Nos encontramos a las puertas de una nueva campaña electoral, y con ella se avecinan discursos de realidad nacional: delincuencia, derechos humanos de las minorías, igualdad de género, educación, salud, y entre las muchas preocupaciones de los costarricenses y el interés de los políticos por adquirir adeptos, encontraremos un tema crítico, como todos, pero que en particular, requiere de una urgida atención al déficit fiscal al que se enfrenta el país.
Para comprender el estado de nuestras finanzas he de mencionar que el 2016 cerró con un déficit fiscal de 5.2% del PIB, -Solo el 1% del PIB, representa aproximadamente 335 mil millones de colones-.
Para atender el problema fiscal, se requiere de acciones afines tanto de la Asamblea Legislativa, como del Ministerio de Hacienda para que, conjuntamente, acabar con una serie de portillos, como por ejemplo la deducción inadmisible de gastos provenientes de países clasificados como paraísos fiscales.
Al margen de lo anterior, sería mezquino dejar de reconocer los signos de mejora de la administración Solís Rivera, por ejemplo, la implementación de la minería de datos en los procedimientos de control de cumplimiento y fiscalización tributarios, que permiten identificar las conductas evasoras y elusivas de muchos contribuyentes ocultos, omisos, morosos o inexactos en la declaración y pago de sus impuestos.
En cuanto al sistema tributario como estructura, tenemos el caso del primitivo concepto de Renta Cedular, el cual implica el cálculo del impuesto de renta en función de diversos hechos generadores de obligación, en contraposición del concepto de Renta Global que, supone un cálculo sobre la globalidad de la riqueza del individuo. Otro ejemplo del carácter arcaico de la normativa lo constituye el concepto de Renta Mundial: actualmente priva en Costa Rica una máxima llamada Territorialidad, que grava aquellas ganancias generadas por fuente costarricense, lo que excluye a aquellos sujetos que, por ejemplo, utilizaron todo un sistema educativo estatal y explotan sus conocimientos en otros países, sin que medie ningún aporte al sistema tributario costarricense, la Renta Mundial aspira a captar recursos de las ganancias generadas por cualquier costarricense con independencia de su residencia.
Pero también el modelo actual de Impuesto sobre las Ventas refleja desaciertos de cara a la realidad de la economía actual; este fósil tributario, fue ya superado por la mayoría de países de América, excepto por Costa Rica. En general, el Impuesto sobre las Ventas grava, actualmente, la transferencia de propiedad de bienes (menos canasta básica) y algunos servicios por excepción, se busca adoptar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), con el cual se pretende ampliar el espectro, en lo que respecta al hecho generador, gravando también el resto de servicios.
La migración hacia el IVA, cada empresa cobra lo que ya ha pagado en cada compra de insumos y traslada al fisco la parte que le corresponde en su venta. Esta nueva metodología de pago del impuesto conlleva mayor progresividad, antepuesta a la regresividad del esquema anterior.
Ante lo anterior, es menester anteponer los intereses nacionales sobre los intereses políticos. De la misma manera cada cual desde su trinchera puede y debe ser un factor de cambio, porque, la crisis fiscal constituye, a mi modo de ver, un filibustero moderno, un virus que ataca la consciencia colectiva y que tergiversa la perspectiva de los ciudadanos, enfatizando los elementos negativos, de los que sin duda nos debemos ocupar, pero que al mismo tiempo nos hace olvidar de las obligaciones que nos corresponden como hijos de la patria.
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