La justicia necesita nuevos liderazgos, no propietarios de la silla
Las sillas vacías de las jerarquías judiciales en la inauguración del CACCO, el 14 de octubre, dejaron una imagen políticamente deplorable. Pero hay otra silla que merece más atención. La que algunos parecen considerar una prolongación de su anatomía. No asistir a una ceremonia no demuestra incumplimiento de funciones; gobernar una institución que acumula reformas pendientes sí exige responder por ellas. La ausencia protocolaria fue el símbolo. La crisis de gobernanza es el problema.
El 19 de octubre está prevista la decisión sobre la continuidad del fiscal general Carlo Díaz; el 26, la elección de la Presidencia de la Corte. No deberían ser ceremonias de confirmación entre colegas. Son oportunidades para rectificar una conducción que debe someterse a un examen mucho más exigente. Mi posición es clara: la Fiscalía necesita relevo y la Corte una presidencia reformadora. Cambiar nombres sin cambiar métodos sería apenas retapizar las mismas sillas.
La factura obliga a hablar seriamente. El presupuesto inicial judicial de 2026 ascendió a ₡541.525,7 millones. En el ejercicio cerrado de 2025, Hacienda registró ₡512.155,6 millones ejecutados, equivalentes al 96,84 % del presupuesto definitivo; las remuneraciones representaron el 82,47 % del gasto. Son magnitudes de toda la institución, incluidos investigación, tribunales, Fiscalía y Defensa Pública, no solamente de sus magistrados. Pero financiar servicios indispensables no dispensa de demostrar cómo funcionan.
La ciudadanía no compra solemnidad por kilo ni expedientes por tonelada. Financia protección de derechos y resoluciones oportunas. Ejecutar recursos es una condición administrativa, no una prueba suficiente de eficacia. Tampoco se mejora la justicia asfixiando peritajes o investigaciones. Se mejora asignando recursos según necesidades comprobadas, suprimiendo duplicidades y exigiendo resultados. Ni el presupuesto es un cheque en blanco ni la independencia una exención de responsabilidad.
El Quinto Informe Estado de la Justicia, de 2025, identificó estancamiento del gobierno judicial. Documentó que la propuesta de desconcentración administrativa presentada en 2020 continuaba pendiente, mientras las comisiones habían pasado de 97 en 2020 a 107 en 2023. Además, los indicadores de seguimiento incorporados al sistema de planificación anual en 2020 fueron eliminados de este a partir de 2021. Un diagnóstico incómodo para una institución que debe gobernarse con información, seguimiento y capacidad de corregir.
El problema no se resuelve añadiendo otra comisión al inventario. Una reforma que se eterniza puede convertirse en la coartada de quienes administran su espera. Max Weber, en La política como vocación, vinculó la ética de la responsabilidad con hacerse cargo de las consecuencias previsibles de los propios actos. Aplicado al gobierno judicial, el criterio es inequívoco. No basta tener atribuciones; hay que responder por su ejercicio. El organigrama no puede servir de escondite.
Los tiempos procesales muestran el costo humano. Entre los 15.456 asuntos concluidos con sentencia por tribunales penales en 2024, 2.403 tardaron entre cinco y menos de diez años, y 381 alcanzaron diez años o más en su tramitación total. El promedio mejoró respecto de 2023. Pero una década no es una demora ornamental; es vida consumida, tanto para víctimas como para personas acusadas que esperan una resolución. La mejora estadística no devuelve el tiempo perdido.
La institución también informó en septiembre de 2026 un aumento de productividad del 26,92 % entre 2021 y 2025. Hay trabajo y avances que reconocer. Precisamente por eso, la crítica debe concentrarse en lo que esos indicadores todavía no explican. ¿Dónde persisten las demoras más graves? ¿Qué calidad tienen las respuestas? ¿Qué reformas produjeron mejoras replicables? El esfuerzo de quienes sostienen el servicio no puede convertirse en inmunidad gerencial para quienes lo dirigen.
En la Fiscalía, el Estado de la Justicia examinó expedientes terminados entre 2022 y septiembre de 2024. Más del 65 % correspondió a archivos fiscales y desestimaciones; alrededor del 15 % terminó con acusación. Archivar puede ser jurídicamente correcto. Convertir esos porcentajes en una tasa automática de impunidad sería falso. Lo exigible es distinguir delitos sin autor identificado, insuficiencia probatoria y denuncias improcedentes, y explicar qué obstáculos impiden llevar investigaciones fundadas a juicio. Contar cierres no basta para evaluar la persecución penal.
Carlo Díaz recibió una asombrosa evaluación interna de 98,95 % por su desempeño de 2025. En aquella sesión, magistrados cuestionaron el instrumento utilizado para evaluar altos cargos. Entretanto, el CIEP-UCR reportó en septiembre de 2026 notas ciudadanas de 5,5 para la Fiscalía, 5,8 para el Poder Judicial y 7,1 para el OIJ, en una escala de cero a diez. No son mediciones equivalentes ni una encuesta sobre destituciones. Pero obligan a preguntar qué significa la excelencia administrativa cuando la valoración pública de la institución es tan modesta.
