La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia del COVID-19 y, al mismo tiempo, proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar al país hacia el desarrollo sostenible.
Impulsar la reactivación económica significa empujar los proyectos para mejorar la empleabilidad de los demandantes de empleo. Es fomentar el crecimiento económico nacional, mediante el fortalecimiento ordenado y planificado del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional.
A los aumentos del endeudamiento público observados durante la última década, se suma el hecho de que, debido a la pandemia, los países enfrentan caídas en la recaudación tributaria como consecuencia de la contracción en la actividad económica para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia.
El gobierno debe detener los niveles de endeudamiento, y dejar de pensar en nuevos impuestos, así como financiar privilegios, pensiones con cargo al presupuesto y una serie de instituciones del sector público que no cumplen ninguna función pública ni social.
Desde el punto de vista empresarial, cualquier impuesto, se traduce en aumento de los costos de producción y con ello se desincentiva la inversión. Al caer la inversión, aumenta el desempleo, se desacelera el crecimiento económico y cae la recaudación.
Asimismo si se analiza al asalariado, cuando le suben los impuestos significa que comprará menos bienes y servicios que antes, lo que se traduce en una disminución del ingreso disponible del asalariado y, por tanto, implica un empobrecimiento per se.
Es necesario reducir el gasto público y para ello someter al estado a un severo plan de austeridad, mediante la eliminación del mayor número de organismos, plazas y erogaciones que sea posible, así como la reducción de los salarios y prebendas de la alta burocracia y la supresión de los subsidios a los partidos políticos.
El aumento del monto de los subsidios y del número de sus beneficiarios no reducirá la pobreza, sino que sólo ampliará la masa de personas dependientes de dádivas del Estado. Gravar alimentos y medicinas y ofrecer subsidios en “compensación”, no persigue otra cosa que hacer a los contribuyentes de bajos ingresos, limosneros de su propio dinero.
Una mayor carga fiscal dificulta e impide la formación de capital, que es el motor de la creación de riqueza y la prosperidad creciente y generalizada en la sociedad. En otras palabras, mayor gasto público y mayor carga fiscal, sólo traerán más burocracia, más corrupción y más pobreza.
Finalmente, mientras menores sean las cargas fiscales mayor es el crecimiento de las economías de los países, según la experiencia observada en países desarrollados. En otros tiempos nuestro país ha tenido mayor crecimiento económico con bajas cargas fiscales.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, foto en PDF de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr, o elmundocr@gmail.com.
