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Cuando la Asamblea Legislativa hace su trabajo

» Por Fernando Ferraro Castro - Asesor parlamentario y exministro de Justicia

Hay una expresión tan conocida como injusta para describir el trabajo de la Asamblea Legislativa, que dice, más o menos, que a ella entra un caballo y sale un burro. La frase refleja uno de los estereotipos más ingratos sobre el funcionamiento de nuestra democracia. Se parte de la idea equivocada de que modificar un proyecto de ley equivale inevitablemente a echarlo a perder, cuando, en realidad, una de las funciones esenciales del Parlamento es estudiar, discutir, corregir y transformar las iniciativas que recibe.

Los proyectos no llegan terminados al Congreso. Deben pasar por un examen crítico, técnico y político que se desarrolla principalmente en las comisiones legislativas, donde diputados y asesores realizan buena parte del trabajo necesario para convertir una propuesta en una norma jurídica.

Vale la pena recordar esto a propósito de lo que ocurre actualmente en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

En junio y julio de este año, la presidente Laura Fernández presentó doce proyectos de ley dirigidos a fortalecer la capacidad del Estado frente a la delincuencia. Las iniciativas llegaron acompañadas de una considerable presión política para que fueran tramitadas con rapidez y, al mismo tiempo, de suspicacias, críticas y descalificaciones provenientes de diversos sectores de la oposición, particularmente de actores ajenos al Parlamento.

Para algunos comentaristas, los proyectos estaban condenados de antemano, sin conceder siquiera la posibilidad de que el trabajo legislativo pudiera corregir sus defectos, atender las objeciones y producir textos mejores.

La responsabilidad de estudiarlos recayó en una comisión presidida por el diputado Gonzalo Ramírez e integrada también por las diputadas Kattia Calvo, Abril Gordienko y Sigrid Segura, así como por los diputados Nogui Acosta, Marco Badilla, Éder Hernández, Fernando Obaldía y Daniel Siézar. En este trabajo ha participado frecuentemente el diputado José María Villalta. Se trata de representantes del Frente Amplio, Liberación Nacional, Pueblo Soberano y Unidad Social Cristiana, con diferencias ideológicas, políticas y personales que nadie podría considerar menores.

Todos iniciaron sus funciones legislativas en mayo de este año y el comienzo no fue sencillo, algo que no debería sorprender a nadie. La Asamblea Legislativa tiene procedimientos, dinámicas y exigencias que difícilmente encuentran equivalentes fuera del Parlamento. A ello se suman las presiones partidarias, las expectativas ciudadanas y la necesidad de construir relaciones de trabajo entre personas que, en muchos casos, apenas comienzan a conocerse.

Sin embargo, una vez superadas las dificultades iniciales, los integrantes de la comisión y sus asesores han conseguido avanzar en una tarea que constituye la esencia misma del trabajo parlamentario: examinar las propuestas recibidas, identificar sus problemas, negociar modificaciones y construir acuerdos sin exigir que nadie renuncie a sus convicciones.

Los resultados comienzan a verse. Varios proyectos han recibido dictámenes afirmativos, algunos por unanimidad, después de incorporar modificaciones a los textos originales. Otros continúan generando discrepancias que deberán resolverse mediante los procedimientos correspondientes.

No se trata de afirmar que todas las iniciativas del Poder Ejecutivo sean acertadas, ni de sostener que las objeciones formuladas contra ellas carezcan de fundamento. Algunas pueden requerir cambios sustanciales y otras, eventualmente, podrían no merecer aprobación. El punto es, precisamente, que para determinarlo existe la Asamblea Legislativa.

En este proceso hay, además, un protagonista colectivo al que rara vez se le concede el reconocimiento que merece: las asesoras y los asesores parlamentarios. Su trabajo de análisis jurídico, preparación de textos y formulación de alternativas constituye una pieza medular del funcionamiento legislativo. La labor de los diputados difícilmente podría comprenderse en toda su dimensión sin tomar en cuenta la contribución de sus equipos.

Resulta particularmente interesante contrastar lo que sucede dentro de la comisión con el clima que frecuentemente predomina en la opinión publicada, incluyendo redes sociales. Y digo deliberadamente opinión publicada, y no opinión pública, porque son conceptos distintos.

Mientras buena parte de la discusión política que ocupa titulares y comentarios se desarrolla entre acusaciones, sospechas y descalificaciones, en esta comisión se ha venido construyendo un espacio de trabajo en el que las discrepancias, que las hay y fuertes, no han impedido alcanzar acuerdos.

Esto no significa que los conflictos hayan desaparecido ni que la comisión esté exenta de tensiones. Lo significativo es que sus integrantes han conseguido procesarlas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a los procedimientos parlamentarios.

No sabemos qué ocurrirá más adelante. El proceso legislativo es complejo, participativo y está sujeto a múltiples presiones. Sabemos que un dictamen favorable no equivale a una ley aprobada y que los acuerdos alcanzados en comisión no eliminan las responsabilidades que corresponden al Plenario Legislativo. Pero tampoco sería justo esperar hasta el final del camino para reconocer lo que se está haciendo bien.

En tiempos de polarización, cuando resulta tan fácil descalificar al adversario y tan difícil reconocerle algún mérito, el trabajo realizado hasta ahora por los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, junto con sus asesores, merece reconocimiento.

Los resultados vistos hasta ahora no son consecuencia de que hayan abandonado sus diferencias, sino, precisamente, de que, aun pensando diferente, han encontrado maneras de trabajar juntos.

Al fin y al cabo, la democracia representativa no consiste en que cada sector consiga imponer íntegramente su voluntad, sino en que las diferencias puedan procesarse institucionalmente para construir soluciones.

Eso es lo que justifica la existencia de un Parlamento. Y eso es, justamente, lo que debería reconocerse cuando la Asamblea Legislativa hace su trabajo.

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