La región centroamericana partir de la segunda mitad del siglo XX, ha experimentado una creciente en la dinámica de conflictividad en cuanto a temas sobre criminalidad y violencia, factores como las pandillas, las maras centroamericanas, el narcomenudeo y variados tipos de delincuencia organizada, han contribuido a esta alza en las tasas de la economía criminal. Esto en ocasiones, ha sido producto del mismo sistema de operación de las autoridades estatales o por agentes que perpetúan el territorio donde se desarrolla los distintos tipos de conflictos, las pandillas centroamericanas han sido un ejemplo de ello, sumando aproximadamente 54,000 mil miembros, solamente en el Triángulo del Norte (Guatemala, Hondura, El Salvador).
Estas dinámicas de la criminalidad y la violencia, en específico relacionadas con violencia estructural en delitos como homicidios, secuestros por grupos criminales, trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes, además de las actividades de extorsión, han representado un alto porcentaje en el producto interno bruto (PIB) de las economías de El Salvador, Honduras y Guatemala, realizando un corte en el tejido social, casi que irreparable, y debilitando la institucionalidad de los gobiernos centrales de estos Estados, poniendo en tela de duda, su propia legitimidad.
En Costa Rica, Nicaragua y Panamá, la dinámica de las economías criminales, por medio del crimen organizado transnacional ha sido distinta. En estos países, el tema de las pandillas y la extorsión criminal ha estado presente, pero con menor impacto en comparación con el Triángulo del Norte, en estos Estados más al sur del istmo, la base económica criminal depende de gran medida por las ganancias generadas por el tráfico ilícito de drogas.
El problema con el debilitamiento de las economías y la institucionalidad en gran parte de la región centroamericana, siembre ha tenido una raíz de coyuntura histórica, las guerras civiles de El Salvador y Guatemala en los años 90, dejaron economías contraídas, con poca credibilidad en las propias instituciones, sociedades polarizadas, y una cultura de violencia arraigada. Hechos que responden a que en la actualidad se legitimasen los actos de violencia, no solo por grupos criminales, sino por medio de los mismos individuos, hacia poblaciones específicas.
En el caso de Honduras, este país sufrió una de sus mayores inestabilidades democráticas, desde el golpe de Estado que quitó al presidente Manuel Zelaya en 2009, o la reciente crisis de legitimidad con Juan Orlando Hernández, lo que responde por qué estas tres naciones tienen tasas elevadas de expulsión de migrantes, y altos índices de delincuencia e inseguridad.
La solución ha sido peor que el problema, desde las políticas de mano dura, o las políticas estadounidenses de deportación masiva entre 2000 y 2004, han masificado las riñas entre maras, a eso añadirle que desde el 2006 la población carcelaria en el Triángulo Norte crece rápidamente debido a las encarcelaciones masivas, lo que crea incentivos para obtener mayores ingresos criminales y permite la consolidación y mejor organización de las pandillas.
Aunado a esto, las nuevas tecnologías han incorporado métodos de extorsión novedosos en la región centroamericana a manos de los grupos criminales, por medio de las telecomunicaciones, inclusive desde centros penales, por lo que se han hecho esfuerzos comunicativos entre las autoridades estatales y las empresas de telecomunicaciones, a bloquear la señal celular en estos centros como el caso de Guatemala en 2014, invirtiendo $3.3 millones de dólares, acción interinstitucional fallida por una comunicación interrumpida entre las autoridades, grupos opositores y grupos religiosos que se encontraban en contra de la ley, continuando el debate entre el bloqueo o no.
Sin un pensamiento idealista, no existe la fórmula mágica para evitar estos actos de extorsión, o actividades ilícitas que ayudan a inflar la economía criminal en Centroamérica. Sin embargo, se debe de enfatizar las medidas que han utilizado dichos Estados contra estas acciones, perpetradas por grupos criminales y por grupos del crimen organizado transnacional.
Estas medidas no parecen apaciguar las aguas, políticas de mano dura, una falencia en la comunicación interinstitucional, políticas públicas que no han sido creadas con estudios de enfoque territorial, que sean sostenibles y duraderas en el tiempo, las cuales no han logrado establecer las economías de las comunidades de la región, ni han reforzado la confianza en la institucionalidad democrática.
Entre los numerosos retos que tienen los Estados centroamericanos, y es especial los del Triángulo del Norte que son que sufren en mayor medida estas dinámicas, uno de mayores retos recae en el dialogo político que existe entre las autoridades de gobierno y los grupos criminales, como las treguas que ha tenido el gobierno salvadoreño, de colocar en la mesa de negociación pesos y contrapesos con actores como la Mara Salvatrucha y M-18, apaciguando la violencia entre departamentos del país, en periodos de tiempo.
Políticas integrales, de la región para la región, con estudios previos y puntos de referencia de investigación, que mantengan un seguimiento histórico y permitan realizar una correlación entre actores y acciones, para análisis prospectivos duraderos, son retos esenciales que deben de asumir los Estados centroamericanos, además de las modificaciones a los códigos penales que permitan penalizar a grupos criminales y delitos colectivos, sin que se sancione con cárcel, crimines menores para que existan medidas alternativas al encarcelamiento, auspiciando sociedades de menos cárceles y más justicia.
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