La disciplina fiscal tiene que ver con que el gasto público esté adecuadamente financiado con ingresos fiscales, típicamente impuestos. Un gobierno que gasta más de lo que tiene, restringe la capacidad de gasto de futuros gobiernos.
En un contexto democrático, es razonable que la Constitución proteja la capacidad de gasto de futuras generaciones mediante reglas que incluyan una institucionalidad presupuestaria robusta, limitaciones al déficit fiscal o prohibiciones de endeudamiento con el Banco Central.
No obstante, la regla fiscal desde su adopción, tiene como finalidad lograr un entorno de confianza y garantizarle a los mercados que los indicadores fundamentales de las cuentas públicas seguirán siendo predecibles y sólidos, independientemente del gobierno que ocupe el poder, estableciendo un marco despolitizado de la política fiscal.
En síntesis, la regla fiscal se implementa para que el comportamiento político sea responsable y para que la economía sea estable. Es sabido que un comportamiento fiscal imprudente perjudica la estabilidad macroeconómica (en lo referente a precios relativos, términos de intercambio, tasa de interés, tipo de cambio real y crecimiento), la seguridad del sistema financiero, la reputación del país en los mercados internacionales de crédito y la inversión privada.
En los países en donde esas políticas se han implementados han generado beneficios macroeconómicos significativos, los que a su vez se han traducido en beneficios concretos para la ciudadanía.
Entre ellos se destacan: permitir la acción contra cíclica de la política fiscal, estimulando la actividad y el empleo en tiempos de crisis internacional; asegurar la sustentabilidad de las políticas públicas y en especial de gasto social y de inversión pública; resguardar el sector exportador ayudando a mantener un tipo de cambio real competitivo; y reducir la necesidad de financiamiento externo, resguardando las finanzas públicas de los ciclos financieros internacionales.
Lamentablemente la implementación de la regla fiscal ha enfrentado oposición significativa y desafíos legales, así como solicitudes frecuentes de exoneraciones de diferentes segmentos del sector público.
Pero es claro que la implementación estricta de la regla fiscal podría traducirse en importantes beneficios no sólo para las finanzas públicas, sino también para los ciudadanos por ejemplo: mejores políticas fiscales, rubros como el crecimiento y empleo más estables, y el gasto social y la inversión pública más sustentables.
Finalmente, el límite al gasto que impone la regla fiscal es muy conveniente para resolver el enredo de la hacienda pública en que nos han dejado los altos déficits consecutivos de tantos años. Sin embargo con los resultados obtenidos hasta ahora se percibe altos niveles de confianza de parte de los inversionistas, calificadores de riesgo y actores de la banca multilateral.
