Al escribir estas letras a título personal, y al ser las 8:06 pm del 13 de agosto del año 2020, los siguientes hechos son de dominio público:
- En un vergonzoso hecho sin precedentes que le dio la vuelta al mundo, la Casa Presidencial es allanada por la Fiscalía por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que tuvo acceso a datos sensibles de los ciudadanos, de acuerdo con información confirmada por la Defensoría de los Habitantes.
- La Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore) estima que el 50% de los negocios de comida han cerrado a causa de las restricciones impuestas por este gobierno al comercio y al tránsito vehicular.
- Aunque irse de vacaciones no es ilegal, luego de una seguidilla de aparentes encubrimientos fallidos, Tributación Directa no tiene reporte de ingreso de las facturas pagadas supuestamente por Carlos Alvarado al hotel donde se hospedó a inicios de Agosto del presente año, a pesar que sus abogados presentaron juegos distintos de facturas a las antes expuestas por Casa Presidencial, con distinta numeración, con distinta fecha de emisión, y con disparidades en el cobro del
- A pesar de que el viaje en helicóptero al hotel donde Alvarado pasó sus vacaciones, en apariencia, mezclando su burbuja social con la del ministro Garnier tanto durante el viaje en helicóptero como durante la estancia en el hotel de lujo que abrieron exclusivamente para él, esta aeronave no cuenta con permiso para uso comercial en el país. A pesar de eso, Alvarado pagó la mitad del viaje supuestamente, aunque por la naturaleza de los permisos, y por la legislación actual, se prohíbe a sus dueños hacer uso comercial de la
- En el Ministerio Público se acumulan cinco causas penales en la que se investigan presuntos delitos cometidos por el Presidente
- La Sala IV condenó al estado luego que unos manifestantes fueran detenidos sin razón por oficiales de la Fuerza Pública, subalternos de Alvarado, mientras se realizaba una manifestación pacífica en las calles de la localidad Guanacasteca de Tamarindo. En otras palabras, el estado costarricense atentó contra la libertad de estos ciudadanos y fue condenado por eso.
- La misma izquierda, a donde pertenece la tendencia progresista que llevó al poder a Alvarado, señala como este caso de las vacaciones presidenciales podrían ser una simulación de facturas de viajes ilegales, dadas las incongruencias en las facturas
Como podrán ver los lectores, nada de esto se refiere a tendencias o ideologías políticas, tampoco conjeturas o teorías de la conspiración, sino a dominio público, aunque la nobleza obliga a aclarar que mi repudio al PAC, al progresismo socialista, a la izquierda y a la tendencia que llevó a Alvarado al poder es mucho más antigua. Para referencias, este artículo de julio del 2017. También, y a pesar que una mentira repetida un millón de veces siga siendo una mentira, el honor manda a refutar, a priori, cualquier falacia de falso dilema que me ponga a mí como simpatizante de la tendencia que perdió la segunda ronda en 2018. No. No he sido ni seré partidario de ese fantoche advenedizo de las lenguas.
Tampoco es harina de este costal el hablar de la debacle económica anterior al Covid, con un déficit fiscal y un desempleo récord alcanzados antes de esta pandemia. Los lamentables “logros” posteriores de este gobierno en ambas materias, y magnificados por las restricciones que rayan en lo inconstitucional mandadas por Alvarado y su delfín, el ministro Salas, vinieron sólo a agravar lo que era una tendencia PAC consumada: el deterioro económico de Costa Rica, aunque ese deterioro no sea igual para todos.
A estas alturas del partido, la tragicómica Administración Alvarado ha perdido casi toda credibilidad. A decir verdad, si Costa Rica fuera un régimen parlamentario, la Administración Alvarado sería ya cosa del pasado y nada más que un dejo de un mal sabor de boca. La alternativa, respetuosa del ordenamiento jurídico y el estado de derecho, nos la da la Constitución Política. Su artículo 105 (la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa mediante el voto) y su artículo 121, inciso 8 (la Asamblea Legislativa tiene la atribución de conocer las renuncias de los miembros de los Supremos Poderes) muestran el camino. Del pueblo, es la palabra.
Lo que falta es vergüenza para dar el paso al costado: que el ejecutivo en pleno, a saber, presidente, vicepresidentes y consejo de gobierno tengan la entereza moral de hacer mutis sin esperar al 8 de mayo del 2022, ya que los días restantes para ese momento bien podrían pasarse como si fueran dos minutos…dos minutos bajo el agua.
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