En Costa Rica no podemos seguir mal interpretando nuestras humildes leyes, dado que los recursos económicos de nuestro país solo provienen de dos únicas fuentes: de los diversos impuestos a las personas físicas y jurídicas y de la inmanejable e impagable deuda pública, con la enormidad también de sus intereses. Ahora resulta que en otro ejemplo de políticos que toman decisiones equivocadas e ilegales, en otro portillo de nuestras humildes leyes, se destituyen y sustituyen los directivos de una institución pública, los perjudicados demandarán y obvio, le ganarán al Estado y los que tenemos que pagar somos todos los demás costarricenses. Está claro que la imperfección de nuestras leyes obviamente procede de la obvia imperfección de los legisladores que humildemente elegimos cada 4 años. No puede pretenderse que leyes perfectas sean el resultado de esos nuestros legisladores de turno. Diputados nuevos unos y repitentes otros, pero primeramente elegidos internamente en cada partido político por unas cuantas decenas de sus familiares y partidarios, antes de que todos los demás costarricenses podamos votar por alguno o por ninguno de ellos. El Tribunal Supremo de Elecciones debería exigir más y mejores requisitos a los partidos para seleccionar mejor a sus candidatos a diputados. Por lo menos deberían conocer la legislación actual de nuestro país. Al final del día, son diputados escogidos por los partidos pero terminan siendo padres de la Patria. Casi nada.
Nuestros procesos electorales tienen mucho que mejorar para proveer, más y mejores políticos y funcionarios públicos, con más y mayores deseos de servir a la Patria. El propósito principal 2026 debe ser disminuir los vergonzosos niveles del crecimiento del abstencionismo. Para nosotros los votantes, qué maravilla la internet y todas las redes sociales actuales para enterarnos de inmediato de todo lo que hacen y no hacen los gobiernos de turno. Antes había que depender de periódicos y noticieros apenas para medio enterarse, semanas, meses y años después, de lo que ya se había hecho y que de por sí, ya nada podíamos hacer. También es muy importante la participación cada vez, de más y más costarricenses por medio de todas las redes sociales, ahora que están de moda, para ayudar finalmente a conseguir por fin, una Costa Rica bien administrada o bien gobernada. Usando el término que sea. De suerte que ahora con la existencia de las redes sociales, todos los costarricenses podemos participar de este cuarto poder ampliado de las democracias, para que más pronto que tarde, todos los costarricenses tengamos más y mejores beneficios, de esta nuestra democracia del pura vida.
En Costa Rica no podemos seguir mal interpretando nuestras humildes leyes, dado que los recursos económicos de nuestro país solo provienen de dos únicas fuentes: de los diversos impuestos a las personas físicas y jurídicas y de la inmanejable e impagable deuda pública, con la enormidad también de sus intereses. Ahora resulta que también para mejorar la razón financiera de la deuda pública con el PIB, en el Ministerio de Hacienda han encontrado que es más fácil obtener una buena razón financiera, reduciendo la inversión social en la educación pública primaria y secundaria, reduciendo también el presupuesto en seguridad y no pagando la enormidad de deuda que existe desde hace muchos años con la Caja Costarricense del Seguro Social. Por esa razón, para la aplicación inmediata de las leyes, antes se recurria a la búsqueda del espíritu de la ley, se recurría a la búsqueda de las razones reales que se quería plasmar literalmente en cada ley específica, para defender al país, para defender a todos los costarricenses. Pero desde hace muchos años, a pesar de la obvia imperfección de nuestras leyes, ese espíritu de la ley debe ser reclamado ante la Sala IV mediante recursos diversos de inconstitucionalidad y otros tipos de reclamaciones, solo porque también, la Sala IV no actúa de oficio para defender a nuestro país y a todos los costarricenses. Tal vez ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo el chatgpt, se pueda lograr la perfección inmediata de las leyes.
Excelente que nuestra democracia permita que cualquier costarricense pueda ser funcionario público, pero por qué tenemos que reelegir a ningún funcionario público? Nadie es indispensable. La reelección en puestos públicos no debe permitirse y menos las reelecciones de 8 larguísimos años como en el Poder Judicial. La única excepción para permitir la reelección en puestos públicos debe ser por el desempeño excepcional demostrado del empleado o funcionario público correspondiente. Está claro que también tienen derecho a concursar miles de costarricenses con igual o más requisitos e igual o más deseos de servir a la Patria y sin necesidad de ninguna reelección. Además hay muchos otros puestos públicos en los que puede concursar cualquier empleado o funcionario público que crea merecerlo, si ha tenido excelente desempeño en los puestos públicos en los que ha trabajado anteriormente. Es obvio que necesitamos a los políticos y funcionarios de los 3 poderes de nuestra democracia, más ubicados con la realidad nacional para beneficio de todos los costarricenses. Por lo menos para no seguir teniendo y perdiendo demandas contra el Estado, que obvio, tendremos que pagar todos los demás costarricenses.
Entre otros muchos temas pendientes también debe resolverse la prohibición para la no existencia de diputados de partidos, que luego se declaran independientes, que estuvieron de moda en las elecciones anteriores y, que en este nuevo gobierno, otra vez ya se han presentado varios casos. No podemos seguir con los mismos procesos electorales de hace 200 años. También se prevendrían y se evitarían muchos otros problemas, si la Sala IV por fin tuviera entre sus prioridades, estar actualizando diariamente todo lo relativo a nuestra Constitución Política: la interpretación única y correcta y las mejoras necesarias de artículos como los relativos a los privilegios de las convenciones colectivas y al 8% del PIB imposible e innecesario para financiar a la educación pública, por ejemplo, si va a seguir siendo prioridad el FEES en detrimento de la educación pública primaria y secundaria, así como de las leyes en general. Ya hace varios años se permitió la innecesaria reelección presidencial, así que sí se puede modificar todo lo que sea necesario, para beneficio del Estado y de todos los demás costarricenses.