Estimado amigo lector…juzguen ustedes!
Aquí hay trama encerrada hacia el enfoque de lo que es y lo que quieren vender algunos medios nacionales periodísticos con base a solicitud personal planteada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
–(Semanario Universidad): “Exdiputado intentó obligar al TSE a darle datos privados de consultas de periodistas”.
–(CRhoy): “Ex diputado pidió al TSE nombres de periodistas que consultan sobre financiamiento electoral”.
–No puede quedar en exclusión el medio (La Nación) que en página entera con foto incluida a todo color dice: “TSE protege secreto profesional de periodistas al rechazar recurso de exdiputado Dragos Dolanescu”.
Sus titulares quieren dar a entender que mi fin único era tener la información del nombre de los periodistas que accedieron a la información procedente del Departamento de Financiamiento a Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones, con el objetivo de “buscar represalias contra estos profesionales.” Si hubiera querido tener represalias contra estos periodistas, llevan años que en el momento que salieron notas periodísticas contra mi persona tendenciosas, y podrán preguntar a dichos periodistas si alguna vez, los he perseguido, los he maltratado o cualquier forma negativa o peyorativa a nivel personal contra ellos de parte de mi persona.
Con toda confianza puedo afirmar que nunca he amenazado a nadie y ningún periodista podrá jamás decir que lo he amenazado, o que he buscado represalias de ninguna índole en contra de un representante de ningún medio de información escrita o digital. Siempre he tenido presente la importancia del buen periodismo; un periodismo justo y equilibrado y que siempre busca transmitir la verdad como fin máximo.
Sin embargo, para nadie es un secreto que existen medios que se prestan al juego político y utilizan su vitrina y su contenido como un vehículo para articular vendetas de ciertos actores. Puedo imaginar que, en ocasiones, los mismos periodistas tienen que aceptar estas dinámicas, porque finalmente están sujetos a una relación ordinaria laboral de subordinación y a una línea editorial que deben respetar, so pena de perder su fuente de ingresos. A estos reporteros no les queda más que publicar “lo que vende” con el fin de perpetuar este perverso juego político, en muchas ocasiones.
Aquí he manifestado mi aprecio por la labor fundamental de la prensa, aunque, por supuesto, que no soy del agrado de ciertos medios de información. A estas organizaciones les quiero aclarar que mi fin de consulta es el de corroborar la correlación en las actuaciones de ciertos funcionarios públicos encargados de brindar información de carácter púbico y de interés para la ciudadanía en esta esencial materia de financiamiento partidario.
Este marcado interés no es gratuito. Desgraciadamente mi imagen, honor y buen nombre han sido pisoteados con informaciones tendenciosas, falaces y mal intencionadas que han sido ventiladas en la prensa nacional a partir de datos sensibles, sometidos al principio de confidencialidad por estar en curso investigaciones y que han sido divulgadas en forma ilegítima por funcionarios públicos inescrupulosos y corruptos que están llamados a resguardar estos datos.
Esto no lo digo yo, lo valida dos investigaciones abiertas en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Una, con el número único 22-000210-276-PE, seguida contra personas que no son miembros de los supremos poderes, y la segunda, bajo el expediente 22-000116-1218-PE, que corresponde a un testimonio de piezas del primero, y es contra miembros de los supremos poderes y se tramita en la Fiscalía General de la República.
En mi vida pública, me he sentido vulnerado por información divulgada que yo ni sabía que existía y que dañó mi buen nombre.
Resulta extraño y preocupante que apenas se había interpuesto una denuncia en el citado Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, algunos medios de comunicación informaban sobre la denuncia haciendo alusión a datos sensibles de la investigación. Pongo como ejemplo el caso de la denuncia de corrupción por una situación con vallas publicitarias que generaron sendos titulares en un periódico de circulación nacional. Versa el titular: “Partido Republicano Social Cristiano denunciado por estafa multimillonario con vallas”. Después de varios años de acusaciones continuas y recordando la mencionada estafa, el DFPP envió una investigación de más de 600 páginas a la fiscalía y esta fue desestimada luego del análisis respectivo por parte del Ministerio Público.
Estimado lector, ¿saben cuántas vallas eran las que se estaban cuestionando? Dos vallas publicitarias: ¡¡¡una en Coronado y otra en Goicoechea!!! Se me acusó a mí, como presidente en aquel entonces de ese partido político, de ser el único autor de dicha estafa!!
