Las redes sociales han democratizado el acceso a la información y ampliado las posibilidades del debate público. Sin embargo, también han facilitado la difusión de discursos que antes permanecían en espacios reducidos y que hoy alcanzan miles de personas en cuestión de minutos. Entre esos fenómenos destaca el resurgimiento del antisemitismo, un prejuicio milenario que ha sabido adaptarse a los nuevos lenguajes y a las dinámicas propias del entorno digital.
En la actualidad, no siempre se presenta mediante referencias explícitas al “judío”; con frecuencia se reviste de un discurso exclusivamente dirigido contra el “sionismo”, aunque conserve los mismos estereotipos, mecanismos de exclusión y formas de deshumanización que históricamente caracterizaron al antisemitismo.
Es importante comenzar por una distinción fundamental. Criticar al Gobierno de Israel no constituye, por sí mismo, una manifestación de antisemitismo. Como cualquier Estado democrático, Israel está sujeto al escrutinio público y sus políticas pueden ser cuestionadas desde perspectivas jurídicas, políticas o humanitarias.
El desacuerdo con decisiones gubernamentales, la crítica a operaciones militares o la oposición a determinadas administraciones forman parte del debate legítimo protegido por la libertad de expresión. Confundir toda crítica con antisemitismo no solo sería un error conceptual, sino que terminaría debilitando la lucha contra el verdadero antisemitismo, si todo es antisemitismo, nada será antisemitismo.
La línea se cruza cuando el objeto de la crítica deja de ser un gobierno o una política pública y pasa a convertirse en una descalificación basada en la identidad judía, real o atribuida, de las personas. También cuando se atribuye responsabilidad colectiva a todos los judíos por las acciones del Estado de Israel, cuando se niega exclusivamente al pueblo judío el derecho a la autodeterminación o cuando se recurre a estereotipos históricos que presentan a los judíos como un grupo conspirador, controlador de la economía, infiltrado en las instituciones o responsable de los grandes males del mundo. En esos casos ya no estamos frente a un debate político, sino ante un discurso que reproduce prejuicios profundamente arraigados.
La definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) constituye hoy una referencia ampliamente utilizada para identificar estas manifestaciones. Entre sus ejemplos incluye precisamente la negación del derecho del pueblo judío a ejercer su autodeterminación, por ejemplo, afirmando que la existencia misma del Estado de Israel constituye un proyecto racista.
Sin embargo, aun dejando de lado dicha definición, existe un argumento de fondo desde los derechos humanos, el principio de igualdad exige reconocer a todos los pueblos el mismo derecho a decidir su futuro político; esto incluye a los judíos y a los palestinos también. Resulta legítimo debatir las fronteras, las políticas o las actuaciones de un Estado; lo que resulta problemático es sostener que únicamente el pueblo judío carece del derecho que sí se reconoce a decenas de otros pueblos y naciones.
Esta diferencia es especialmente importante porque el sionismo no es un movimiento uniforme ni responde a una única corriente ideológica. Desde su origen coexistieron expresiones socialistas, liberales, laboristas, religiosas, revisionistas y culturales, muchas de ellas profundamente críticas entre sí.
De esa manera, reducir el sionismo a una caricatura de supremacismo o colonialismo supone ignorar su complejidad histórica y la diversidad de quienes se identifican con él. Del mismo modo que existen judíos sionistas con posiciones nacionalistas o incluso discriminatorias, también existen judíos sionistas que defienden activamente una solución negociada de dos Estados, la igualdad de derechos para palestinos e israelíes y el fortalecimiento del Derecho Internacional. Presentar a todo el sionismo como una ideología monolítica constituye una simplificación que alimenta la polarización y dificulta cualquier análisis serio.
Adicionalmente, es importante acotar que defender la causa palestina tampoco implica negar la legitimidad de la existencia del Estado judío de Israel. El pueblo palestino posee aspiraciones nacionales legítimas y tiene derecho a vivir con dignidad, seguridad y autodeterminación.
La defensa de esos derechos no requiere deshumanizar a los israelíes ni convertir al pueblo judío en un enemigo colectivo. Por el contrario, quienes realmente promueven la paz deberían rechazar cualquier narrativa que pretenda resolver un conflicto mediante la eliminación política, territorial o física de alguno de sus actores. La defensa de una causa no puede construirse sobre la negación de otra.
En los últimos meses, Costa Rica tampoco ha permanecido ajena a esta realidad. Las redes sociales nacionales muestran un incremento de expresiones que trascienden la crítica política y recurren a insultos, amenazas y estereotipos dirigidos contra personas identificadas como judías o sionistas.
