Cada cierto tiempo, Crucitas vuelve a ocupar titulares nacionales. El aumento del precio internacional del oro, la expansión de la minería ilegal y las propuestas para reactivar la explotación minera reabren un debate que parece no tener fin. Sin embargo, en medio de esa discusión persiste una pregunta sin respuesta: ¿cómo puede Costa Rica plantearse nuevamente la extracción de oro cuando aún no ha reparado el daño ambiental acumulado durante las últimas décadas?
La conversación pública suele dividirse entre quienes consideran que la minería representa una oportunidad económica y quienes defienden su prohibición absoluta. Pero esa dicotomía ha relegado un aspecto esencial: la restauración ambiental de un territorio profundamente afectado por la extracción ilegal y el abandono institucional.
La historia de Crucitas es ampliamente conocida. La concesión otorgada a Industrias Infinito, la moratoria a la minería metálica a cielo abierto, la anulación judicial del proyecto y el arbitraje internacional marcaron una etapa decisiva. En 2021, Costa Rica obtuvo una importante victoria al rechazarse la millonaria demanda presentada por la empresa concesionaria, reafirmando el derecho soberano del Estado a proteger el ambiente.
No obstante, el cierre del litigio no puso fin al problema. La limitada presencia estatal, el alto valor del oro y la acción del crimen organizado permitieron la expansión de la minería ilegal, convirtiendo a Crucitas en uno de los principales desafíos ambientales, sociales y de seguridad nacional del país.
A ello se suma el riesgo de contaminación por el uso de mercurio y cianuro en la extracción ilegal. Estas sustancias degradan los ecosistemas, contaminan los cuerpos de agua y representan una amenaza para la biodiversidad y la salud humana. El mercurio, en particular, permanece durante décadas en el ambiente y puede provocar graves afectaciones neurológicas, inmunológicas y renales.
Pese a ello, Costa Rica todavía no cuenta con un diagnóstico integral que determine con precisión el nivel de contaminación, el estado de los cuerpos acuíferos, la recuperación de la cobertura forestal y los efectos sobre las comunidades cercanas. La ausencia de información científica limita la formulación de políticas públicas eficaces, pues lo que no se mide difícilmente puede recuperarse o mejorarse.
Mientras tanto, el debate nacional ha girado en torno a la conveniencia o inconveniencia de permitir nuevamente la minería, relegando la restauración ecológica a un segundo plano. Esta inversión de prioridades dificulta la construcción de soluciones verdaderamente sostenibles.
Costa Rica ha construido durante décadas un liderazgo internacional en materia de conservación ambiental y desarrollo sostenible. Sin embargo, ese prestigio debe reflejarse en acciones concretas. La Constitución Política de Costa Rica reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el país ha asumido compromisos internacionales, como el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. La situación de Crucitas constituye una oportunidad para traducir esos compromisos en resultados cuantificables.
Antes de discutir cualquier modalidad futura de explotación minera, el Estado debe responder preguntas esenciales: ¿Cuál es el nivel real de contaminación? ¿Qué acciones de restauración ambiental son necesarias? ¿Cómo se protegerán las fuentes de agua y la biodiversidad? ¿Qué garantías existen para impedir que el crimen organizado continúe operando en la zona?
Responder estas interrogantes exige fortalecer la presencia institucional, combatir con mayor eficacia la minería ilegal y desarrollar estudios técnicos independientes que orienten la toma de decisiones públicas.
La restauración ambiental no constituye un obstáculo para el desarrollo; es la condición indispensable para cualquier discusión seria sobre el futuro de Crucitas. El país necesita un debate basado en evidencia científica y en una visión de largo plazo, donde converjan el conocimiento técnico, la política pública y el interés nacional.
Antes de plantear cualquier nueva modalidad de explotación minera en Crucitas, corresponde determinar si el Estado ha cumplido con la restauración del ecosistema, la recuperación del territorio y la protección efectiva de las comunidades y los recursos naturales.
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Artículo elaborado por la Fracción de Alajuela del Parlamento Joven Mujeres por el Clima (2025-2026).
