En Costa Rica pareciera que la brújula institucional se ha desajustado. Mientras la ciudadanía clama por seguridad en las calles, eficiencia en los servicios públicos y soluciones reales a los problemas que de verdad nos afectan, ciertos sectores de poder parecen tener otras prioridades. En lugar de enfocarse en cómo frenar la ola de violencia que desangra al país, han decidido poner sus energías en un tema que raya en lo absurdo.
En un país donde los hospitales carecen de insumos, las escuelas se caen a pedazos y la inseguridad golpea con más fuerza que nunca, el Poder Judicial ha encontrado una nueva “urgencia”: ordenar al Ministerio de Justicia y Paz instalar televisores y radios en los pabellones de alta contención de La Reforma, con un plazo de apenas un mes para cumplir la instrucción. ¿La justificación? “Garantizar el acceso a la información y los derechos electorales” de los privados de libertad. Como si la urgencia nacional fuera esa y no los cientos de homicidios sin resolver…
La decisión no solo desconcierta, sino que indigna. Porque mientras la ciudadanía honesta se parte el lomo pagando impuestos para sostener un Estado cada vez más ineficiente, los criminales más cuestionables del país recibirán lo que a todas luces se percibe como un privilegio disfrazado de derecho. Y es que sí, no se trata de privados de libertad por delitos menores: estamos hablando de internos en alta contención, los cabecillas y reincidentes que requieren el máximo control justamente porque han demostrado ser una amenaza constante para la sociedad. La justicia, que debería proteger al ciudadano de bien, termina enviando la señal contraria: que el crimen paga, y que detrás de los barrotes no hay castigo sino comodidades.
Como ya mencioné, el argumento oficial es que los reclusos necesitan informarse para poder decidir a la hora de votar. Y aquí surge la primera gran pregunta: ¿desde cuándo una televisión o una radio es condición indispensable para la democracia? El derecho al sufragio puede garantizarse con mecanismos muy simples: papeletas, urnas, juntas receptoras de votos y una debida logística. Si ahora un plasma en un pabellón de alta contención se interpreta como “garantizar derechos”, entonces hemos confundido el concepto de justicia con el de entretenimiento. Peor aún: abrir la puerta a estos dispositivos no solo es un gasto innecesario, sino también un riesgo latente. No es ningún secreto que en el pasado estos mismos canales (televisores, radios, microondas, o similares) han sido usados como excusa para introducir celulares, drogas o incluso armas a las cárceles. La tentación estará siempre, y pretender que no es así raya en la ingenuidad.
Lo que se está confundiendo es el derecho con el privilegio. Un derecho es lo esencial: alimentación mínima, acceso a la salud, integridad física y un debido proceso. Lo demás son beneficios adicionales que en este caso resultan inmerecidos, sobre todo cuando hablamos de internos considerados de alta peligrosidad, personas que no están ahí por error sino por delitos graves. ¿En serio el país debe destinar recursos para darles a ellos lo que muchas familias honestas no tienen ni en sus propias casas?
Recuerdo bien cuando se hablaba de lo siguiente hace un par de días atrás en el programa El Octavo Mandamiento con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, como invitado: ¿qué clase de mensaje se le da a la sociedad con decisiones como esta? Si uno comete un crimen, ¿lo que le espera es una celda… o un hotel con servicios incluidos? Esa comparación, aunque dura, es imposible de evadir. Afuera, la gente teme salir a la calle; adentro, los cabecillas del crimen organizado podrían estar disfrutando de comodidades que la mayoría de los contribuyentes no puede ni costearse.
Y claro, si seguimos por esa lógica, ya lo único que falta es que se ordene contratar trabajadoras sexuales para no “violentar los derechos sexuales y reproductivos” de los privados de libertad porque “esos también son derechos humanos”. Suena grotesco, y lo es, pero no deja de ser la conclusión lógica de este desvarío. Cuando el concepto de “derecho” se estira hasta el infinito, se convierte en excusa para legitimar cualquier capricho. Y el ciudadano común, el que paga el impuesto de ventas en sus compras y el marchamo en diciembre, es quien termina financiando semejante disparate.
Al final, más allá del tecnicismo jurídico, lo que está en juego es el mensaje que se le envía a nuestra sociedad costarricense. Si el crimen se castiga con comodidades, entonces estamos erosionando la poca credibilidad que le queda al sistema de justicia de este país. Porque mientras el ciudadano honesto vive con miedo en su barrio y muchas familias se privan de lo básico, ciertos jueces parecen obsesionados con garantizar “derechos” que en la práctica se traducen en privilegios para quienes han decidido vivir al margen de la ley.
La cárcel nunca debe ser un hotel, ni un espacio de confort. Debe ser, antes que nada, una sanción clara y contundente contra quienes violentaron la paz social. Lo contrario no solo desmoraliza a la ciudadanía, sino que refuerza la percepción de que en este país delinquir puede salir más rentable que trabajar.
Si queremos recuperar la confianza en las instituciones, debemos empezar por lo elemental: que la justicia deje de ser cómplice de quienes han convertido a Costa Rica en un terreno fértil para la violencia y la impunidad.