Debido a la pandemia que provoca el COVID-19 en todas las latitudes del mundo, lo que sabemos con mayor certeza, es que en la marcha vamos aprendiendo a responder y a acostumbrarnos lo mejor posible a este virus y a sus innumerables consecuencias. En ese sentido, tener el respeto por la dignidad humana y con ello, por los derechos humanos, como punto de partida para cada acción es el más elevado mandato y la mayor de las prioridades para todos los Estados.
El COVID-19 está golpeando con severidad a todas las sociedades, pero esto es poco decir, cuando advertimos de que estamos hablando de abrumadoras y múltiples afectaciones a seres humanos. Millones y millones de personas en el mundo experimentan hoy sus consecuencias directas e indirectas, traducidas –entre muchas otras- en muertes de familiares o personas allegadas, pérdidas de empleos, desbalances educativos, graves efectos en las poblaciones más vulnerables, debilitamiento de las economías nacionales (con todo lo que ello implica en términos macroeconómicos) y el alarmante desbordamiento de muchos sistemas de salud alrededor del mundo; lo cual, acelera la cantidad de muertes y socaba el ánimo, inclusive del más optimista.
En ese contexto, recientemente, la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó que: “(…) a menudo es difícil equilibrar las arduas decisiones que es preciso adoptar, pero nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que apliquemos un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos”.
Así lo creemos en la Defensoría de los Habitantes. Claramente, el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos debe ser el centro de toda la política pública que impulse el Estado costarricense; y con mucha más razón durante esta emergencia que enfrentamos por el COVID-19. Por ello, en ejercicio del control de legalidad y de ente fiscalizador que la ley nos llama a ejercer, desde la llegada de esta pandemia a nuestro país venimos trabajando arduamente en distintos temas y particularmente, en los que se refieren a la atención de personas en mayor situación de vulnerabilidad. Veamos algunas de esas acciones.
Estamos trabajando en el tema de abastecimiento del agua potable en distintas regiones del país; en conocer medidas a partir de la vigencia de la “Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”, tanto como implementación de los posibles “Programas de Desempleo”. Además, monitoreamos la labor del PANI en distintos temas como albergues, presupuesto, violencia contra niños y niñas; hacemos gestiones ante el MEP y el CNP en cuanto a los paquetes de alimentos; y ante la Presidencia de la República, sobre las medidas que ha tomado y tomará -en este contexto de emergencia- para atender a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las personas privadas de libertad, a las poblaciones indígenas y a las personas migrantes.
Por ello, como Institución Nacional de Derechos Humanos, en un momento de emergencia nacional como este, en el cuál las vulnerabilidades de las personas se acentúan, hemos asumido un liderazgo con la dignidad humana como norte, vigilante, activo, eficiente, solidario y en muchos frentes de trabajo; esforzándonos al máximo para que, como consecuencia de esta pandemia, nadie se quede atrás.
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