Costa Rica tiene que realizar un ejercicio retrospectivo y determinar si los privilegios fiscales que el Poder Ejecutivo ha otorgado en el pasado carecen de sentido en la actualidad, o aquellos que, al no cumplir su cometido, no tienen razón de existir, especialmente cuando enfrentamos una crisis fiscal.
Al realizar ese análisis y consciente de la realidad de mi pueblo, he observado que en mi provincia es evidente una injusticia, ya que se mancilla la intención de algunos legisladores de esa época plasmado en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (PTGP), de ofrecer condiciones favorables para desarrollar una zona socioeconómicamente marginada y convertirla en la “rivera tica” donde el acceso fuera para todos. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese propósito fue distorsionado y se consolidaron privilegios para unos, en claro perjuicio de la intención original de los legisladores de los setenta.
Actualmente el PTGP presenta lo siguiente:
- La Oficina Ejecutora es la encargada de dirigir, coordinar, administrar y fiscalizar el desarrollo del PTGP, y se divide en un Consejo Director compuesto por tres integrantes de la junta directiva y dos de las asociaciones vinculadas. Además, cuenta con una Dirección Ejecutiva.
- La base imponible para la concesión inició con un valor de $1 por m2, y tras la actualización quedó en $3.04.
- Se exonera del pago del canon las áreas protegidas y con vocación ambiental.
- El plan maestro del proyecto no ha sido actualizado en los últimos 10 años.
- El PTGP debe desarrollar infraestructura para los pueblos aledaños con el fin de aumentar el bienestar de las comunidades.
- Carencia de regulación jurídica en las cesiones de los terrenos.
Lamentablemente el Proyecto Turístico no cumplió su objetivo, se enriquecieron unos pocos, un sector del proyecto no se ha desarrollado después de tantos años de ejecución, no se hizo absolutamente nada para desarrollar los pueblos aledaños y finalmente los enormes privilegios fiscales se están dando a un proyecto cuya fiscalización ha sido casi nula y supervisada por grupos de interés privados.
Es por ello, que como legislador, en aras de recuperar la clara intención de esos legisladores del pasado, presenté el proyecto de ley 21.050 ‘‘Reforma integral a la ley reguladora de la ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (PTGP), con base en el marco jurídico que data de 1975-1982, cuyas modificaciones contemplan:
- Eliminar la desconcentración máxima de la Dirección Ejecutiva creada por decreto y no por ley, convertirla en Dirección Ejecutora, convertir el Consejo Director en un Cuerpo Asesor y modificar la integración del mismo por la presidencia del ICT, el Viceministerio de Egresos de Hacienda, el Viceministerio de MIDEPLAN, un representante de la Cámara de Turismo de Guanacaste y otra de la Cámara de Turismo de Liberia. De igual manera, la auditoría interna del ICT asume el rol fiscalizador.
- Establecer la base imponible en el valor de mercado.
- Obligar al PTGP a regirse por la ley de zona marítima terrestre, crear una zona ampliada sujeta a la base imponible y establecer un canon ambiental.
- Actualizar el plan maestro con un planeamiento de ejecución de corto plazo.
- Exigir al ICT a desarrollar las obras complementarias en los pueblos aledaños y permitir a los beneficiarios acceder al Sistema de Banca para el Desarrollo para estos propósitos.
- Prohibir la entrega tierras destinadas para las obras complementarias a los actuales concesionarios.
- Establecer un 5% de impuesto cuya recaudación será para las Municipalidades de Carrillo y Liberia donde se ubica el proyecto.
- Finalmente cualquier cesión, cambio accionario, absorción de empresa, etc., deberá pagar una tarifa del 5% sobre el valor de la concesión.
Es evidente que el PTGP en su estado actual no se justifica con los privilegios existentes; es hora de que Guanacaste obtenga los beneficios justos por tener una “rivera de privilegios de unos pocos”. Ese es el espíritu de la reforma propuesta y que actualmente está en la corriente legislativa.
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