No quiero darle espacio y publicidad a las personas que mancillaron mi honor durante ese proceso; no quiero mencionar cómo se me acusó innecesariamente. Pero sí quiero recalcar los dos años de investigación y la cantidad de gente que tuvo que trabajar en ese proceso que finalmente fue archivado.
Quiero poner el dedo en el renglón donde se especifica la cantidad de recursos del Estado gastados por investigar el caso de “dos vallas publicitarias” que finalmente fue desestimada y en la cual se afectaron, gratuitamente y en forma dolosa, el buen nombre de ciudadanos de la República que, por el actuar ilegal de funcionarios públicos que divulgaron datos sensibles, sujetos al secreto del sumario.
Otra situación igualmente lamentable aconteció poco antes de aprobarse la Comisión de Estafas del PAC en el período legislativo 2018-2022 y que develó una cantidad inmensa de verdaderas “barbaridades” que cometió ese partido político, de ingrato recuerdo.
Me encuentro nuevamente con otro titular que dice “Diputado Dolanescu investigado por la Fiscalía de Narcotráfico”.
Existen formas efectivas de destruir vidas políticas. Una es con escándalos de índole sexual y otra, con un ligamen en actividades de narcotráfico. Sabiendo que existe una denuncia en mi contra, inmediatamente me presento a la Fiscalía General de la República a ponerme a disposición de las autoridades. Descubro que la Fiscala General del momento, mandó a reabrir una investigación, no en mi contra, sino contra un familiar político el cual estaba siendo investigado por ahí del 2009 por la Fiscalía de Delitos Económicos por no pagar impuestos de unos licores. La causa ya había sido investigada y cerrada sin que pasara a más. Pero como aparecía mi nombre como familiar, se mandó a abrir la investigación sin ninguna prueba nueva. Curiosamente, se envía a la Fiscalía de Narcotráfico. Claro, porque ahí suena más denigrante!
Igual que ha sucedido con todas las causas que me abrieron en el tiempo que tuve el honor de trabajar como diputado de la República, ésta fue sobreseída.
El mismo destino tuvo la acusación cuando el presidente Carlos Alvarado me demandó por supuestamente tener información del expediente sobre el caso UPAD y las claves de acceso a sus teléfonos. Recordemos que el presidente Alvarado decía que se le había olvidado la contraseña para poder abrirlas. Y resultó que le dije que si esa clave no sería 1,2,3,4,5,6, una de las claves más obvias e inseguras del planeta.
La pregunta no era si yo tenía información del expediente, sino cómo era posible que tuviéramos un gobernante que guardara los secretos del Estado Costarricense con semejante contraseña.
Y regresando a nuestros quehaceres y debido a que ninguno de los medios que han informado sobre mi supuesta intención de obligar al TSE de vulnerar la libertad de prensa o el secreto de sus fuentes, se han tomado la molestia para realizar una llamada telefónica y cuestionarme sobre Cuál es mi motivo de mi consulta?, aquí se los dejo plasmado de manera totalmente transparente.
No pienso solicitar Derechos de Respuesta, porque siempre su tramitología acaba en que tengo que presentarme ante la Sala IV para hacer valer mis derechos y la verdad es que cada vez existe menos personas que leen dichos medios de información.
Estimados lectores, tengan claro los siguientes datos:
a) Los nombres de los periodistas que requirieron información sobre temas relacionados con el financiamiento partidario ya habían sido entregados al suscrito por medio del jefe de ese despacho.
b) La información requerida a la Dirección de Estrategia y Gestión Política institucional del TSE tenía como fin corroborar la información brindada originalmente por la jefatura del DFPP.
c) La información recabada por cualquier periodista ante el TSE o ante cualquier institución del Estado debe ser información de carácter público, de manera que no existe ninguna afectación al ejercicio periodístico, a la libertad de prensa o a la confidencialidad de las fuentes, por consultar cuáles son los nombres de los periodistas que requirieron información sobre el financiamiento partidario en el TSE.
d) Ningún derecho fundamental es absoluto, todos tienen que ser referenciados con los otros derechos esenciales que les afectan o les resultan aplicables.
e) Ningún funcionario público tiene permitido divulgar información sensible o confidencial. Hacerlo constituye un delito penado por la ley (artículos 203 y 346 del Código Penal).
Mi buen nombre no se ventila de la forma tan vil como lo quieren dar a conocer estos medios. Merecen ustedes y yo, el respeto debido y la veracidad de los hechos y el fin primordial de mi búsqueda de respuestas transparentes.
¡Como buen ciudadano es lo mínimo que merezco!
