La revista semanal “The Economist” publica desde el año 2006 el Índice de Democracia, cuya edición de 2024 abarcó 167 países, detectándose que solo cerca del 7% de la población mundial vive en “Full Democracies”.
Para su producción, la Unidad de Inteligencia de dicho periódico considera criterios del régimen sobre: ejercicio del Gobierno por el pueblo y tres poderes teóricamente independientes; institucionalidad sujeta al Estado de Derecho, pluralismo político, elecciones libres y habituales, respeto a los derechos humanos y libertades públicas, así como espacios de participación ciudadana. Disponible en: https://www.eiu.com.
Según esa investigación, por el puntaje los países se clasifican en democracia plena, imperfecta, regímenes híbridos y autoritarios. La democracia costarricense se mantuvo como plena en el 2024 con 8.29 puntos, y en el segundo lugar de América Latina solo detrás de Uruguay (8.67), en una escala de 0 a 10.
Ahora, como el índice es financiado por el prominente grupo privado (“The Economist”), despierta en ocasiones suspicacias y hasta su metodología ha sido cuestionada, tachándosele de opaca y politizada, con variaciones arbitrarias en los indicadores y consultas a expertos sesgados. Críticas como estas pueden verse por ejemplo en es.wikipedia.org. y https://blog.uoc.edu .
Por su lado, el Latinobarómetro 2024 que indaga la opinión pública sobre las actitudes, valores, la satisfacción con la vida y economía, encontró un aumento en el apoyo global a la democracia, que pasó del 48% en 2023 al 52% en 2024. Para Costa Rica ese respaldo creció un 7% llegando al 63%, y los consultados calificaron al país como uno de los más democráticos, inverso al parcial relato doméstico sobre un ejercicio autoritario contra la institucionalidad y las libertades.
El Latinobarómetro encontró, además, que en nuestro país un 18% está insatisfecho con los resultados de la democracia, que sumado a un 33% que no alienta su funcionamiento, totaliza el nada despreciable 51% y, una creciente ciudadanía preferiría un gobierno más estricto pero efectivo para satisfacer sus acumuladas necesidades. (En: https://www.latinobarometro.org).
Tales añejos síntomas de erosión en el funcionamiento de la democracia, se reflejan en estos recientes desafíos identificados por el CIEP en su encuesta de setiembre (2025): alta percepción negativa hacia los partidos políticos, muy baja calificación del fragmentado, disperso y estéril Legislativo, fatiga del sistema para sobreponerse a la inseguridad, delincuencia, corrupción, así como a rezagos económicos asociados a la pobreza y desigualdad.
En esas circunstancias resultan entendibles las fuertes motivaciones de la ciudadanía para votar en 2026, que halló el CIEP: “cambiar” el Legislativo y la Constitución Política. Este hallazgo confirma que son estructurales los desafíos a la “plenitud” democrática, que comprometen la gobernabilidad o capacidad real de articular representación y participación para gobernar y resolver problemas sustantivos; véanse estos ejemplos.
- Monopolio partidista en la postulación de cargos de elección popular, que impide candidaturas independientes y de escogencia individual.
- Débil rendición anual de cuentas de representantes electos por el soberano.
- Elección de diputaciones concentradas en añosas provincias, en lugar de nuevas circunscripciones territorial, poblacional y económicamente más equilibradas y homogéneas.
- Inexistencia de la revocación de mandato de las diputaciones por fuertes evidencias de falta al deber de probidad, y de regulación del transfuguismo.
- Régimen procesal deficiente sobre parcialidad política de miembros de los supremos poderes y otros jerarcas, y para la aplicación real del referéndum.
- Reelección automática de magistraturas y análogos altos mandos públicos que se perpetúan -como las concesiones del espectro radioeléctrico- por inopia de límites y evaluación seria de su gestión.
- Gigantesco sector público, del que algunas de sus 332 entidades deben regresar a la rectoría ministerial, y reforma del sistema judicial que reúne el OIJ, Ministerio Público, Defensa Pública y otros organismos auxiliares.
- Fortalecimiento de la normativa sobre corrupción y enriquecimiento ilícito, de la Procuraduría de la Ética y Fiscalía de Probidad.
- Revisión del reglamento de la Asamblea para racionalizar las comisiones, sus sesiones y la cantidad de mociones, con el fin de detener el abuso de este derecho en perjuicio público del proceso legislativo.
Cuando las instituciones fallan la democracia pese a su “plenitud” no funciona bien. La lista anterior seguiría, aunque es suficiente para mostrar el asunto. El país merece una calificada coalición parlamentaria, animada desde mayo próximo por un liderazgo valiente y unificador, que comience a corregir esas y otras toleradas faltas sistémicas. Entre tanto, que la luz del cambio siga brillando mientras una serena pausa y reflexión se imponen. ¡Feliz Navidad y próspero 2026!