La decisión de la presidente Laura Fernández de no continuar con la incorporación de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico (CPTPP) abre una discusión que el país necesita abordar con seriedad: ¿cómo proteger y fortalecer a nuestros productores agropecuarios sin cerrar las oportunidades comerciales que también pueden contribuir al desarrollo nacional?
La preocupación por el futuro de los agricultores, ganaderos y productores de carne no debe minimizarse. Detrás de cada finca hay familias, empleos, inversiones y comunidades que dependen de una actividad productiva. No podemos exigirles que compitan en condiciones desiguales sin atender sus costos de producción, acceso al crédito, tecnología y capacidad de comercialización.
Sin embargo, tampoco debemos caer en la idea de que rechazar un tratado comercial resuelve, por sí solo, los problemas históricos del agro costarricense.
No firmar un acuerdo puede reducir determinados riesgos, pero también implica renunciar a oportunidades potenciales de acceso a mercados, inversión y diversificación comercial. Por eso, una decisión de esta magnitud debe evaluarse con información transparente, estudios técnicos y una explicación clara de sus consecuencias para cada sector.
En el caso de los productores de carne bovina y porcina, Costa Rica debe trabajar en una agenda concreta que permita reducir los costos de producción, mejorar la alimentación animal, fortalecer la asistencia técnica, facilitar el financiamiento y promover mejores mecanismos de comercialización. También debe garantizar controles sanitarios rigurosos y condiciones de competencia justas, tanto para los productores nacionales como para los importadores.
Lo mismo ocurre con nuestros agricultores. No basta con hablar de proteger la producción nacional: es necesario invertir en productividad, infraestructura, tecnología, acceso a mercados y formación empresarial. Un productor que recibe apoyo para ser más eficiente está en mejores condiciones de sostener su actividad y generar empleo.
La decisión de casa presidencial también plantea una exigencia de transparencia. Los costarricenses, y especialmente quienes podrían verse afectados por una negociación comercial, merecen conocer sus condiciones, sus riesgos y sus oportunidades. La política comercial no debe convertirse en una discusión de posiciones políticas, sino en un proceso de evaluación responsable del interés nacional.
Ahora bien, el verdadero compromiso con el agro se demostrará con resultados, no solamente con anuncios. Si el Gobierno decidió archivar el CPTPP, debe presentar una estrategia agropecuaria con presupuesto, plazos, metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas. De lo contrario, existe el riesgo de que las expectativas de los productores queden sin respuesta y que los problemas de competitividad continúen.
Costa Rica necesita defender a sus agricultores, ganaderos y productores de carne, pero también construir una economía capaz de competir, innovar y abrir oportunidades. La protección que no mejora la productividad puede volverse insuficiente; la apertura comercial que ignora las condiciones de los productores puede generar costos sociales importantes.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio basado en evidencia, diálogo y responsabilidad pública.
Porque proteger al productor costarricense no significa aislarlo del mundo: significa darle las condiciones para competir, producir con rentabilidad y construir un futuro digno para su familia.
La pregunta que ahora debe responder el Gobierno es concreta: ¿qué medidas, recursos y metas verificables pondrá en marcha para que esta decisión se traduzca en mejores condiciones para el agro y los productores de carne de Costa Rica?
