Costa Rica atraviesa una crisis silenciosa en su infraestructura educativa. Mientras miles de estudiantes asisten a escuelas con techos deteriorados, instalaciones eléctricas inseguras y órdenes sanitarias que amenazan con cierres, cientos de miles de millones de colones permanecen sin ejecutarse en las cuentas de las Juntas de Educación. Esta paradoja refleja no solo un problema de gestión, sino un modelo institucional agotado. La reciente aprobación de la Ley 10631 abre una ventana de oportunidad para replantear el papel de estas Juntas y avanzar hacia una reforma que concentre la administración en juntas circuitales, más eficientes, transparentes y equitativas.
Las cifras hablan por sí solas. Según un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) entre 2018 y 2021 se transfirieron ₡179.723 millones a las Juntas de Educación para infraestructura, pero apenas se ejecutaron ₡2.034 millones, menos del 9%. Al cierre de 2023, más de ₡72.000 millones seguían sin utilizarse, y en 2024 el monto ascendía a ₡107.000 millones retenidos por el 32% de las juntas escolares. Mientras tanto, el sistema educativo acumulaba casi 900 órdenes sanitarias que comprometían la seguridad de niños y adolescentes. Esta desconexión entre recursos disponibles y necesidades urgentes es, en gran parte, consecuencia de un diseño institucional que sobrecarga a órganos comunales ad honorem con tareas técnicas para las que no fueron creados.
Las Juntas de Educación, integradas por ciudadanos voluntarios y nombradas a través de un proceso en el que los concejos municipales tienen un rol limitado, deben lidiar con funciones desproporcionadas: licitaciones, contratos de obra, compra de terrenos y supervisión de proyectos constructivos. No obstante, la Contraloría General ha señalado que la mayoría carece de la capacitación y el perfil técnico necesario. El resultado es previsible: fondos inmovilizados, opacidad en la rendición de cuentas y un rezago crónico en la infraestructura educativa.
Una reforma que proponga sustituir las juntas escolares por juntas circuitales representaría un cambio organizacional urgente y estratégico. Al centralizar las funciones en una sola junta por circuito educativo, se eliminan duplicaciones y se aprovechan mejor los recursos humanos y financieros. Este modelo permitiría profesionalizar la gestión, asegurar que escuelas pequeñas o rurales reciban apoyo real y fomentar una mayor equidad entre centros educativos.
Otro aspecto es la transparencia. La apertura de las sesiones de las juntas circuitales y su transmisión pública promueven un ejercicio democrático de control ciudadano. Además, la obligación de presentar informes anuales de labores y uso de recursos fortalece la rendición de cuentas.
Finalmente, al colocar a la persona supervisora del circuito como presidenta de la junta circuital, alinearía la gestión administrativa local con las políticas educativas nacionales. Esto no solo da coherencia al sistema, sino que también facilita la planificación territorial, permitiendo que los recursos se asignen con criterios integrales y estratégicos.
Considero que la crisis de infraestructura escolar no se resolverá con más recursos, sino con mejores estructuras de gestión. Las juntas escolares, en su diseño actual, han demostrado ser ineficaces para responder a los retos del sistema educativo. La transición hacia juntas circuitales ofrece una ruta más eficiente, equitativa y transparente. Apostar por este modelo no solo es una necesidad administrativa, sino un deber ético: garantizar que cada colón invertido en educación llegue donde más se necesita, para que los niños y jóvenes de Costa Rica estudien en condiciones dignas y seguras. El debate está abierto, pero la urgencia es ineludible.