Este año marca el 20º aniversario de las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación. Además, el Día Mundial de la Alimentación -16 de octubre – se centró en reafirmar el compromiso con este derecho en un contexto global lleno de desafíos alimentarios y nutricionales.
El derecho a la alimentación es un derecho humano que garantiza el acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para una vida sana y activa. Está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y obliga a los Estados a respetar, proteger y hacer efectivo este derecho.
Avances en América Latina
América Latina y el Caribe ha liderado la integración del derecho a la alimentación en constituciones y leyes regionales y nacionales. A modo de ejemplo, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador y México garantizan este derecho en su Carta Magna, mientras que República Dominicana, Guatemala y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) lo reflejan en sus marcos normativos.
Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, plataformas plurales y voluntarias, presentes en más de 20 congresos nacionales y parlamentos regionales de la América Latina y el Caribe, han jugado un papel crucial en los esfuerzos para la progresiva realización del derecho a la Alimentación. Estos Frentes -apoyados por la FAO, la Cooperación Española y la AMEXCID- promueven reformas constitucionales, leyes y presupuestos que fortalecen la seguridad alimentaria, bajo un enfoque de derechos, y abordan, desde el consenso, desigualdades estructurales.
El poder de los gobiernos articulado con el trabajo parlamentario y de la sociedad civil es clave. El programa Bolsa Familia de Brasil, que se inició en 2003 y fue reformulado por el presidente Lula da Silva cuando inició su nuevo mandato en 2023, ha proporcionado transferencias condicionadas a familias vulnerables, reduciendo la pobreza extrema. En articulación con otras políticas públicas, ha logrado la reducción de la pobreza extrema en un 40% entre 2022 y 2023, disminuyendo significativamente la inseguridad alimentaria.
Guatemala lanzó el programa “Hambre Cero” en 2023, enfocándose en la distribución de alimentos y la capacitación en prácticas agrícolas sostenibles. En Cuba, “Cultiva tu alimento” fomenta la agricultura urbana y periurbana. En Colombia y Perú, los programas de alimentación escolar mejoran la nutrición y el rendimiento académico de los niños, a la vez que promueven la vinculación con la agricultura familiar a través de las compras públicas. Iniciativas recientes como el etiquetado frontal en Chile, impuestos a bebidas azucaradas en México y la prohibición de alimentos ultra procesados en escuelas en Uruguay abordan la salud pública y las dietas poco saludables.
En palabras del Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, al menos tres millones de personas salieron “del cuadro más dramático del hambre, una luz de esperanza que demuestra al mundo “que sí se puede luchar contra el hambre”, logro que se ha alcanzado, en gran parte, por los esfuerzos y voluntades políticas para asegurar el derecho a alimentación.
Sin embargo, a pesar de los avances, aún 43 millones de latinoamericanos y caribeños sufren hambre y 130 millones no se alimentan adecuadamente. Asimismo, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y las niñas y mujeres siguen enfrentando importantes brechas en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional.
Una mirada al futuro
La FAO, junto a sus aliados como la Unión Europea, la Cooperación Española y Cooperación Mexicana, entre otros, y los compromisos regionales como la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre han sido clave en el avance del derecho a la alimentación, apoyando la implementación de políticas y la construcción de capacidades nacionales.
Para avanzar en la promoción del derecho a la alimentación es esencial mantener el foco en las desigualdades y desafíos emergentes.
Fomentar un diálogo transparente entre las partes interesadas, fortalecer los mecanismos de aplicación, apoyar de procesos regionales como el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y construir capacidades son acciones fundamentales para garantizar el derecho a la alimentación. También es crucial desarrollar índices para monitorear el desempeño en la implementación de políticas alimentarias. Las agencias internacionales y los donantes deben asegurar que el derecho a la alimentación siga siendo central en sus objetivos estratégicos.
Solo a través de un enfoque integral y un compromiso inquebrantable con los derechos humanos y la justicia social podremos construir un futuro en el que el derecho a la alimentación sea una realidad para todos y todas, sin dejar a nadie atrás.
