En la actualidad, resulta insostenible hablar de desarrollo sin garantizar el acceso equitativo y sostenible al recurso hídrico. El agua no solo es un componente esencial para la vida, sino también un factor estructural del crecimiento económico, del ordenamiento territorial, de la competitividad productiva y de la cohesión social. En este sentido, la situación que atraviesa la región del Pacífico Central de Costa Rica debe ser comprendida como una emergencia regional que compromete todas las dimensiones del desarrollo humano y territorial.
La carencia de agua en esta zona no puede seguir siendo abordada desde una perspectiva meramente operativa. Se trata de una crisis estructural de gobernanza hídrica, con profundas implicaciones sociales, económicas y ambientales.
La imposibilidad de aprobar nuevos proyectos habitacionales, la paralización de inversiones privadas, la imposibilidad de tramitar segregaciones de propiedad y el estancamiento de la infraestructura básica son síntomas de una realidad más profunda: sin agua, simplemente, no hay desarrollo de ningún tipo.
Este escenario no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino que limita la capacidad del Estado y del sector privado para impulsar nuevas dinámicas productivas. Cualquier plan estratégico para atraer empresas, fomentar el turismo o consolidar encadenamientos locales en el Pacífico Central se vuelve inviable si no se garantiza la disponibilidad y distribución eficiente del recurso hídrico. En consecuencia, la falta de agua perpetúa las ya alarmantes tasas de desempleo, pobreza y exclusión que caracterizan a la región.
Desde el punto de vista institucional, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), como ente rector del recurso hídrico, enfrenta un rezago considerable en términos de planificación, inversión y gestión interinstitucional. Su limitada capacidad de respuesta ha generado una percepción ciudadana negativa, además de afectar la ejecución de soluciones técnicas que podrían haberse implementado con antelación. Esta debilidad institucional se agrava cuando se considera la situación de las ASADAS, asociaciones comunales que, aunque fundamentales para el abastecimiento en zonas rurales y periurbanas, operan muchas veces con poca capacitación técnica y sin una supervisión estatal efectiva. El hecho de que menos de una decena de funcionarios del AyA estén a cargo de supervisar a más de mil ASADAS en todo el país evidencia una falla crítica en la estructura de apoyo y acompañamiento.
El país requiere urgentemente una política de Estado en materia de agua, con una visión de largo plazo, enfoque territorial y participación de múltiples actores. Esta política debe considerar el impacto del cambio climático, la presión demográfica, la diversificación productiva y la equidad en el acceso. Pero más allá del diseño de planes estratégicos, lo que se necesita es voluntad política y acción coordinada.
Ante la gravedad del contexto, se impone declarar la situación del agua en el Pacífico Central como una emergencia de carácter estructural. Esto permitiría no solo movilizar recursos, sino activar mecanismos extraordinarios de gobernanza, priorización de proyectos y atención institucional.
La seguridad hídrica debe ser un eje transversal del desarrollo nacional, y no una variable secundaria sujeta a coyunturas.
En definitiva, el agua no puede ser gestionada con improvisación ni con enfoques fragmentados. Sin agua no hay vivienda digna, no hay salud pública efectiva, no hay producción sostenible ni desarrollo territorial equilibrado. La situación del Pacífico Central no admite más postergaciones. Gestionar adecuadamente el recurso hídrico es, en última instancia, gestionar el futuro del país.