En mi opinión anterior Democraticidio en Costa Rica manifesté que no hay democracia ni representación legítima en el Estado, si los procesos electorales contienen una serie de vicios, entre ellos la deuda política.
En el caso de Costa Rica dicho abuso está legalizado por la Constitución Política (artículo 96), y el Código Electoral (sección II). Entonces ¿si está permitido, cuál es problema? Pues precisamente estamos ante un conflicto ético: el que sea legal, no significa que sea correcto. Más bien abundan los casos en los que el ordenamiento jurídico ampara la corrupción. Podemos mencionar como ejemplo las pensiones de lujo, el aumento arbitrario al presupuesto del FEES, el combustible de los diputados, las convenciones colectivas, y otros denominados “derechos adquiridos”. Todos los anteriores son actos deshonestos que benefician a pocos, pero perjudican a la mayoría de costarricenses, ya que se financian a través de impuestos.
Desde un punto de vista moral, no hay cabida para ese tipo de privilegios. Sin embargo los mismos políticos tratan de justificar esos abusos. Por ejemplo, en el caso del presupuesto del FEES, se escudan en que deben distribuir más becas y financiar investigaciones; los 500 litros de combustible mensuales a los diputados existen bajo la coartada de que ellos deben realizar giras a zonas fuera de la GAM. Pero se ha demostrado que ninguno de esos alegatos ha sido cierto. Esto nos recuerda la célebre frase de San Francisco de Sales que dice “el infierno está plagado de buenas intenciones”.
¿Entonces qué pasa con la deuda política? Según el propio Tribunal Supremo de Elecciones, en la resolución número 2887-E8-2008, uno de los objetivos del financiamiento es “Evitar el tráfico de influencias y el ingreso de dinero de procedencia ilegal a los partidos políticos”. Hasta ahí todo suena bien, pero si nos trasladamos al acto de la ejecución del giro de recursos, el trámite tiene una característica: la mayoría de fondos no se otorgan de antemano, los partidos deben recurrir a la figura de la deuda. Y es ahí donde comienzan los problemas.
El Estado al dar una expectativa de repartición de fondos públicos, promueve un sistema de apuestas, que consiste en que los partidos emiten bonos, los interesados compran títulos de los partido que creen van a obtener financiamiento del TSE, los partidos capturan los recursos para inmediatamente gastarlos en campaña, y en caso de ser ganadores o beneficiarios del financiamiento, se los pagarán a los tenedores de bonos con intereses ridículamente altos en cuestión de meses (y algunos tan solo en días).
Pero siendo realistas, no es cualquiera el que tiene disponibles varios millones de colones en efectivo para arriesgarse a comprar bonos de campaña de algún partido. Esto solamente lo manejan empresarios o familias acaudaladas. La deuda política no es parte de la democracia, todo lo contrario, son inversiones altamente especulativas e individualizadas, que hacen a los ricos aún más ricos; es decir, cada persona que va al supermercado y paga el IVA o cualquier otro impuesto a Hacienda, indirectamente le está autorizando al Tribunal Supremo de Elecciones, que parte de ese dinero se lo giren al PLN, al PUSC, y todos los demás partidos que calificaron para recibir liquidación de deuda política.
Posiblemente el ejemplo más claro de que la deuda política es extremadamente dañina para la democracia, pero sí está beneficiando a unos pocos “enchufados”, fueron los informes de la Comisión Legislativa de Financiamiento de Partidos Políticos, tanto de mayoría como de minoría. Ambos informes concluyeron que hubo pagos indebidos, estructuras paralelas, donaciones no reportadas, extranjeros que financiaron candidatos, un sinfín de irregularidades durante la campaña 2022. Pero en las recomendaciones no hubo una que sugiera reducir o eliminar la deuda política, a pesar que ese es el origen del mal de la corrupción que está afectando nuestras elecciones. Tal y como decía el slogan de campaña del Movimiento Libertario de 1998: “donde hay permiso, hay chorizo”, en alusión a que donde exista un trámite administrativo, va a existir corrupción. Lo irónico es que años después personas vinculadas al mismo Movimiento Libertario utilizarían la deuda política para tratar de estafar al estado con capacitaciones ficticias durante la campaña 2010. Posteriormente surgió que el PAC hizo algo similar en la misma campaña, ambos casos llegaron hasta tribunales y quedaron con condenas en firme. Los casos mencionados se traen abajo el discurso del TSE de ahuyentar la delincuencia del financiamiento de partidos, y más bien da la impresión que los burócratas no quieren quedarse por fuera del trámite de repartición de fondos públicos.
