No hubo épica legislativa ni despedida republicana. Hubo sillas vacías, cálculo pequeño y el retrato final de una legislatura que confundió protagonismo con grandeza.
Guy Debord escribió que el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediada por imágenes. La frase parece escrita para ciertas democracias fatigadas, donde la política deja de ser deliberación pública y se convierte en escenografía, gesto, pose, cámara encendida y frase calculada para el aplauso de una tribu.
La Asamblea Legislativa 2022-2026 terminó exactamente así, como espectáculo agotado. No cerró con solemnidad republicana, ni con una despedida digna, ni con una mínima conciencia del mandato recibido. Cerró sin quórum. Es decir, con el símbolo perfecto de una legislatura que habló mucho de responsabilidad, pero que al final ni siquiera pudo reunir la presencia necesaria para clausurar decorosamente su propio período.
El llamado “Circo de Moras” no necesitó caricaturista. Se retrató solo.
Durante cuatro años, buena parte de esa Asamblea confundió la oposición democrática con una operación sistemática de bloqueo. No ejerció una oposición doctrinaria, madura o programática. Ejerció, demasiadas veces, una oposición negativa, obstruccionista, calculada para erosionar al Poder Ejecutivo, deslegitimar al presidente Rodrigo Chaves y cerrar el paso a la continuidad de su proyecto político. No se trató de construir una alternativa superior, sino de impedir que el adversario respirara. No fue grandeza republicana. Fue cálculo de supervivencia.
La oposición es indispensable en democracia. Pero cuando se reduce a negar, bloquear, teatralizar y sabotear, deja de ser contrapeso y se vuelve lastre. Un Parlamento serio controla al Gobierno, pero no paraliza al país por resentimiento político. Fiscaliza, pero no lincha. Investiga, pero no humilla. Debate, pero no convierte cada sesión en una tarima de vanidad personal.
Ese fue uno de los grandes vicios de esta legislatura. El control político, herramienta legítima y necesaria en cualquier democracia constitucional, fue usado con frecuencia como instrumento de desgaste, presión y escarnio. Las comisiones investigadoras, que deberían servir para esclarecer hechos con método, prudencia y respeto institucional, fueron convertidas muchas veces en salones inquisitoriales. Algunos diputados y diputadas parecían menos interesados en encontrar la verdad que en exhibir poder, imponer tono, maltratar convocados y producir titulares.
Eso no es control político. Eso es abuso con membrete parlamentario.
La llamada “comisionitis” fue una de las patologías más visibles del período. Comisiones para todo, cámaras para todo, gestos dramáticos para todo, pero resultados sustantivos escasos. Se convocaba, se interrogaba, se insinuaba, se teatralizaba y luego el país quedaba igual o peor. La República no necesita inquisidores de ocasión. Necesita legisladores con método, formación, respeto por el debido proceso y sentido de responsabilidad pública.
A ello se sumó una falta evidente de liderazgo desde el Directorio Legislativo. Conducir un Parlamento no consiste únicamente en abrir sesiones, repartir la palabra y administrar formalidades. Conducir un Parlamento exige ordenar prioridades nacionales, moderar excesos, imponer estándares de respeto, defender la institucionalidad y evitar que la Asamblea se convierta en un mercado de intereses menores. Cuando el Directorio permite que el Plenario derive hacia la chabacanería, cuando tolera la degradación del debate, cuando administra acuerdos que benefician circuitos de conveniencia o adeptos políticos, deja de ser conducción institucional y pasa a ser administración de una finca partidaria.
Y ahí está una de las heridas más profundas. La Asamblea no solo falló en su relación con el Ejecutivo. Falló ante el pueblo que la eligió. Cada curul pertenece, en última instancia, al ciudadano. Ningún diputado es propietario de su asiento. Es apenas depositario temporal de una confianza pública. Cuando esa confianza se usa para intrigas, bloqueos, componendas, venganzas políticas o repartos internos, lo que se traiciona no es a un presidente. Se traiciona al elector.
La chabacanería tampoco fue un asunto menor. El lenguaje político revela el nivel de una institución. Cuando el debate público se llena de desplantes, frases vulgares, burlas, interrupciones y gestos de cantina, no estamos ante espontaneidad democrática. Estamos ante deterioro institucional. El Parlamento no tiene que ser un monasterio, pero tampoco puede comportarse como una barra brava con presupuesto público.
