Celebremos el ingreso a clases, pero, desde el pensamiento crítico, también analicemos la amarga realidad de la educación costarricense.
Obligada solidaridad con docentes, maestros, maestras, profesores, profesoras y administrativos quienes llevan en sus hombros la noble misión de formar a las y los estudiantes del presente y el futuro en medio de precarias condiciones.
Este año el presupuesto de Gobierno para la educación llegará al 4,8 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra que es un retroceso de dos décadas en cuanto al aporte estatal. Eso es empujar al sistema educativo primero a una parálisis y luego a un colapso.
La buena situación económica del país con proyección de crecimiento que pasó de 3.9 % a 4.1% del PIB hace ininteligible la decisión de recortar la inversión en educación.
¿A dónde se recortó y cuál fue el criterio?
Ante esta contradicción de las políticas públicas se justifica la investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre la situación de los recursos para becas, su distribución geográfica, la cantidad de beneficiarios, los dineros para alimentación y nutrición escolar, el transporte estudiantil, entre otros.
La capacidad tecnológica educativa de Costa Rica presenta serios rezagos y deficiencias. Solo una tercera parte de los centros educativos están conectados a banda ancha. En direcciones regionales como Santa Cruz, Coto, Turrialba, Puriscal -y otras más fuera del Gran Área Metropolitana- más de 700 docentes no tienen conexión a internet y el 66 por ciento de ellos no cuenta con dispositivos tecnológicos para dar clases.
Los servicios de conectividad de internet no solo consisten en llevar la red hasta el centro educativo con los acuerdos con Sutel (Fonatel) o el ICE, sino también en rediseñar las escuelas y colegios, comprar los equipos, capacitación a docentes, programas de estudios vinculados a la tecnología -como la inteligencia artificial- y, además, dar seguridad a los menores ante peligros como el ciberbullying.
Muchos centros de educación están condenados a vivir en el pasado tecnológico.
En materia de infraestructura se reporta que el 39 por ciento de los centros educativos tienen órdenes sanitarias que van desde cierres parciales a totales. Por decirlo de alguna manera agradable, son inapropiados para la enseñanza.
La permanencia de los estudiantes en las aulas tiene una dificultad: la deserción escolar entre adolescentes aumentó 142 por ciento y las principales causas asociados al abandono del sistema educativo son los problemas económicos y los embarazos.
Los estudios realizados en la Universidad de Costa Rica indican que cada joven que logra concluir la educación secundaria reduce su probabilidad de encontrarse en pobreza. El resultado posible de los jóvenes que salen del sistema educativo son fuentes de trabajo mal remuneradas, frustración y riesgos sociales y, claro, exclusión social y pobreza.
El 20 por ciento de jóvenes que deberían estar en las aulas no lo hacen, 25 por ciento de los estudiantes tienen problemas nutricionales o no desayunan, más del 40 por ciento está en pobreza y miles no tienen acceso a las nuevas tecnologías e internet.
Con respecto a quienes logran graduarse es un error dar por sentado que, tras el apagón educativo -un periodo de entre 2 a 5 años- puedan tener habilidades y conocimientos plenos para atender las tendencias de empleo. Una persona que termina la secundaria tiene una reducción del aprendizaje cercano a los 2 años.
Costa Rica está por debajo del promedio de la OCDE en competencias financieras y, además, la calificación en matemática, lectura y ciencias apuntan una considerable disminución, según los resultados de las pruebas PISA. Sorprende saber que una auditoría al MEP determinó que esta institución no cuenta con “un proceso o mecanismo mediante el cual se brinde seguimiento y evaluación de los resultados PISA”.
Pese a este panorama debemos ser optimistas sobre la capacidad de la juventud y el país de superar obstáculos, y que, como escribió Jorge de Bravo “Yo no miro la piel sino lo que en la piel es fuego y esperanza”.