Para el mundo académico suele decirse que el cometido de una universidad es transmitir conocimiento y formar profesionales. Es por esta razón que el Estado debe apoyar el desarrollo de sus instituciones, pero esto no puede ser a expensas de dañar el sistema universitario.
El creciente pulso por aumentar los recursos financieros, de las universidades públicas destinados a la formación de profesionales, infraestructura, becas, administración, docentes e investigación ha favorecido la emergencia de un «capitalismo académico»; es decir, una forma de organización dominada por los docentes y los administrativos como recurso humano, y las expectativas de que la gobernanza universitaria se ajuste a sus manifestaciones públicas.
Los integrantes de la comunidad universitaria han contribuido, por acción u omisión, a un estado de crisis que se explica, por una cultura de toma de decisiones, adoptada o, al menos, tolerada que no supo construir de las oportunidades las condiciones de un modelo de educación superior más exigente y competitivo.
Está claro que la situación actual de la educación superior costarricense es de crisis. Esta crisis se expresa en las siguientes dimensiones y niveles:
El 1º, quizás de los más diagnosticados, es que el sistema de educación superior descansa en la prestación pública asistencial de carácter económico, que debería de obligar a las universidades públicas a desarrollar procesos de autofinanciamiento.
Un 2º aspecto es que no tiene un horizonte claramente definido y a nivel global atraviesa una gran crisis: de hegemonía, pues ya no tiene el monopolio de la investigación; de legitimidad, ya que es percibida como una institución que veda el acceso a los más desfavorecidos y es cada vez más jerárquica, debido a las dificultades para preservar su autonomía.
Un 3º tema es el de gobernanza y el ejercicio de la democracia en el espacio universitario. Actualmente, el poder de decisión no reside en las comunidades universitarias, sino que es ejercido por liderazgos personales que conducen de modo discrecional, el funcionamiento de la universidad y en donde la relación con las comunidades se basa en el clientelismo académico o bien en los distintos procesos de selección.
Un 4º matiz es que la autonomía de la universidad no puede eludir su compromiso social y, por lo tanto, la obligación de rendirle cuentas a la sociedad. La universidad debe cumplir la función social que espera la sociedad de ella, no solo en equidad en el acceso, sino también en lo que se refiere a estar en el estado del arte en conocimientos, informaciones y propuestas de soluciones para un adecuado desarrollo sostenible humano y social.
Por último, un 5º tinte es respecto de lo que se espera de la educación superior en general, y de la universidad en específico. La universidad tiende a concebirse cada vez más como un espacio limitado de entrega y producción de conocimiento, cuando debe mostrarse como un epicentro de creación de conocimiento en un sentido amplio.