Reingeniería para devolverlo al ciudadano
Costa Rica no necesita otro diagnóstico solemne sobre la reforma del Estado. Necesita planos de ingeniería, responsables con nombre y apellido, plazos verificables y la voluntad política de tocar estructuras que llevan décadas protegiéndose a sí mismas. El problema ya no es saber que el aparato público está fragmentado. El problema es que seguimos financiando su inercia como si fuera una política pública.
El Presupuesto de la República para 2026 asciende a ₡12,8 billones. Cerca del 42,3 % se destina al servicio de la deuda, el 27,2 % a transferencias corrientes y de capital, y el 23,9 % a remuneraciones. El Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa estimó que el 93,1 % corresponde a destinos constitucionales, legales u obligaciones ineludibles. Dicho sin anestesia, de cada cien colones apenas siete admiten una decisión relativamente discrecional. Por eso el machete del recorte lineal rebota contra la Constitución, la ley y los contratos. La tijera es un pobre sustituto del bisturí y del plano.
La planilla tampoco admite simplismos. La Contraloría General calculó que el sector público presupuestó ₡6,66 billones en remuneraciones para 2024, equivalentes al 21,9 % de su presupuesto total. Ese dato no demuestra que todo salario sea exceso. Médicos, docentes, policías, técnicos y muchos otros servidores públicos sostienen servicios indispensables. Demuestra algo más incómodo. Un gasto de esa magnitud obliga a saber qué resultado compra cada colón. La discusión seria no consiste en contar cabezas, sino en medir valor público.
Mideplan mantiene una base única de órganos públicos y un organigrama actualizado a mayo de 2026. Es un avance útil, aunque todavía insuficiente. El mapa jurídico dice quién existe, pero no revela quién repite tareas, cuánto cuesta cada proceso, dónde se atasca un expediente ni cuántas veces el ciudadano entrega el mismo documento. Saber cuántas instituciones hay no equivale a comprender cómo funciona el Estado. El organigrama es la anatomía. Faltan la circulación, los reflejos y, en algunos casos, las señales vitales.
La fragmentación aparece allí donde el ciudadano más necesita coordinación. El informe de la Contraloría Protección social con apoyo de entidades privadas, publicado en 2026, identificó transferencias de trece instituciones públicas a 313 entidades privadas para atender seis finalidades. Esa cifra no prueba por sí sola despilfarro, pero sí exhibe el costo de articular múltiples fuentes, controles, registros y responsables sobre poblaciones vulnerables. En vialidad, vivienda y asistencia social se repite la misma enfermedad institucional. Rectorías débiles, competencias repartidas, bases de datos que no conversan y oficinas que administran su parcela mientras el usuario peregrina entre ventanillas. El ciudadano termina convertido en mensajero gratuito de un Estado que no sabe hablar consigo mismo.
En Desarrollo y libertad, Amartya Sen concibió el desarrollo como la expansión de las libertades reales de las personas. Aplicada a la administración pública, esa idea invierte la lógica burocrática. El Estado no existe para sostener el organigrama ni para garantizar la supervivencia de cada oficina. Existe para ampliar capacidades, resolver necesidades colectivas y hacer posible una vida más digna. Una institución se justifica por el valor que entrega a la sociedad, no por la nómina que ha conseguido consolidar.
De allí debe partir la reforma. Cada institución, programa y órgano desconcentrado tendría que declarar públicamente qué problema resuelve, qué producto o servicio entrega, quién lo recibe, qué resultado consigue y cuánto cuesta por unidad. La respuesta debe apoyarse en datos comparables, no en memorias de labores llenas de reuniones, oficios y actividades. Reunirse no es un resultado. Tramitar tampoco. La institución que no pueda demostrar su aporte requiere intervención, rediseño, fusión o cierre. Ninguna debería conservar presupuesto por mera costumbre hereditaria.
Durante los primeros cien días de la reforma, Mideplan debe dirigir un mapeo nacional de procesos y cadenas de valor. Hacienda aportaría el costo total y unitario. La Dirección General de Servicio Civil identificaría puestos, competencias y vacantes. Las instituciones entregarían tiempos de respuesta, inventarios de trámites, cargas de trabajo y resultados. La Contraloría fiscalizaría la calidad del método y de la evidencia sin asumir funciones de administración activa. El producto sería un Mapa Nacional de Valor Público, abierto y consultable, con mandato legal, usuarios, presupuesto, personal, tiempos, rezagos e indicadores de satisfacción para cada servicio.
Entre el cuarto y el duodécimo mes vendría el rediseño sectorial. Cada cadena de valor debe tener una rectoría inequívoca, un registro interoperable de usuarios, servicios administrativos compartidos y un solo sistema de seguimiento. Las fusiones no deberían aprobarse mediante una ley monstruosa que termine empantanada en la Sala Constitucional. Conviene presentar proyectos sectoriales, técnicamente delimitados, para vialidad, vivienda, protección social y los demás conglomerados críticos. Cada iniciativa debe señalar qué funciones se integran, qué norma se deroga, qué ahorro se espera, cómo se protege la continuidad del servicio y qué ocurrirá con el personal.
