El pasado domingo 3 de diciembre se organizó en San José la “Marcha por la Vida y la Familia” a la cual acudieron miles de personas, muchos con un trasfondo confesional y todos identificados con valores conservadores. En los últimos días, se escucharon ampliamente argumentos a favor del respeto de los derechos sexuales, así como el rechazo de la “ideología de género” por los proponentes de la marcha. No tiene sentido volver a repetir los argumentos de ambos bandos aquí. Más bien, en esta columna haré cuatro observaciones desde una perspectiva politológica que no se han escuchado: una crítica a los que objetaron la marcha y tres críticas a sus organizadores.
Los opositores de la marcha la han criticado por violar el principio de separación entre la Iglesia y el Estado, alegando que actores religiosos no deben expresarse sobre asuntos públicos. Este argumento desconoce el verdadero significado de este principio, y es una falacia desde la perspectiva del liberalismo clásico. El principio de separación entre la Iglesia y el Estado simplemente dicta que actores religiosos no deben tener autoridad política y que el Estado no debe tener injerencia en los asuntos internos de las organizaciones religiosas. Este principio no impide que actores religiosos expresen públicamente sus puntos de vista, como también lo puede hacer cualquier otro actor de la sociedad civil. En la marcha, actores religiosos hicieron meramente uso de su derecho de libertad de expresión, un derecho democrático que debemos respetar, estemos de acuerdo o no con sus opiniones. Además, los objetores de la marcha no tienen nada que temer. Las decisiones políticas se toman por mayoría parlamentaria en el Congreso, no en la calle.
A los organizadores de la marcha también se les puede criticar algunos aspectos. En primer lugar, no demostraron mucha claridad en cuanto a sus objetivos. Uno de los primeros temas que se enseña cuando se quiere tener incidencia política es definir claramente el objetivo de la intervención. Es imprescindible establecer en concreto cuál es la legislación o la política pública que se quiere promover o reformar. Se hicieron declaraciones generales y vagas en defensa de la vida y de la familia, pero en ningún momento se formuló una petición accionable, lo que quitó efectividad a la marcha. Ningún tomador de decisión puede actuar sin propuestas concretas, aunque tuviese simpatía con las marchistas.
Luego, llama la atención que los activistas “pro-vida” y “pro-familia” decidieran adoptar un registro de acción propio del sindicalismo y de grupos de izquierda: la marcha. Esta es una herramienta legítima de expresión democrática, pero no necesariamente la más efectiva. Sin lugar a dudas, la marcha ha sido efectiva para atraer la atención de los medios, pero su impacto político es cuestionable. Posiblemente, organizar una marcha no fue la herramienta más apropiada para promover la agenda pro-vida y pro-familia.
Por último, lo más irónico de la marcha es que sus voceros, probablemente sin darse cuenta, internalizaron el vocabulario de los grupos a los que se oponen. Para expresar su apoyo a la familia tradicional, anunciaron públicamente que defendían las relaciones heterosexuales, adoptando el metalenguaje de los activistas por los derechos sexuales, quienes manejan las nociones de “heterosexual” y “homosexual” como categorías analíticas. Al usar estos conceptos, los marchistas inconscientemente dejaron que su oposición dictara los términos del debate.
En suma, la marcha fue una expresión legítima de un derecho democrático, pero su impacto político es cuestionable debido a la ausencia de una petición concreta y accionable, el uso de un registro de acción inapropiado – la marcha –, y la internalización del vocabulario de la agenda a la cual se opone.
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