Costa Rica se enorgullece de su democracia como un patrimonio inquebrantable, un modelo de estabilidad y madurez institucional en América Latina. Sin embargo, al escudriñar las entrañas del Plenario Legislativo, este supuesto baluarte se revela como un espectáculo decadente, un circo de lujo financiado por el erario público donde la farsa suplanta a la deliberación racional. En los últimos tres años y medio (del periodo legislativo 2022-2025), la Asamblea Legislativa ha sucumbido a una erosión interna que amenaza los fundamentos mismos de la representación democrática, tal como lo advertía Giovanni Sartori en su seminal obra sobre la teoría democrática: las democracias perecen no solo por golpes externos, sino por la degradación paulatina de sus instituciones clave.
Esta decadencia no es abstracta; se manifiesta en datos concretos y alarmantes. Según el Programa Estado de la Nación, en su análisis del periodo mayo 2023-abril 2024, la Asamblea Legislativa retornó a niveles de baja productividad, con mayores tiempos de aprobación de leyes y una cosecha legislativa de escaso impacto sustantivo. Aunque en el año legislativo 2023-2024 se aprobaron 235 leyes (cifra que algunos celebran como la más productiva en décadas), un examen cualitativo revela que muchas fueron de alcance limitado, evadiendo los grandes desafíos nacionales como la reforma fiscal, la sostenibilidad ambiental o la seguridad ciudadana. Peor aún, en el periodo 2022-2023, apenas un tercio de las leyes aprobadas fueron verdaderamente sustantivas, mientras que la proporción de normas sin financiamiento identificado ni evaluaciones de impacto ex ante sigue en ascenso, según el mismo Programa Estado de la Nación. Esto no es mera ineficiencia; es una traición a los principios de la gobernanza racional, donde el Parlamento produce “mucho papel, poco país“, perpetuando un ciclo de inoperancia que erosiona la legitimidad institucional.
Un espectáculo oneroso sin rendición de cuentas
El costo de este circo es escandaloso: mantener a 57 diputados y más de 900 plazas administrativas devora ₡49.542,6 millones anuales, según el proyecto de ley de presupuesto nacional para 2025 del Ministerio de Hacienda. De este monto, el 95,7% se destina a gasto corriente (salarios, dietas y logística), dejando migajas para inversiones productivas. Lo más grotesco: la propia memoria presupuestaria confiesa que “no ha sido factible fijar metas de gestión para la actividad parlamentaria” debido a la independencia de los bloques partidarios y la naturaleza volátil de las votaciones. En términos weberianos, la política debería ser “la lenta perforación de duras tablas con pasión y mesura“; aquí, solo prevalece el despilfarro sin mesura ni resultados tangibles. Imagínese, lector: financiamos el show más caro del país, donde los “artistas” (diputados con habilidades histriónicas pero nula visión estratégica), priorizan interpelaciones mediáticas y comisiones investigadoras para la foto, en lugar de leyes que transformen la realidad.
Diputados ineptos: formación deficiente y ética en ruinas
Pero el verdadero escándalo radica en los protagonistas de este circo: muchos diputados, pese a ostentar títulos universitarios en campos como derecho, administración o ingeniería (según el perfil de los 57 legisladores electos para 2022-2026), demuestran una ineptitud profesional y ética que deshonra la investidura. Aunque todos poseen grados universitarios, su desempeño revela una desconexión abismal entre credenciales y competencia: bancadas enteras bloquean proyectos clave por cálculos partidistas, reduciendo la deliberación a improperios y negociaciones opacas. La ética, ese pilar de la democracia representativa, ha sido pisoteada. En 2023, la Procuraduría de la Ética Pública denunció penalmente a ocho exdiputados del periodo anterior por presuntas faltas al deber de probidad, un patrón que persiste. Más recientemente, en diciembre de 2024, surgió el escándalo con la empresa Huawei, involucrando a diputados como José Pablo Sibaja, Johanna Obando y Francisco Nicolás, en presuntas irregularidades que huelen a conflictos de interés y corrupción. En 2023, 28 diputados archivaron un proyecto para castigar sus propias faltas éticas, demostrando un cinismo que prioriza la impunidad sobre la accountability. Estos “representantes” no solo carecen de formación ética sólida (muchos provenientes de entornos partidarios clientelistas), sino que han deshonrado la Asamblea con conductas que convierten el Parlamento en un nido de oportunismo, erosionando la confianza ciudadana y perpetuando la “ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michels.