Algunos mensajes llaman abiertamente a quemar banderas o embajadas israelíes; otros celebran organizaciones terroristas o desean la desaparición de quienes se identifican con el sionismo, entre estos una activista de apellido Gamboa cuyo discurso incendiario en otros contextos con un sistema penal más robusto y firme contra este tipo de pronunciamientos ya la tendrían en la cárcel por discursos de odio, porque además del discurso a la acción hay solamente un paso, y en este caso muy peculiar, porque la activista en cuestión incluso ha tenido reuniones con diplomáticos de Irán en Managua (Nicaragua), con lo que implica el apoyo del gobierno de Teherán con historial de apoyo a acciones terroristas en nuestra región.
Siguiendo con menciones a discursos de odio, también han aparecido publicaciones que sostienen que “los niños sionistas son los futuros terroristas”, que afirman que “no quede uno solo vivo” o que llaman a convertirse en “soldados de Hamás” fuera de Oriente Medio; también mencionados por la propia activista en sus redes sociales.
Más allá de la indignación que puedan generar determinadas políticas gubernamentales, expresiones de esa naturaleza dejan de ser una crítica política y pasan a constituir formas de incitación al odio y deshumanización del otro.
El mismo fenómeno puede observarse cuando determinadas personas dejan de ser criticadas por sus decisiones públicas y comienzan a ser atacadas por su presunta condición de judías o sionistas. En distintos espacios digitales han circulado expresiones como “judía asquerosa” o “genocida judía”, incluso en una nota anterior publicada en este medio se pusieron ejemplos al respecto.
Este tipo de manifestaciones claramente dirigidas contra figuras públicas costarricenses miembros de la comunidad judía local. Es evidente que esos calificativos no contienen ningún argumento político ni jurídico; su único propósito es utilizar la identidad religiosa o étnica como un elemento de desprecio. Ese tipo de lenguaje reproduce un patrón históricamente utilizado contra las comunidades judías y demuestra cómo el conflicto en Oriente Medio sirve, en ocasiones, como pretexto para exteriorizar prejuicios mucho más antiguos.
En la práctica, las redes sociales se han convertido en un espacio donde el anonimato, la inmediatez y la ausencia de consecuencias favorecen la difusión de discursos que probablemente no serían pronunciados con la misma facilidad en otros ámbitos públicos.
La velocidad con la que circulan estos mensajes también dificulta distinguir entre información, propaganda y desinformación. El resultado es un ambiente cada vez más polarizado, donde la identidad de las personas pesa más que sus argumentos y donde la descalificación sustituye al debate democrático.
Lejos de fortalecer la defensa de los derechos humanos, estas manifestaciones erosionan precisamente los principios que dicen proteger. La lucha contra el sufrimiento de la población palestina no necesita apoyarse en el antisemitismo; del mismo modo, la defensa de Israel no debería justificar la negación de los derechos del pueblo palestino.
Ambos extremos empobrecen la discusión y alejan cualquier posibilidad de entendimiento. El desafío consiste en preservar un espacio donde sea posible cuestionar políticas estatales sin convertir la identidad de un pueblo en el blanco del odio.
Un ejemplo reciente ilustra cómo el debate público puede transformarse rápidamente en una descalificación basada en prejuicios. Durante la discusión sobre la posible candidatura de la señora Rebeca Grynspan Mayufis a la Secretaría General de las Naciones Unidas, comenzaron a circular publicaciones que la identificaban como “sionista” y que utilizaban esa condición como argumento suficiente para desacreditarla.
Algunas afirmaban que “el chavismo sionista no apoyaría a alguien que no sea sionista”, mientras otras sostenían que “el sionismo liberal es experto en limpiar la imagen de la ocupación”, vinculándola además con gobiernos anteriores y atribuyéndole responsabilidades políticas por esa sola asociación. El análisis de estas publicaciones evidencia que el centro del debate dejó de ser su trayectoria profesional para trasladarse a una identidad política o étnica atribuida.
A ello se sumó un elemento particularmente llamativo, la confusión entre Rebeca Grynspan Flikier, reconocida escritora y académica costarricense, y Rebeca Grynspan Mayufis, economista y diplomática internacional. Aunque se trata de dos personas distintas, ambas fueron objeto de comentarios peyorativos en redes sociales donde aparecieron calificativos como “judía asquerosa” o “genocida judía”.
La existencia de esta confusión demuestra que, para quienes utilizan ese tipo de lenguaje, la identidad individual resulta secundaria frente al objetivo de asociar cualquier persona percibida como judía con una categoría negativa. No se trata de un debate sobre ideas; se trata de un prejuicio proyectado sobre una identidad.
Paradójicamente, la candidatura de Rebeca Grynspan Mayufis fue respaldada por consenso por las distintas fuerzas políticas costarricenses, independientemente de sus diferencias ideológicas. Ese hecho convierte aún más evidente que los ataques no respondían a una controversia política nacional, sino a una narrativa donde el término “sionista” opera como una etiqueta destinada a desacreditar a una persona antes incluso de valorar sus méritos.
