Hay frases que, por duras que parezcan, describen con precisión lo que ha ocurrido en Costa Rica en las últimas dos décadas, en las que los ciudadanos han vivido un progresivo empobrecimiento gracias a la clase política que ha legislado como si su objetivo fuera premiar la burocracia, fortalecer instituciones inútiles y golpear sistemáticamente a quienes producen, trabajan y se esfuerzan por salir adelante.
Durante estos 20 años, partidos como el PLN, el PUSC, el PAC y el Frente Amplio han ocupado buena parte de las curules del Congreso y en lugar de responder a las demandas ciudadanas, sus acciones legislativas han inflado el aparato estatal, multiplicado las trabas burocráticas, creado instituciones que solo sirven para repartir puestos, y regulado sectores productivos al punto de asfixia. Una muestra clara fue el paquetazo fiscal de 2018 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), que metió la mano en el bolsillo del trabajador, impuso el IVA incluso sobre bienes básicos, mientras protegía privilegios de la élite burocrática que decían combatir.
En estos años, se han aprobado más de 3 000 leyes, muchas de ellas irrelevantes o dañinas. Entre 2002 y 2022, se crearon más de 70 nuevas entidades públicas, sin que eso represente una mejora tangible en educación, salud, seguridad o infraestructura. Por el contrario, el Estado se volvió más caro, más lento e incapaz de resolver problemas concretos. Lo que sí aumentaron fueron los costos, las tarifas y los requisitos que se le imponen al ciudadano común.
Todo esto ha sucedido bajo la excusa de “reforzar la institucionalidad”, como si esta fuera un fin en sí misma, pero ¿quién se beneficia realmente? No es la señora que espera seis meses una cita médica, no es el emprendedor que espera meses para poder abrir un negocio, no es el productor agrícola que se le imposibilita competir con los precios por culpa de los aranceles y las imposiciones estatales. No. Los únicos que han ganado son los que viven del sistema.
El Frente Amplio, que hoy posa como el gran defensor del pueblo, es heredero ideológico de este desastre. Defiende el gigantismo estatal, se opone a cualquier reforma que devuelva poder al ciudadano, y tiene la osadía de llamar “neoliberalismo salvaje” a toda propuesta que implique libertad, eficiencia o reducción del gasto político, usan un discurso obrero, pero legislan como aristócratas de la burocracia.
No es casual que bloqueen la jornada 4×3 o cualquier intento por modernizar las condiciones laborales, quieren mantener a la clase trabajadora sometida a un modelo obsoleto, dependiente, sin posibilidades de elegir. Les aterra que el trabajador tenga opciones, que pueda negociar, que pueda prosperar fuera del control del Estado. Su poder está en mantenerte limitado.
Por eso urge despertar, no podemos seguir aceptando que la Asamblea Legislativa funcione como fábrica de trabas y privilegios, no se trata de eliminar el Estado, sino de ponerlo al servicio del ciudadano, no del político. Se trata de cambiar la lógica: menos leyes, más libertad; menos trámites, más acción; menos ideología, más resultados.
El verdadero progreso no lo impulsa el político, lo impulsa el ciudadano libre, ese que produce, que innova, que decide y ese ciudadano hoy está cansado. Cansado de ser usado, de ser callado, de ser traicionado. Cansado de que se hable en su nombre para justificar más impuestos, más controles, más miseria.
¿No creen que sea la hora de exigir rendición de cuentas? ¿De mirar con lupa a quienes legislan? ¿De decir basta a quienes han gobernado con desprecio por el sentido común? Costa Rica no necesita más leyes inútiles, necesita más respeto por el trabajo honesto, por el esfuerzo individual, por la libertad de decidir el rumbo de su vida sin que el Estado se interponga como obstáculo.
El poder no está en Zapote ni en Cuesta de Moras. El poder es tuyo. Y es hora de ejercerlo.
