Hay elecciones que el país recuerda por los nombres y hay elecciones que el país recuerda por sus consecuencias. La del domingo 1 de febrero de 2026 es de las segundas: se recordará por sus consecuencias. Ese día elegimos Presidencia, Vicepresidencias y 57 diputaciones, con jornada continua de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
El dilema real no es romántico ni abstracto. Es este. Gobernabilidad o parálisis. Democracia adulta o berrinche institucional con altavoz. Si Costa Rica vuelve a premiar la fragmentación y a reciclar a los partidos tradicionales como árbitros del chantaje legislativo, el país se condena a cuatro años de bloqueo fino, de comisiones eternas, de mociones como metralla y de “control político” convertido en sabotaje, al mejor estilo del Circo de Moras. Eso no es pluralismo. Eso es un país inmovilizado con sello de legalidad.
La elección como plebiscito contra la parálisis
En ciencia política esto no tiene misterio. Se llama gobierno dividido con demasiados jugadores de veto. Entre más actores con poder de bloquear, más fácil es frenar y más difícil es ejecutar. El resultado no es un Estado más democrático. Es un Estado más lento, más caro e incapaz de responder cuando el país se incendia.
Y el país sí tiene incendios. Uno de ellos es brutal y está documentado con números que no se discuten con ideología. En 2022 Costa Rica registró 656 personas fallecidas por homicidio doloso, cifra récord entonces. En 2023 esa cifra subió a 905, un salto de 38 por ciento. En los análisis oficiales, una proporción mayoritaria de los hechos se vinculó a dinámicas de ajuste de cuentas o venganza, y una parte dominante de los homicidios se cometió con arma de fuego. Eso no es un debate de tertulia. Es una alarma nacional.
Ahora, miremos el otro frente, el económico social, porque también ahí la ideología se estrella contra los datos. En diciembre de 2025 la inflación interanual medida por el índice de precios al consumidor cerró en menos 1,23 por ciento según series oficiales. En paralelo, el INEC reportó para el tercer trimestre de 2025 una tasa de desempleo nacional de 5,7 por ciento. El Banco Central proyectó crecimiento cercano al 4 por ciento para 2024 y 2025 en su comunicación oficial. Y el Fondo Monetario Internacional aprobó para Costa Rica una Línea de Crédito Flexible por 1.500 millones de dólares como respaldo preventivo ante choques externos.
Estos no son trofeos para aplaudir en redes. Son señales de un país que puede sostener estabilidad macro y empleo, pero que no puede darse el lujo de un Congreso dedicado a impedir, diluir o extorsionar toda reforma estructural. Por eso esta elección funciona como plebiscito práctico. No es solo quién se sienta en Zapote. Es si dejamos al Ejecutivo gobernar con herramientas reales o lo amarramos con una Asamblea diseñada para la inacción.
Democracia adulta no es berrinche institucional
En una democracia sana, el control político sirve para exigir cuentas, fiscalizar con evidencia, corregir errores y mejorar políticas públicas. En una democracia enferma, el control político se degrada en tres vicios. El primero es el control como espectáculo. Mucho ruido, poca sustancia y cero resultados. El segundo es el control como revancha. No se fiscaliza para corregir. Se fiscaliza para desgastar. El tercero es el control como veto profesional. Se bloquea para obligar a negociar cuotas, privilegios o impunidad disfrazada de consenso.
Eso no es institucionalidad. Eso es una captura blanda del proceso político. Cuando el control se convierte en oficio de bloqueo, la democracia deja de producir resultados y solo produce excusas. Y el país lo ha visto cuando iniciativas urgentes se vuelven interminables, cuando la agenda legislativa se convierte en un laberinto, cuando el Ejecutivo es obligado a gobernar con freno de mano porque a ciertos partidos les conviene que el gobierno fracase, aunque el país pague el precio. Sin mayorías claras, el sistema se vuelve rehén de minorías organizadas y de coaliciones negativas. Esto fue lo que hicieron, a la vista de todos, el PLN, PUSC, FA y otros en estos cuatro años de contubernio legislativo contra el gobierno de Chaves.
Además, por el diseño constitucional vigente, la continuidad de un proyecto político depende de una candidatura sucesora y, sobre todo, de una bancada fuerte. Eso coloca el foco donde debe estar: en el voto completo, coherente, que alinee Presidencia y diputaciones.
El costo oculto del gobierno dividido
La gente subestima el costo de la parálisis porque la parálisis no hace escándalo. No explota. No se viraliza. Solo se acumula. Parálisis es seguridad pública con reformas a medias. Parálisis es inversión frenada por incertidumbre política. Parálisis es Estado incapaz de ejecutar porque todo se negocia como si fuera botín. Parálisis es una democracia cansada, donde el ciudadano termina diciendo “todos son iguales” y se retira del juego democrático, justo cuando más debería entrar.
Eso es lo que los partidos tradicionales ofrecen cuando vuelven a su hábitat. Fragmentación, reparto, bloqueo y sermones. Mucho discurso moral y poco músculo de Estado. Y aquí sí pongo la línea política con total claridad. Si usted quiere continuidad de rumbo, si usted quiere reformas que caminen, si usted quiere un Estado que responda y no un Estado secuestrado por el veto permanente, entonces la decisión racional es una. Votar por el continuismo y aplastar con el voto a los partidos tradicionales. Aplastar con el voto significa quitarles la capacidad de extorsión legislativa que han usado durante décadas para negociar el país en cuotas.
El 1 de febrero no se vote con miedo. Se vote con cálculo democrático. Se vote con memoria institucional. Se vote entendiendo que estabilidad macro y empleo no se sostienen con un Congreso dedicado a jugar ajedrez contra el país. Se vote entendiendo que, si el Ejecutivo no cuenta con una bancada fuerte, volveremos al deporte nacional de siempre. Bloquear, negociar, posponer y culpar. La democracia adulta no es un concurso de pureza. Es un sistema para producir resultados bajo reglas, con controles reales y con responsabilidad política. Lo demás es un berrinche institucional con presupuesto público.
¡El domingo 1 de febrero Costa Rica decide si gobierna o se estanca!