No hace falta fingir unanimidades populares para exigir renovación. A mi juicio, una nota interna sobresaliente no justifica por sí sola otros cuatro años del mismo liderazgo. La Corte debe explicar públicamente qué resultados atribuye a la gestión de Díaz, qué deficiencias reconoce y por qué su continuidad sería preferible a abrir un concurso. Mi criterio es favorecer ese relevo mediante una selección rigurosa. La Fiscalía necesita competencia por idoneidad, no continuidad por costumbre.
La cooperación internacional ofrece una lección útil. “Escudo Internacional”, en octubre de 2025, articuló investigaciones del OIJ con la DEA y el FBI. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense documentó extradiciones vinculadas a investigaciones de ambas agencias y agradeció expresamente la colaboración de autoridades fiscales y policiales costarricenses. Son resultados conjuntos, no motivos para borrar a los equipos nacionales. La exigencia es convertir esa cooperación en capacidades permanentes de inteligencia, investigación financiera y prueba, no en una colección de operativos excepcionales.
Beccaria, en De los delitos y de las penas, situó la prevención y la certeza de la respuesta penal por encima de la crueldad inútil. Su enseñanza conserva actualidad. Una persecución eficaz necesita pruebas que resistan el juicio y sanciones legítimas, no solamente anuncios. Que se informe cuántas estructuras criminales pierden capacidad operativa, qué patrimonios ilícitos se recuperan, qué ocurre con las acusaciones y cuánto esperan las víctimas. La contundencia debe demostrarse en el expediente, no únicamente ante el micrófono.
La nueva Presidencia necesita visión estratégica y capacidad de ejecución. Propongo que, durante sus primeros cien días, presente un programa público con responsables, plazos y metas por jurisdicción. Que impulse la desconcentración administrativa con las reformas legales necesarias, priorice los peritajes críticos y mejore la interoperabilidad de los sistemas. Modernizar no consiste en trasladar una burocracia lenta a una pantalla. La digitalización debe reducir trámites, no darles contraseña.
Coordinar con los otros poderes tampoco significa obedecerlos. Se pueden acordar recursos, prioridades operativas y reformas sin negociar sentencias ni persecuciones. El fiscal que necesita Costa Rica debe actuar con independencia frente al Gobierno, los partidos, las redes económicas y la propia corporación judicial. Valentía sin selectividad; eficacia sin arbitrariedad. La cooperación institucional no es servilismo, como el aislamiento no es una credencial de imparcialidad.
También debe reformarse la permanencia de las magistraturas. El artículo 158 constitucional establece períodos de ocho años y presume la reelección, salvo que dos tercios de la totalidad de diputados acuerden lo contrario. Hoy se requieren 38 votos para impedirla, no para confirmarla expresamente. Propongo invertir esa lógica mediante reforma constitucional. Cada renovación debe requerir 38 votos afirmativos, públicos y motivados, apoyados en una evaluación verificable. La continuidad debe ganarse, no heredarse del silencio parlamentario.
Para establecer un máximo de doce años y permitir una sola reelección, propongo períodos de seis años, renovables una única vez. Se necesitan reglas de transición y garantías de independencia, no represalias por sentencias incómodas. El nombramiento debe premiar mérito, integridad y capacidad, nunca gratitud hacia un padrino. Publicar criterios, evaluaciones y conflictos de interés sería más útil que otra declaración ceremonial contra el favoritismo. La renovación sin reglas puede cambiar los apellidos y conservar las dependencias.
El relevo generacional no consiste en despreciar la experiencia ni en convertir la edad en defecto. Consiste en abrir oportunidades y cerrar el paso al inmovilismo. Ninguna magistratura debe concebirse como patrimonio personal o sala de espera de una pensión. Si una autoridad carece de voluntad para transformar lo que dirige, apartarse puede ser su último servicio honorable. El salario remunera una función; no compra el derecho a ocuparla indefinidamente.
El artículo 11 constitucional define a los funcionarios como depositarios de autoridad y exige evaluación de resultados y rendición de cuentas. La ciudadanía no puede ordenar sentencias, pero sí exigir explicaciones por la administración del servicio. No hay vacas sagradas en una República. Hay competencias, deberes y responsabilidades. La crítica no profana la justicia; recuerda a sus jerarcas que la institución merece mucho más que la defensa de sus ocupantes.
Si la aspiración de una Tercera República pretende significar renovación, debe comenzar por una justicia capaz, independiente y responsable, no por rebautizar las viejas complacencias. Las próximas elecciones ofrecen una oportunidad concreta. No la conviertan en otra sesión solemne de conservación del mobiliario. Señorías, las tachuelas no forman parte de la Constitución. Levántense a rendir cuentas. Y quienes no puedan conducir el cambio, tengan la dignidad y vergüenza de dejar la silla antes de que su permanencia termine de desgastar y deslegitimizar la institución que juraron honrar.
