Como si ya no nos hubieran noqueado suficiente con el “cementazo” y el “hueco fiscal”, con lo que se constató que el Partido Acción Ciudadana había cometido los mismos o peores abusos por los que pasó desde su génesis criticando al bipartidismo, diversos medios nos han enterado que detrás de la condena al PAC por estafa al TSE hubo ni más ni menos que un plan para someter a decenas de sus militantes al “voluntariado” forzado; parece contradictorio el término que utilizo, pero así fue: según las revelaciones de estas indagaciones, desde la cúpula del PAC comprometieron para la campaña del 2010 a estos partidarios para que renunciaran a estipendio económico aún con contrato de por medio para que las arcas partidarias se llenaran sin cometer, aparentemente, ilícito alguno; pero un tribunal competente de la República condenó este accionar y posteriormente un tribunal de alzada ratificó la condena por la cual cayeron dos militantes que al parecer, y nuevamente invocando las indagaciones periodísticas, fueron dos “peces pequeños”.
Y es que dentro de este plan para llenar las arcas del PAC sobresale el papel fundamental que jugó ni más ni menos que Ottón Solís, quien, extrañamente, ahora no ve contradicción ética alguna; primero argumentó que sus palabras en esa famosa Asamblea del PAC donde se empezó a mencionar que él fue quién sugirió este plan fueron sacadas de contexto; luego, elmundo.cr evidenció que más que una intervención espontánea, Solís ya había insistido en esta forma de “voluntariado forzado” para que militantes firmaran contratos pero sin recibir lo que correspondía (artículo de su autoría en 2012), y más aún (o peor aún), en ese artículo queda en evidencia que posiblemente ese ardid de firma de contratos renunciando o donando el monto correspondiente ya habría sido utilizado en campañas anteriores (¿y por qué no pensar que lo hicieron en campaña posteriores?).
Quien pasó 18 años disparando, juzgando sin pruebas, arremetiendo contra el PUSC y el PLN por actividades inmorales y presuntamente corruptas, ahora resulta que no ve como antiético una actividad que un tribunal de la República consideró ilegal.
Dentro de este ardid aparece no otro que el joven Carlos Alvarado Quesada, quien en 2009 firmó también estos contratos, con un atenuante: si hubo facturas por servicios “profecionales” (así aparece este horror ortográfico en la copia en manos de elmundocr). Aunque ni lerdo ni perezoso Alvarado salió en defensa de los funcionarios de su Gobierno que formaron parte de esta “red de voluntariado” aduciendo que ya estos casos fueron juzgados en esa condena de los “peces pequeños”.
Me pregunto: aunque no hayan cobrado el monto por el cual firmaron contratos, ¿reportaron ante Hacienda esos ingresos?, ¿o me van a decir que no tenían que reportar algo que no recibieron, sino que donaron?, ¿ustedes se creerían ese cuento? O más aún, sería interesante que le preguntaran a todos estos buenos samaritanos si cumplieron las funciones otorgadas en estos contratos, aunque no percibieran el monto pactado.
Algunos exministros y exviceministros del Gobierno anterior todavía hoy a más de un año de haber dejado sus puestos no han regresado los millones por concepto de pluses y otros incentivos que no aplicaban y más bien se escudan en subterfugios jurídicos para no hacerlo; hoy, la Cancillería se convirtió para el PAC en aquello que por años criticaron del PUSC y PLN: un botín para pago de favores y recompensa para allegados que no cumplen requisitos, un viceministro (muchacho que ya había sido destituido en 2015) está siendo investigado por mandar porno utilizando recursos públicos y quien sin sonrojarse se mantiene en su puesto, una exdiputada fue condenada por falso testimonio, y la lista de abusos continúa…
Cierro como inicié: hueco fiscal, “cementazo” y ahora un plan bien organizado para estafar al Estado …. El PAC sencillamente perdió el decoro. Lo peor: parece que no se han dado cuenta …. o no les importa…
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