional en materia ambiental. No obstante, ese liderazgo exige coherencia interna. El suelo, ese ecosistema oculto, espera aún su reconocimiento pleno en el derecho costarricense.