También hace falta una regla de caducidad. Todo programa u órgano nuevo debería nacer con una evaluación obligatoria a los cinco años. Si no demuestra resultados, expira o se rediseña. Además, crear una estructura permanente tendría que exigir la eliminación o fusión de otra de costo equivalente. El Estado costarricense ha practicado durante décadas la suma sin resta. El resultado está a la vista. Capas geológicas de burocracia, cada una defendida como si el interés nacional dependiera de su sello y su membrete.
La tercera tarea es digitalizar de verdad. La OCDE informó en 2026 que Costa Rica obtuvo 0,45 en su Índice de Gobierno Digital, lejos del promedio de 0,70. En la dimensión de gobierno como plataforma alcanzó 0,38 frente a un promedio de 0,71. Digitalizar un formulario para que el ciudadano lo imprima, firme, escanee y vuelva a subir no es transformación. Es maquillaje electrónico sobre el mismo trámite.
La arquitectura correcta descansa en identidad digital de uso general, pagos integrados, intercambio seguro de datos, expedientes interoperables y el principio de entregar la información una sola vez. Estonia procesa mediante X-Road unos 2.200 millones de transacciones al año y estima un ahorro equivalente a más de 1.345 años de trabajo cada año. Costa Rica no necesita copiar un país distinto al nuestro. Necesita aprender la lección esencial. La tecnología rinde cuando elimina pasos, requisitos y validaciones manuales, no cuando se limita a ponerles una pantalla.
Cada proyecto digital debería estar obligado a suprimir al menos un requisito, una etapa y una captura manual de información. Si no lo hace, solo informatiza el ritual. La automatización debe conducir a la extinción de funciones obsoletas, aunque no a despidos masivos e improvisados. La transición exige movilidad interna, capacitación, congelamiento selectivo de vacantes, retiro voluntario y reasignación hacia servicios deficitarios. El país no necesita menos médicos, policías o docentes. Necesita menos personas atrapadas en tareas que una plataforma puede resolver en segundos.
Las universidades públicas tampoco pueden recibir bula técnica. El FEES de 2026 asciende a ₡593.484 millones. En una sesión del Consejo Universitario de la UCR celebrada en setiembre de 2025 se presentaron datos de OPLAU basados en el sistema presupuestario de la Contraloría. Las remuneraciones equivalían aproximadamente al 72 % del FEES institucional de la UCR, al 77 % en la UNA y a cerca del 90 % en el TEC y la UTN. En la UNED superaban el FEES institucional y requerían otros fondos del sistema para completar su financiamiento. El propio Consejo Universitario calificó esa situación como una señal de alarma.
Nada de eso autoriza a devaluar la educación superior ni a desconocer su autonomía. Obliga a medir mejor. Costo por graduado, tiempo efectivo de graduación, pertinencia de la oferta, inserción laboral, cobertura regional, impacto de la investigación y peso de la administración sobre las funciones sustantivas. La autonomía protege la libertad académica. No concede inmunidad frente a la transparencia, la eficiencia ni el deber de rendir cuentas.
La misma báscula debe alcanzar a los poderes de la República y a los órganos constitucionales, con pleno respeto de sus competencias. En el Poder Judicial importan el costo y la duración por tipo de proceso, la mora y la tasa de resolución efectiva. En la Asamblea Legislativa importan la calidad normativa, el tiempo de tramitación y el control político útil. En la Defensoría de los Habitantes importan las soluciones obtenidas y el cumplimiento de sus recomendaciones, no el volumen de informes producidos. Nadie pierde independencia por demostrar resultados. Lo que pierde es la cómoda posibilidad de confundir actividad con desempeño.
Para ejecutar todo esto se necesita una Unidad de Ejecución de la Reforma adscrita a la Presidencia y conducida técnicamente por Mideplan. Su horizonte debe ser de veinticuatro meses, con metas trimestrales publicadas en un tablero ciudadano. Cada proyecto de ley tendría que incorporar una línea base, una meta, un plazo, un responsable, el efecto presupuestario y un plan de transición laboral. Los ahorros comprobados deberían destinarse, dentro del marco legal, a reducir deuda y fortalecer servicios prioritarios. Si el dinero desaparece en el océano presupuestario, la ciudadanía no verá el beneficio y la reforma perderá legitimidad.
El Gobierno de Laura Fernández cuenta con 31 diputados y una mayoría que ningún oficialismo había disfrutado en décadas. No alcanza para cambiar por sí solo toda norma constitucional, pero sí para aprobar legislación ordinaria, ordenar prioridades presupuestarias y conducir una agenda coherente. Esa mayoría no es un adorno parlamentario. Es una oportunidad histórica y, por lo mismo, una responsabilidad difícil de eludir.
Costa Rica no necesita un Estado pequeño por dogma ni uno grande por nostalgia. Necesita un Estado proporcional, inteligente y ferozmente orientado a resultados. Uno que proteja a quien lo necesita, premie al funcionario competente y deje de cobrarle al ciudadano el costo de sus descoordinaciones. Reformar no es debilitar lo público. Es rescatarlo de quienes han confundido la institución con la plaza y el servicio con la rutina.
El país no soporta otra obertura solemne que termine en el pianísimo de una comisión. La partitura ya existe y la mayoría parlamentaria también. Falta la batuta. Si esta administración mide, fusiona, digitaliza y clausura lo inútil, no habrá reducido al Estado. Lo habrá devuelto a su dueño. Entonces la reforma dejará de ser promesa y entrará, por fin, en fortísimo. No para que retumbe la burocracia, sino para que se escuche al ciudadano.
