Cada vez que una carretera presenta daños severos, normalmente la discusión se centra alrededor del mismo punto: cuánto costará repararla, quién falló o por qué no se intervino antes. Sin embargo, muchas veces se deja de lado algo fundamental: el deterioro vial rara vez aparece de un día para otro.
En infraestructura, los activos se deterioran progresivamente, día tras día, mientras se siguen postergando decisiones, se fragmentan las intervenciones y se termina reaccionando tarde en lugar de realizar una adecuada conservación de manera estratégica.
Ese comportamiento no debería tomarse a la ligera. Desde la gestión de activos existe suficiente evidencia técnica que demuestra que intervenir un pavimento en etapas tempranas cuesta significativamente menos que reconstruirlo cuando el deterioro ya alcanzó niveles severos. El problema es que esas intervenciones preventivas suelen ser menos visibles políticamente que una rehabilitación completa o una obra nueva.
Ahí empieza a hacerse visible uno de los principales problemas de fondo: el modelo actual genera más incentivos para inaugurar proyectos nuevos que para conservar oportunamente el valor de la infraestructura existente.
El resultado es predecible. Muchas veces las intervenciones llegan tarde, cuando el deterioro ya avanzó significativamente y las soluciones requieren inversiones mucho mayores que las que habrían sido necesarias años antes.
Costa Rica ha convivido durante décadas con ciclos de mantenimiento reactivo, discontinuidades contractuales y periodos prolongados sin conservación sostenida. Por eso resulta relevante que nuevamente se estén impulsando esquemas de conservación vial con mayor continuidad operativa y horizontes de intervención más amplios.
Estos esquemas buscan reducir la fragmentación y dar mayor continuidad a las intervenciones. Sin embargo, los cuestionamientos, apelaciones y anulaciones recientes también reflejan las dificultades que el país sigue enfrentando para sostener procesos de contratación técnicamente sólidos y estables en el tiempo.
Eso deja ver otra realidad recurrente: la dificultad de equilibrar velocidad de ejecución, control institucional, competencia y solidez técnica dentro de los procesos de contratación.
Ese equilibrio no es sencillo. Procesos excesivamente lentos pueden aumentar el deterioro acumulado de la red. Pero procesos débiles o mal estructurados también pueden generar riesgos importantes en fiscalización, calidad de ejecución o asignación contractual.
Por eso, el verdadero desafío probablemente no sea únicamente cuánto invertir en conservación vial, sino cómo lograr que las decisiones de planificación, contratación e intervención ocurran antes de que el deterioro termine multiplicando los costos técnicos, económicos y sociales.
En infraestructura, muchas veces el deterioro no empieza en el pavimento, sino en la forma en que se postergan las decisiones.
Las opiniones expresadas en este artículo son a título personal y no reflejan la posición de ninguna institución.
