El periodista Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado la tarde de este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, denunció amenazas contra su vida y fue remitido al programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público. Sin embargo, decidió no acogerse a ese mecanismo debido a los requisitos que implicaba, según reveló el fiscal general de la República, Carlo Díaz.
La revelación del jerarca del Ministerio Público introduce un elemento de especial relevancia en la investigación del homicidio del comunicador, quien durante los últimos años utilizó sus redes sociales para formular graves denuncias sobre presuntas actividades de narcotráfico y posibles vínculos de organizaciones criminales con funcionarios públicos y profesionales en Derecho.
En declaraciones a Telenoticias, Díaz confirmó que Rodríguez denunció amenazas contra su vida y que las autoridades lo remitieron al programa especializado para valorar su protección.
No obstante, el periodista decidió no ingresar.
La razón general, según explicó el fiscal, estuvo relacionada con las condiciones que debía cumplir para acogerse al programa.
Hasta ahora, no se conocen públicamente los requisitos específicos que llevaron a Rodríguez a rechazar esa posibilidad.
La decisión adquiere particular importancia después del ataque armado que terminó con su vida.
¿Cómo funciona el programa de protección de víctimas y testigos?
En Costa Rica, la protección de personas amenazadas por su participación en procesos penales está regulada por la Ley N.º 8720, denominada Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal.
El programa es administrado por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), adscrita al Ministerio Público.
Aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) participa mediante personal especializado en seguridad, la administración del programa corresponde a esa oficina.
Su objetivo es proteger a personas cuya vida o integridad física se encuentra en riesgo debido a denuncias, testimonios u otras circunstancias relacionadas con investigaciones penales.
La incorporación es voluntaria, gratuita y confidencial.
Antes de ingresar, las personas reciben información sobre sus derechos, obligaciones y las medidas que podrían aplicarse para reducir los riesgos.
Estas pueden incluir restricciones y cambios importantes en las rutinas personales, dependiendo de la evaluación de cada caso.
Por esa razón, la aceptación de las condiciones constituye un elemento fundamental del procedimiento.
Sin embargo, no existe información pública que permita establecer cuáles de esas condiciones resultaron determinantes en la decisión de Camilo Rodríguez.
El asesinato ocurrió a pocos metros de donde mataron a Parmenio Medina
El ataque contra Rodríguez ocurrió cerca de las 3:20 p. m. de este lunes, cuando conducía un vehículo tipo pick-up de color rojo por San Miguel de Santo Domingo de Heredia, en las inmediaciones de la ruta 32.
Según la información preliminar, los responsables se desplazaban en una motocicleta blanca y dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo.
La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:21 p. m., pero cuando los socorristas llegaron al lugar, el comunicador ya no presentaba signos vitales.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cercanía del sitio del homicidio con el lugar donde asesinaron al periodista Parmenio Medina Pérez, en julio de 2001.
Ambos crímenes ocurrieron en la misma zona de Santo Domingo de Heredia, separados por aproximadamente 25 años.
Rodríguez se convierte en el tercer periodista asesinado en Costa Rica en ese período, después de Medina y de Ivannia Mora, asesinada en 2003.
Fiscalía investigará las denuncias que realizaba el periodista
Carlo Díaz también explicó que las investigaciones contemplarán las denuncias públicas realizadas por Rodríguez y las personas a las que señaló durante los últimos meses.
El objetivo será determinar si existe alguna relación entre esas publicaciones, las amenazas denunciadas y el asesinato.
La Fiscalía y el OIJ buscarán identificar tanto a los autores materiales como a los posibles responsables intelectuales del crimen.
Por ahora, las autoridades no establecen públicamente un móvil definitivo.
Por lo tanto, aunque las denuncias del periodista constituyen una línea relevante de investigación, todavía no es posible afirmar que alguna de las personas mencionadas por él esté vinculada con el homicidio.
Colegio de Periodistas exige una investigación
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) condenó el asesinato y solicitó una investigación diligente.
La organización describió a Rodríguez como “una voz disidente” y destacó la necesidad de esclarecer un crimen que involucra a una persona que utilizaba sus plataformas para denunciar presuntas actividades del narcotráfico.
“Su asesinato se debe investigar con celeridad no solo por el hecho de que se trate de un periodista costarricense sino también porque la ciudadanía no puede quedar sin respuestas claras sobre una muerte violenta ocurrida a una persona que utilizó su voz para denunciar la presencia creciente del narcotráfico en el país”, manifestó el Colegio.
La presidenta de la República, Laura Fernández, también condenó el homicidio y anunció instrucciones para que los cuerpos policiales colaboren con las investigaciones.
“Me llega de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. Indiferentemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, expresó.
Una pregunta que queda pendiente
La revelación del fiscal general abre interrogantes sobre las circunstancias en las que Rodríguez decidió no ingresar al programa de protección.
¿En qué momento denunció las amenazas? ¿Qué nivel de riesgo identificaron las autoridades? ¿Cuáles fueron las condiciones que se le comunicaron? ¿Existieron medidas alternativas después de su negativa?
Las respuestas permitirían comprender mejor los antecedentes del caso, sin atribuir automáticamente responsabilidades ni suponer que el ingreso al programa habría impedido el asesinato.
Lo confirmado hasta ahora es que Camilo Rodríguez denunció amenazas, fue remitido al programa de protección y decidió no acogerse debido a sus requisitos. Las razones específicas de esa decisión siguen sin conocerse públicamente.
Mientras tanto, la Fiscalía y el OIJ enfrentan el desafío de esclarecer un homicidio que vuelve a colocar la seguridad de los comunicadores y la libertad de expresión en el centro de la discusión nacional.