En abril de 2024, la Sala Constitucional del país dictaminó a favor de dejar sin efecto una circular del Ministerio de Salud que pretendía ocultar los sellos octagonales de advertencia nutricional en los alimentos importados, gracias al recurso de amparo interpuesto por don Luis Guillermo Guevara Rivas en 2023. Aunque el recurso fue iniciativa del señor Guevara Rivas, el Colegio de Profesionales en Nutrición (CPN) jugó un papel fundamental en esta victoria legal pues la Sala tomó como base criterios enviados por este órgano colegiado.
El CPN basó su argumentación en aspectos científicos y legales, destacando la importancia del acceso a información veraz y oportuna para los consumidores, un derecho establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. La circular del Ministerio de Salud violaba estos derechos al intentar eliminar el etiquetado frontal en alimentos importados, lo cual fue cuestionado tanto por el señor Guevara como por la sociedad costarricense y el Colegio.
Desde una perspectiva legal, la circular ignoraba el Protocolo de Guatemala, que establece el tratamiento nacional para las mercancías originarias de los estados parte, salvaguardando el derecho de los mismos a establecer medidas sanitarias. Además, la Ley General de Salud enfatiza la importancia de garantizar la nutrición adecuada y el acceso a alimentos de buena calidad para proteger la salud de la población.
El CPN, en concordancia con su mandato, se involucró activamente en la defensa del etiquetado frontal como un derecho fundamental para la salud del consumidor. Este compromiso se alinea con los objetivos del Colegio, que incluyen emitir criterios técnicos, asesorar a instituciones públicas y privadas, y colaborar en acciones para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.
La resolución de la Sala Constitucional, respaldada por el CPN y otras entidades, es un paso significativo hacia la implementación de una ley de etiquetado frontal con advertencias nutricionales en Costa Rica. Esta legislación, propuesta por la diputada Andrea Álvarez Marín, armonizaría el etiquetado con estándares internacionales y facilitaría el comercio con otros países de la región que ya utilizan un sistema similar.
El etiquetado frontal no solo proporciona información complementaria para los consumidores, como lo establece el Reglamento Técnico Centroamericano, sino que también promueve decisiones más saludables y fomenta la reformulación de productos por parte de la industria alimentaria. Además, estudios de la Organización Panamericana de la Salud han demostrado la efectividad y preferencia del etiquetado frontal en la región.
En conclusión, el papel del CPN en la defensa del etiquetado frontal destaca su compromiso con la salud pública y el derecho a la información de los consumidores. Esta victoria legal representa un avance significativo en la promoción de hábitos alimenticios más saludables y en la educación de los ciudadanos relacionada con enfermedades crónicas no transmisibles.
