Por primera vez en la historia, las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se llevarán a cabo en la Asamblea Legislativa. Pronto, veremos a los diputados del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN) defender con vehemencia la educación superior pública. Sin embargo, como en todo en la política, no están defendiendo un ideal noble o romantizado, sino los intereses de sus partidos. La realidad es que el FA y el PLN dependen de las universidades públicas para su supervivencia política, usándolas como fábricas de militantes para sus agendas partidarias.
Estas instituciones, especialmente la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), que curiosamente son las mejor financiadas, se han convertido en bastiones de la ideología de izquierda, promovida por estos partidos. Los estudiantes que se desvían de esta narrativa son rápidamente silenciados o etiquetados como “enemigos de la educación pública”. La intolerancia hacia el pensamiento crítico que se aparta del dogma establecido es alarmante, y todo esto es orquestado para mantener la hegemonía ideológica del PLN y FA. Cualquier pensamiento que se desvíe de este dogma es rápidamente tachado de fascista o simplemente descartado como algo irracional.
El PLN y el FA no solo defienden los intereses de las universidades, sino también de todo el sector público. Es ahí donde se encuentra su base militante y su electorado, sin los cuales no podrían sobrevivir. Por eso, vemos marchas, eslóganes y publicaciones en redes sociales que ensalzan las supuestas maravillas del sector público, invitando apoyar lo que les convenga. Pero la realidad es que toda la maquinaria política gira en torno al dinero, el dinero que se le quita a los contribuyentes costarricenses para llenar los bolsillos de los altos mandos del sector público con salarios exageradamente altos y abusivos. Si el pueblo costarricense decidiera eliminar estos privilegios, se encontraría con un muro de leyes y garantías sociales que lo impedirían.
Pero, hablemos con los datos que tanto buscan omitir, según datos oficiales de la UCR de julio 2024: los salarios de aquellos que perciben menos de 1 millón de colones mensuales representan una carga del 5.74% sobre el FEES total, y del 11.35% sobre el FEES para la UCR. Por otro lado, los salarios entre 1 y 2 millones de colones consumen el 11.52% del FEES total y un 22.78% sobre el FEES para la UCR. A medida que los salarios aumentan, este desbalance se hace aún más evidente. Aquellos con salarios entre 2 y 3 millones representan una carga del 8.26% sobre el FEES total y del 16.33% sobre el FEES para la UCR, mientras que los salarios entre 3 y 4 millones representan el 3.99% y el 7.89% respectivamente.
Finalmente, los salarios superiores a los 4 millones de colones, representan el 1.9% del personal (menos de 200 personas) y acumulan un monto total de más de 15 mil millones de colones. Estos suponen una carga del 2.71% sobre el FEES total y del 5.37% sobre el FEES para la UCR. La mayoría de los fondos se evaporan en gastos administrativos inflados y en salarios astronómicos para una cúpula de funcionarios que han convertido la educación pública en su feudo personal. Mientras tanto, los estudiantes, aquellos a quienes se supone que estos fondos deben beneficiar, nos enfrentamos a condiciones precarias y a un sistema que nos explota como peones en su guerra política.
Un ejemplo claro de despilfarro es el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, “desmintiendo” salarios de 10 millones de colones, argumentando que los más altos rondan los 8,3 millones. Rector: ¿no le da vergüenza? Lo más hipócrita es que muchos de los defensores de estos salarios de lujo son los mismos socialistas que consideran que “la riqueza se debe redistribuir”. Pero en estos casos, convenientemente, no aplican su propio dogma, demostrando así la ideología selectiva que caracteriza a estos vividores del aparato estatal.
Lo peor de esta situación es que se supone que las universidades públicas son una puerta de acceso a la educación superior para muchos estudiantes provenientes de zonas lejanas o de situaciones económicas difíciles. Estos jóvenes, con el derecho de estudiar y salir adelante, son los más perjudicados por la ineficiencia en la gestión del FEES. En lugar de recibir el apoyo que necesitan, se enfrentan a recursos insuficientes, infraestructuras deterioradas y una administración que parece más interesada en la política que en el bienestar estudiantil.
Es hora de exigir que las universidades públicas rindan cuentas y sean transparentes con el uso del FEES. No podemos seguir permitiendo que estas instituciones se escuden detrás de la autonomía universitaria para justificar su falta de rendición de cuentas y su mal manejo de los recursos. La autonomía universitaria debería servir para proteger a las universidades de la interferencia política, no para ser utilizada como una cortina de humo que oculta la corrupción y el despilfarro.
Como estudiante, quiero dejar claro que NO estoy en contra del FEES en sí mismo; creo firmemente en la importancia de financiar adecuadamente la educación superior. El problema no es la cantidad de dinero, sino cómo se utiliza. La problemática es estructural: el sistema está diseñado para mantener el statu quo, para asegurar que los mismos actores sigan beneficiándose a expensas de los contribuyentes y los estudiantes. Por eso, en lugar de promover una educación verdaderamente inclusiva y accesible, se centran en proteger sus intereses económicos y políticos. Quienes más defienden el actual sistema (los movimientos estudiantiles y los sindicatos universitarios), lo hacen en nombre de una ficticia “justicia social”.
Mientras los altos mandos disfrutan de salarios desproporcionados, a los estudiantes nos dejan migajas y se nos exige lealtad incondicional, a un sistema que nos ve como herramientas desechables. Es momento de poner fin a este ciclo vicioso. La autonomía universitaria no debe ser una excusa para la opacidad y el abuso. El FEES debe ser para los estudiantes, no para seguir alimentando el semillero silencioso de la militancia partidaria que mantienen los partidos Liberación Nacional y Frente Amplio.