Costa Rica necesitaba una Asamblea capaz de discutir con altura los grandes temas nacionales (seguridad, infraestructura, empleo, educación, salud pública, modernización del Estado, competitividad, pobreza, crimen organizado y crisis de confianza institucional). En lugar de eso, demasiadas veces recibió gritos, cálculos, comisiones de espectáculo, alianzas sin doctrina y una oposición más preocupada por derrotar políticamente al Gobierno que por ofrecerle soluciones al país.
Ese es el problema de fondo. La legislatura 2022-2026 no debe medirse solo por la cantidad de leyes aprobadas. La producción normativa puede llenar informes, pero no necesariamente construye Estado. Una Asamblea puede aprobar proyectos y, al mismo tiempo, empobrecer la cultura democrática. Puede producir expedientes y destruir confianza. Puede llenar actas y vaciar de dignidad la representación popular.
La política exige carácter, estudio y sentido histórico. No basta con ocupar una curul. Hay que estar a la altura de ella. Y esta Asamblea, en demasiados momentos, no lo estuvo.
El “Circo de Moras” cerró sin quórum. Era, en rigor, el desenlace lógico. Cuando una Asamblea se construye, durante cuatro años, sobre la negación sistemática del Ejecutivo, sobre la inquisición disfrazada de fiscalización, sobre el bloqueo elevado a doctrina y sobre el espectáculo convertido en política, su cierre natural no es la solemnidad republicana. Es el silencio.
Los datos confirman lo que el país ya intuía. Más de 600 leyes aprobadas en el cuatrienio (681 al 16 de abril, según el recuento legislativo), pero buena parte fueron lo que los propios analistas calificaron, sin pudor, como “proyectos chayote”: desafectaciones de terrenos, declaratorias simbólicas, días nacionales para casi todo, hasta el colibrí elevado a símbolo de la fauna nacional y el Día Nacional de la Empresa Privada. Mientras tanto, los expedientes estructurales que Costa Rica necesitaba quedaron tirados en alguna comisión: jornadas laborales 4×3, armonización del sistema eléctrico, alianzas público-privadas, protección de datos personales, regulación minera en Crucitas y el financiamiento del Tren Rápido de Pasajeros. La cosecha más reveladora de esta Asamblea no son las leyes que aprobó. Son las que decidió no votar.
Y esa fue, precisamente, la marca de la casa. Una Asamblea que invirtió más energía en obstaculizar al gobierno que en gobernar, más recursos en comisiones de espectáculo que en debates de fondo, más tiempo en producir titulares que en construir transformaciones. Un Directorio Legislativo que confundió la conducción institucional con la administración partidaria, y que prefirió el pulso permanente con Casa Presidencial antes que la responsabilidad de ordenar la agenda nacional. Un Plenario donde la fiscalización se convirtió en linchamiento, el control político en humillación y la oposición en sabotaje sistemático.
No fue una Asamblea débil. Fue una Asamblea estéril. Estéril en visión, estéril en estadistas, estéril en sentido de Estado. Mucho ruido, muchas cámaras, muchas tarimas. Poca República.
El cierre sin quórum no es entonces un accidente administrativo. Es el epitafio merecido. La imagen exacta de cuatro años en los que el Plenario quiso ser todo (tribunal, palco, sala de prensa, club partidario) menos lo único que la Constitución le exige ser: un órgano deliberativo al servicio del país. Cuando la curul se ocupa sin habitarse, cuando el control político se confunde con la inquisición, cuando la oposición se reduce al bloqueo y el liderazgo del Directorio se entrega a la chabacanería, lo que llega al final no es grandeza republicana. Es vacío.
La República paga por deliberación. Recibió pantomima. Paga por fiscalización. Recibió escarnio. Paga por leyes. Recibió chayotes y expedientes enterrados. Paga por representación. Recibió cuatro años de obra mediocre y, como remate, sillas vacías el día más importante.
Cuando se apagaron las luces, no quedó grandeza republicana. Quedó la radiografía exacta del cuatrienio: cincuenta y siete actores que confundieron la curul con un set, el control político con un espectáculo, la deliberación con la inquisición y, llegado el momento decisivo, la dignidad con la huida.
El país eligió representantes. Recibió actores de reparto en una obra mediocre. Que el 1 de mayo, al instalarse la nueva legislatura, alguien se atreva al menos a recordarles que la curul puede ocuparse sin habitarse, y que el silencio del 28 de abril fue, antes que un epitafio, la confesión de cuatro años.