La ausencia de recomendaciones para la eliminación de la deuda política en esos informes (aunque eso implique una reforma constitucional) evidencia que los políticos están satisfechos con el esquema de pagos de gastos de campaña, que prácticamente han convertido al TSE en una casa de apuestas. Increíblemente los únicos que han tomado acción en ese sentido, ha sido la fracción del Frente Amplio (apoyados por diputados oficialistas) con el expediente 24,337, que redujo el límite de la deuda política a de un 0.19% del PIB a un 0.11%, y el recorte pudo haber sido mayor (al 0.085% del PIB), si no fuera por la injustificable intervención del PLN que se opuso a la propuesta inicial. Aunque va por el camino correcto, lo ideal es que se haya erradicado la deuda política de raíz. Si se elimina la deuda política, ese presupuesto se puede destinar a temas prioritarios, como educación, seguridad, e infraestructura; o bien para reducir aún más el déficit fiscal que nos está asfixiando.
Aunque el presupuesto de la deuda política suena muy poco en relación al PIB, lo cierto es que monetariamente no es monto pequeño, estamos hablando de un gasto de 39,300 millones de colones para la campaña 2026 que todos los costarricenses tendremos que regalarle a los partidos políticos, y de ahí ellos realizar giros para pagárselo de vuelta a inversionistas y bancos, pero con intereses. Reitero, haciendo a los a los ricos más ricos, a costa del encarecimiento de la vida de todos los demás por la carga impositiva que nos aplica el gobierno. Y si todavía eso no lo termina de convencer de las malas prácticas que hay con la deuda política, la legislación establece que en caso que los partidos no reclamen la totalidad del reembolso al que tienen derecho tras las elecciones, ese remanente lo pueden guardar para seguir pagando capacitaciones y gastos de organización, aunque la campaña ya haya terminado.
En una democracia legítima, los partidos políticos no se financian por la fuerza (vía impuestos), el 100% de los recursos para gastos de campaña deben ser obtenidos por contribuciones voluntarias. Sin el aporte estatal, los partidos no solamente tendrían que competir en las urnas, también en el mercado. Debe ser responsabilidad de esas organizaciones buscar maneras innovadoras de vender su “producto”; no depender de la piñata que reparte el TSE. Eso haría el proceso electoral más dinámico, más transparente, y nivelaría la cancha para que los partidos pequeños sobresalgan por sus ideales, y no sean eclipsados por la plata que reciben los partidos grandes de parte del Estado. Si un elector siente que un partido le representa, aumentan las probabilidades de que esa persona dé una donación, y no se ponga a jugar con bonos de partidos que no le representan, pero que sí le van a generar intereses. Tanto por las irregularidades que han sucedido en las campañas electorales, como el daño social que implica el cobro de impuestos para pagarle a los partidos, hace que los argumentos presentados por el TSE para defender el financiamiento de campañas políticas sean puras falacias.
Por tal motivo los magistrados del TSE deberían derogar o rectificar la resolución 2887-E8-2008, e ir planteando la eliminación de la deuda política. Es hora que técnicos del TSE crucen la avenida primera, y vayan a la Asamblea Legislativa a establecer diálogo con los diputados, buscando un proyecto de ley que anule el financiamiento de partidos políticos, y dejen de estar defendiendo la corrupción que ocurre en las elecciones. Es claro que la deuda política es un estímulo al crimen organizado, sin ese estímulo, el país se ahorraría muchos dolores de cabeza. Como bien decía mi abuela: “muerto el perro, acabada la rabia”.