En los últimos tiempos el país ha venido experimentando un clima de incertidumbre y desasosiego político, económico y social, producto de problemas muy diversos y complejos, la mayoría de los cuales, producidos por factores estructurales de nuestro propio sistema.
Ya a inicios de este año el panorama se caracterizaba por un notorio deterioro de nuestra economía, por un déficit fiscal muy difícil, por un grave y creciente desempleo, por una importante pobreza y desigualdad que hacía que las asimetrías existentes entre las zonas urbanas y rurales se pronunciaran cada vez más.
Sin embargo, este año, con la aparición de la pandemia provocada por el Covid-19, los problemas existentes se agravaron aún más y han puesto en evidencia las grietas sociales profundas que existen en nuestra sociedad.
Esta realidad hace que la crisis de nuestro país se exprese en distintos ámbitos. En primer lugar, existe un problema fiscal que es urgente atender, porque el déficit actual, de no reducirse, terminará por profundizar aún más los problemas financieros de nuestro país. Se requieren, por lo tanto, soluciones y acuerdos concretos que hagan aumentar los ingresos del Estado y, paralelamente, disminuir sus gastos. Y aunque las opciones no son sencillas, se debe procurar que esos ingresos no provengan de impuestos que recaigan sobre los hombros de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Pero es necesario también conversar sobre la adopción de medidas puntuales y efectivas para combatir la evasión y la elusión fiscal, así como que los sectores de mayor capital contribuyen más, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. En cuanto al gasto, el Estado debe reducirlo sin postergación en todo aquello que se considere superfluo e innecesario. El país se debe encaminar al establecimiento de un Estado más eficiente y moderno. Hay que tener cuidado eso sí de no afectar los programas sociales, de educación, de salud y de seguridad, revisar las duplicidades que existen en varias instituciones y mejorar todo lo concerniente al l empleo público.
Pero en este proceso dialógico no se pueden postergar las medidas de reactivación económica. Es fundamental contar con una hoja de ruta que defina claramente cuáles van a ser las decisiones que permitirán impulsar a la pequeña y mediana empresa, los apoyos con los que se va a contar para poder mitigar el rezago que se ha dado en los sectores productivo, comercial y turístico de nuestro país.
Esto es fundamental porque en el ámbito social se requiere combatir de frente el gravísimo desempleo y empezar a devolverle el trabajo a las familias costarricenses más vulnerables y empobrecidas.
Pero una tarea de semejante envergadura requiere de un esfuerzo de diálogo que se encamine a un verdadero acuerdo nacional que logre objetivos a corto y mediano plazo. Requiere de visión, carácter y madurez, de un liderazgo confiable y creíble y, lamentablemente, de esto carecen las altas autoridades del Poder Ejecutivo.
Ya son muchas las veces que han mostrado impericia para garantizar un diálogo amplio, efectivo, transparente e inclusivo, con la participación de todos los sectores de la sociedad. Su última convocatoria, al lado del presidente legislativo, nació débil y ha sido vista con recelo y desconfianza.
En primer lugar, porque señaló que ellos decidirían con qué sectores conversarían e incluiría en el diálogo y con que otros no (excluyendo de entrada a quienes han sido más beligerantes en las protestas de las calles); en segundo lugar, porque definieron un plazo para la discusión, independientemente del tiempo que podrían requerir las conversaciones con los distintos sectores; en tercer lugar, porque indicaron que se vería el tema fiscal de inmediato y se dejarían para después los otros temas relevantes, como la reactivación de la economía y el empleo, entre otros; y en cuarto lugar, porque señalaron que de no llegarse a acuerdos, ellos decidirían qué hacer.
Ante esta peculiar propuesta, ya varios sectores han mostrado su renuencia a participar.
Un proceso dialógico para que sea efectivo y exitoso debe asegurar que estén sentadas en las mesas todas las representaciones de los distintos sectores del país, no sólo aquellos con los que el Poder Ejecutivo se sienta cómodo. Además, deben estar incluidos todos los temas importantes y estratégicos, tanto los de atención inmediata y urgente como los de relevancia estructural de mediano y largo plazo. De igual forma, debe estar asegurada una dinámica o metodología que le garantice a los participantes que el proceso culminará en acuerdos que serán respetados por todos.
Desde mi perspectiva, como muchos de los acuerdos se terminarán concretando en iniciativas legislativas, el Primer Poder de la República debería jugar un papel de primer orden en este proceso dialógico, pero no con una presencia relativa y unilateral del presidente legislativo, sino con la participación medular del presidente legislativo y de los jefes de las fracciones representadas en el Congreso.
En esta semana que se inaugura el nuevo edificio legislativo, nada sería más apropiado y oportuno que ese recinto del Primer Poder de la República se constituya en la sala de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los distintos sectores de la sociedad costarricense. Ese edificio es del pueblo costarricense, tiene las salas y las condiciones adecuadas para las intensas sesiones de discusión y trabajo, y en un momento de tanta significación histórica para nuestro país, los acuerdos nacionales que se deben de adoptar para resolver los problemas fiscales urgentes y las acciones para la sociedad de los próximos años deben estar garantizados por las fuerzas políticas que faciliten ese proceso dialógico entre el Poder Ejecutivo y la sociedad costarricense.
Nada más fundamental en los umbrales del bicentenario de nuestra independencia que se logre un proceso efectivo y confiable de diálogo que haga posible acuerdos nacionales que determinen la Costa Rica del hoy y del mañana.
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