La detención del presidente de Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, a solicitud de las autoridades de Estados Unidos, no debería ser vista únicamente como un hecho policial o judicial. Tampoco como un episodio aislado dentro del fútbol costarricense.
Debería ser una llamada de atención.
Una más.
Porque si algo ha demostrado el fútbol nacional durante los últimos años es que los riesgos asociados a la falta de controles, transparencia y fiscalización no son una teoría. Son una realidad.
En ElMundo.CR hemos documentado casos de amaños de partidos en la Liga de Ascenso, procesos disciplinarios contra dirigentes, investigaciones que terminaron en sanciones deportivas y clubes que incluso perdieron su licencia para competir por incumplimientos relacionados con transparencia financiera y requisitos regulatorios.
Ahora el país observa cómo el presidente de un club de Primera División enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al narcotráfico internacional.
Y no es el primer caso que genera inquietud sobre la relación entre estructuras criminales y el deporte.
Ahí está también el caso del exmagistrado Celso Gamboa, convertido en el primer costarricense sometido a un proceso de extradición bajo la nueva legislación, así como las reiteradas referencias a figuras vinculadas al narcotráfico que han mantenido cercanía con equipos de fútbol en distintas regiones del país. Limón, una de ellas.
Por eso resultan relevantes las declaraciones recientes del fiscal general Carlo Díaz.
No porque descubran algo nuevo.
Sino porque, por primera vez desde una posición institucional de ese nivel, se reconoce públicamente una preocupación que muchos observadores del fútbol vienen señalando desde hace años: la posibilidad de que organizaciones criminales utilicen esta actividad para mover recursos, construir influencia o intentar legitimar capitales.
La pregunta es inevitable.
¿Cuántos casos más tienen que aparecer para que el problema sea asumido con la dimensión que merece?
El fútbol costarricense mueve millones de dólares cada año.
Entre patrocinios, transferencias, derechos de transmisión, taquillas, publicidad, desarrollo inmobiliario e inversión privada, el ecosistema económico del deporte dejó hace mucho tiempo de ser una actividad menor.
Precisamente por eso resulta atractivo para quienes buscan introducir recursos de origen dudoso en actividades que proyectan legitimidad social.
No ocurre solo en Costa Rica.
Ha ocurrido en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica y en prácticamente cualquier mercado donde el fútbol tiene peso económico y emocional.
La diferencia está en la capacidad de los sistemas de control para detectar señales de alerta antes de que los problemas exploten.
En ese sentido, la Federación Costarricense de Fútbol merece reconocimiento.
Durante los últimos años, el Departamento de Licencias ha tomado decisiones impopulares, ha rechazado documentación, ha exigido explicaciones financieras y ha impulsado procesos que muchas veces generaron molestia entre dirigentes y propietarios de clubes.
Pero precisamente esa incomodidad es una señal de que el sistema funciona.
La fiscalización no existe para agradar.
Existe para proteger la integridad de las competiciones.
Y quizás ha llegado el momento de fortalecer todavía más esas herramientas.
Porque el Departamento de Licencias no debería pelear estas batallas en solitario.
Necesita más respaldo institucional, más recursos y más apoyo político dentro del fútbol nacional.
También necesita que los clubes entiendan algo fundamental: quien exige transparencia no es un enemigo.
No es un obstáculo.
No es una piedra en el zapato.
Es un mecanismo de protección para el propio deporte.
El fútbol costarricense no puede seguir reaccionando únicamente cuando aparece una detención, una investigación internacional o una sanción disciplinaria.
La prevención siempre será más barata que el escándalo.
Y hay otro aspecto que tampoco debería ignorarse.
Durante años han aparecido en el fútbol costarricense inversionistas, empresarios y dirigentes extranjeros que llegan prometiendo proyectos ambiciosos, grandes inversiones y crecimiento acelerado.
Algunos han cumplido. Muy pocos.
Otros desaparecieron tan rápido como llegaron cuando se les exigieron explicaciones claras sobre el origen de sus recursos o la estructura de sus negocios.
La apertura a la inversión es necesaria.
La ausencia de controles no.
Porque el verdadero problema no es que lleguen nuevos inversionistas.
El problema es cuando nadie pregunta de dónde viene el dinero.
Lo ocurrido con Municipal Liberia todavía deberá ser resuelto por los tribunales y corresponde respetar plenamente el principio de presunción de inocencia.
Pero independientemente del desenlace judicial, el episodio deja una lección que el fútbol costarricense no puede seguir ignorando.
La transparencia ya no es una opción.
Es una necesidad.
Y mientras más rápido lo entienda el fútbol nacional, mejor preparado estará para defender lo más importante que tiene: su credibilidad.
