El lunes anterior, iniciamos la semana de manera trágica: dos personas fallecidas, un niño inocente gravemente herido y menores de edad y adultos ajenos al problema, sumamente afectados por el impactante evento. Lo sucedido en el centro educativo en Escazú sorprende no solo por lo aparatoso y dramático de la escena, sino porque cuestiona el estereotipo que en general se tiene acerca de la seguridad que se espera en ciertos lugares del país.
Hace unas semanas me referí al tema de la directriz que el Poder Ejecutivo emitió acerca del impedimento que tienen las empresas de seguridad privada, de poseer armas. Según esta disposición, para poder otorgarle a los agentes un arma, se debe hacer un estudio de peligrosidad del lugar en que se está ofreciendo el servicio de seguridad privada. Es decir, que si el estudio arroja que el sitio a proteger es de baja peligrosidad, el agente de seguridad debe ir desarmado y, por ende, solo tendrá arma si el estudio indica que el lugar resulta peligroso.
El mejor ejemplo de lo absurdo que puede resultar esta medida, es lo acontecido el lunes en Escazú; se trata de un lugar “seguro”, de un nivel económico alto, en donde se encuentra un centro educativo privado, a una hora temprana del día, en donde el nivel de vehículos que pasa es relativamente alto por tratarse de una “hora pico”, la víctima resulta ser una persona que va a dejar a su hija pequeña al centro educativo, entre otros.
Con esto quiero indicar que la probabilidad de que cualquier estudio de peligrosidad que se hubiese indicado que la escena del crimen del lunes, era completamente segura. Por ende, a los agentes de seguridad privada que custodiaran el centro educativo, las casas aledañas o cualquier negocio cercano como mini súper o pulperías, se les hubiese negado la posibilidad de tener armas para cumplir su trabajo.
Para agregar elementos a un peor escenario, las autoridades han externado en medios de comunicación, que la responsabilidad es de otros pero no propia porque los antecedentes de las víctimas fallecidas eran hartamente conocidos por ellas. Me preocupa esta actitud, sobre todo por dos factores; el primero, porque buscan responsables fuera de sus límites en lugar de revisar el actuar interno y, el segundo, porque limitan gravemente la posibilidad que tenemos los ciudadanos de optar por seguridad privada, al desarmarlos a partir de criterios completamente subjetivos.
Las autoridades de nuestro país deben comprender que en el tema de seguridad ciudadana, las alianzas público-privadas son vitales. ¿Qué vamos a hacer con un Ministerio de Seguridad que sostiene que no tiene recursos y que no tiene capacidad, pero que sí desarma las empresas de seguridad privada? Empresa privada y gobierno deben trabajar conjuntamente.
Lo que sucedió el lunes resulta penoso para la imagen de nuestro país y angustiante para los educadores, alumnos y padres de familia que confiadamente, dejan a sus niños en lugares que creen estarán seguros, mientras son educados y formados. Tenemos que entender que en cualquier lugar del país, en cualquier centro educativo público o privado, en cualquier centro hospitalario público o privado, en cualquier residencial o barrio, en el centro de trabajo, en la calle, en el parque o en nuestras propias casas, pueden darse este tipo de acontecimientos y lo peor que se puede hacer es quitar elementos de protección a la ciudadanía.
Estoy de acuerdo con los controles necesarios para el uso responsable de las armas, pero debemos recordar que a los responsables de estos hechos antisociales de ataque contra la humanidad de otros, no les interesa someterse a ninguna autoridad ni respetar ninguna norma.
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