Comisiones investigadoras: pasarelas sin desenlace
En este periodo, las comisiones investigadoras han proliferado como setas tóxicas: casos como las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 2025, con sesiones interminables sobre contratos publicitarios, financiamiento partidario y compras de emergencia. Semanas de audiencias televisadas, titulares sensacionalistas y un costo millonario en dietas, pero ¿resultados? Informes que languidecen en el Plenario, recomendaciones no vinculantes y cero reformas institucionales. Esto no es fiscalización; es “razón cínica“, como la definía Jon Elster: procedimientos con barniz de virtud que ocultan la vacuidad sustantiva, diseñados para el show electoral más que para la accountability real.
Los partidos tradicionales: guardianes de un statu quo putrefacto
El Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reciclados en bancadas opositoras, han erigido un muro de contención contra el Ejecutivo, no para enriquecer el debate democrático, sino para preservar su cartel oligárquico. Controlan la agenda, bloquean proyectos estratégicos (como las jornadas 4×3 en 2025, donde el PLN y PUSC generaron dudas y mociones dilatorias) y reparten cuotas como botín de guerra. Ejemplos abundan: en agosto de 2025, con votos del oficialismo y PLN, se archivó un proyecto para regular el lobby, perpetuando la opacidad. El oficialismo, por su lado, ha sido un actor débil, incapaz de forjar mayorías estables, naufragando en un “equilibrio negativo” donde el bloqueo prevalece sobre la construcción, como evidencia el bajo rendimiento de la bancada gubernamental según análisis de La Nación en 2024.
La democracia denigrada
Cuando el Primer Poder degenera en circo, la democracia se degrada. La presencia de diputados ineptos (con formación profesional superficial y ética inexistente) denigra la investidura: reducen el debate a puestas en escena, improperios y pactos de pasillo que burlan la transparencia. La Contraloría observa impasible; los mecanismos internos encubren la inoperancia. Esta caricatura grotesca no solo deshonra la Asamblea, sino que socava el contrato social costarricense.
Reformas impostergables
Para rescatar este naufragio, urge una cirugía institucional mayor:
- Establecer metas de productividad legislativa medibles y públicas, auditadas por entes independientes como el Programa Estado de la Nación u otros.
- Obligar a que cada ley incluya financiamiento identificado y evaluaciones de impacto ex ante y ex post, con sanciones por incumplimiento.
- Reformar el reglamento para convertir las comisiones investigadoras en herramientas vinculantes, con plazos estrictos y consecuencias penales.
- Profesionalizar el cuerpo asesor mediante concursos públicos y evaluaciones técnicas, eliminando el clientelismo.
- Abrir la agenda, nombramientos y cabildeos a transparencia total, con registros digitales accesibles a la ciudadanía.
En síntesis, transformemos este circo en una institución digna. De lo contrario, seguiremos subsidiando el espectáculo más caro y estéril de nuestra democracia. Como Sartori nos recordaba, “sin instituciones fuertes, la democracia es solo un ritual vacío“.
Epílogo: ¿hasta cuándo?
La política, en su esencia aristotélica, es el arte de lo posible (la mediación racional entre intereses colectivos para forjar el bien común). Sin embargo, en la Asamblea Legislativa costarricense del periodo 2022-2026, se ha pervertido en el arte de lo inútil, lo ineficaz y lo antiético, un vórtice de parálisis institucional que socava los pilares de la gobernanza democrática. Estos diputados, muchos de ellos con trayectorias marcadas por el clientelismo y la mediocridad profesional (como evidencian los escándalos éticos recurrentes, incluyendo las denuncias por conflictos de interés en 2023-2025 documentadas por la Procuraduría de la Ética Pública), han convertido el Primer Poder en un escenario de mofa y burla colectiva. Han denigrado su función con una ineptitud profesional que ignora los principios de la deliberación racional weberiana, y han deshonrado la democracia que juraron proteger, priorizando el cálculo partidista sobre la accountability institucional. La pregunta quema, lector: ¿cuánto más tolerará Costa Rica que su motor legislativo sea un circo de alto costo (con un presupuesto que ronda los ₡50.000 millones anuales, según el Ministerio de Hacienda) y nula productividad sustantiva? Es hora de exigir cuentas, o el patrimonio democrático se evaporará en aplausos vacíos. En 2026, con las elecciones generales aproximándose, debemos ejecutar un cambio radical: votar por la renovación ética y profesional, o condenar al país a más erosión institucional. ¡Actúemos, antes de que sea irreversible!