Cuando la pertenencia real o supuesta a un grupo étnico o nacional se convierte en el argumento principal para cuestionar una candidatura, el debate democrático pierde profundidad y comienza a parecerse peligrosamente a una forma de discriminación y en especial porque el sionismo en sencillas palabras es la defensa del derecho de autodeterminación judía en su tierra histórica, cualquier elemento adicional que se le agregue está más inspirado en prejuicios.
Este fenómeno también puede apreciarse en publicaciones realizadas por un activista guanacasteco que se presenta públicamente como “pro – palestino”, circunstancia que, por sí sola, resulta completamente legítima y no merece reproche alguno. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones trascienden la defensa de la causa palestina para reproducir estereotipos históricamente asociados al antisemitismo.
Entre esas manifestaciones figuran expresiones como: “Israel y el sionismo están en cada rincón de este planeta… y donde llegan hacen lo mismo. Comprar tierra, crear sus propias redes de economía y dinámicas sociales sin integrarse a las comunidades locales, meter mano en las estructuras políticas”. Más que una crítica a políticas concretas del Estado de Israel, esta afirmación presenta a “los sionistas” como un grupo homogéneo que conspira para controlar la economía y las instituciones de los países donde reside, un tropo que ha acompañado al antisemitismo desde hace siglos, solo cambiando la palabra judío por sionista.
En otra publicación, este mismo señor se refiere a un ciudadano costarricense como “este pseudotico” por su condición de judío y sionista. Más allá del tono utilizado, el mensaje transmite la idea de que la identidad judía o el apoyo al sionismo serían incompatibles con la identidad costarricense. Se trata de una lógica de exclusión que niega la pertenencia plena de un ciudadano a su propia nación debido a su origen, religión o convicciones políticas. Esa sospecha sobre la “doble lealtad” constituye uno de los estereotipos más persistentes del antisemitismo moderno y ha servido históricamente para cuestionar la ciudadanía de comunidades judías en numerosos países.
Otras afirmaciones van todavía más lejos al sostener que “Jeffrey Epstein y su red mundial de trata infantil, pedofilia y canibalismo fue creada y sostenida por Israel” o que “Israel y el sionismo están directamente ligados a las peores formas de criminalidad, crueldad y perversidad humana”. Estas expresiones no constituyen una crítica verificable a decisiones gubernamentales. Son generalizaciones absolutas que atribuyen a un Estado, a un movimiento político e indirectamente a millones de personas una naturaleza esencialmente criminal.
El recurso a conspiraciones globales y a acusaciones extraordinarias sin sustento recuerda mecanismos utilizados durante siglos para justificar la persecución de comunidades judías mediante relatos sobre asesinatos rituales, conspiraciones financieras o dominación mundial.
El derecho internacional protege ampliamente la libertad de expresión porque constituye uno de los pilares de cualquier sociedad democrática. Esa protección comprende incluso opiniones que resultan incómodas, polémicas o profundamente críticas frente a los gobiernos.
Sin embargo, ningún derecho es absoluto, y de esa manera, el propio artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que debe prohibirse por ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. La diferencia entre ambas categorías no depende de si una opinión resulta ofensiva, sino de si fomenta la deshumanización de un grupo o incentiva acciones discriminatorias o violentas contra él.
Ese matiz resulta especialmente importante en el contexto actual, porque defender los derechos del pueblo palestino, denunciar el sufrimiento de la población civil en Gaza o cuestionar las decisiones del Gobierno israelí forman parte del debate político legítimo y deben ser protegidos. Lo que no puede normalizarse es que esa defensa derive en llamados a eliminar personas identificadas como sionistas, en insultos basados en la condición judía o en teorías conspirativas que atribuyen a los judíos un control oculto de la política, la economía o los medios de comunicación. Cuando ello ocurre, la causa deja de ser una reivindicación de derechos para convertirse en un vehículo de prejuicios.
La historia demuestra que el antisemitismo rara vez comienza con actos de violencia, sino que generalmente empieza con palabras, caricaturas, estereotipos y teorías que presentan a un grupo humano como una amenaza permanente. Por esa razón, resulta indispensable rechazar cualquier forma de deshumanización, provenga de donde provenga.
Combatir el antisemitismo no implica silenciar la discusión sobre Israel ni desconocer el sufrimiento palestino; significa recordar que la defensa de los derechos humanos pierde toda legitimidad cuando selecciona qué pueblos merecen protección y cuáles pueden convertirse en objeto de odio.
La paz exige reconocer la dignidad de ambos pueblos, defender el derecho del Estado de Israel a existir en condiciones de seguridad y reconocer, con la misma convicción, el derecho del pueblo palestino a construir su futuro en libertad, sin que ninguno de esos derechos pueda alcanzarse mediante la negación del otro.
