Con una profunda reflexión recibimos la noticia que los cantones de San José y Escazú concentraron el 48% de la inversión directa en el país. San José acaparó el 35,9%, mientras que Escazú captó el 12,5%. Por su parte, los cantones de Alajuela, Belén y Heredia lograron atraer 9,1%, 7,3% y 6,1% respectivamente. Los anteriores datos fueron publicados este 09 de abril por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el reporte del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondiente al mes de febrero de este año.
Las regiones periféricas, por problemas estructurales muy añejos y consecuencia del mismo modelo vallecentrista, que históricamente ha caracterizado al país, han sido relegadas una y otra vez.
Zonas como el Pacífico Central donde el desempleo y la falta de oportunidades campea y limita su desarrollo económico, están en la parte más baja de la pirámide del desarrollo nacional. Esta región reúne todas las condiciones históricas, logísticas y estratégicas, para convertirse en un foco de atracción para la inversión y dar oportunidades laborales a cientos de personas, sobre todo jóvenes que ansían trabajar.
Se requiere un pacto social, donde las cámaras, las agencias de desarrollo, las universidades, el gobierno y sus instituciones, así como las municipalidades en primera fila, den facilidades y generen políticas acordes a lo que las empresas requieren para extender sus operaciones.
Existe legislación importante recientemente aprobada como la ley 10096 que pueda ayudar mucho en esta coyuntura. Me refiero a la Ley de Desarrollo Regional. Esta crea el sub- sistema de planificación para el desarrollo en cada región, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el desarrollo del país; además, transforma los actuales Consejos Regionales de Desarrollo en las Agencias Regionales de Desarrollo (Aredes), integradas por representantes con poder de toma de decisión del sector productivo, sociedad civil, academia, municipalidades, instituciones públicas y consejos territoriales.
Asimismo, crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (Fonader), que tendrá a su cargo la asignación de recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales. Este se financiará, principalmente, con los presupuestos de las instituciones que deberán precisar la inversión a realizar en cada región. Será administrado por el Mideplan, en concordancia con la normativa y los procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
La nueva ley establece la Política Nacional de Desarrollo Regional, los planes regionales de desarrollo y el Observatorio de Desarrollo Regional, como instrumentos para la gobernanza y el desarrollo.
Otra de las novedades que incorpora es la obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de calcular un Producto Interno Bruto (PIB) regional, que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones.
Así las cosas, tenemos una gran oportunidad, en nosotros mismos está aprovecharla o no. De nuevo invito al nuevo gobierno a volcar sus ojos a esta región que le dio un apoyo apabullante en las pasadas elecciones y que espera que esta vez sí, en décadas el Pacifico
Central sea tomado en cuenta y mejoremos la calidad de vida de su gente con empleo digno y desarrollo.
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