San José, 22 may (elmundo.cr) – Hace apenas algunas semanas, el Gobierno presentó el proyecto hidroeléctrico Hidrotárcoles como una iniciativa encaminada hacia una solución definitiva luego de años de disputas institucionales y judiciales.
Durante una conferencia presidencial, se anunció un acuerdo entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) con el objetivo de destrabar un proyecto que podría aportar aproximadamente 50 MW adicionales al sistema eléctrico nacional y que permaneció durante años entre procesos judiciales y conflictos administrativos.
En aquel momento, el mensaje fue claro: dejar atrás años de litigios y comenzar una etapa de ejecución.
Acontecimientos surgidos durante los últimos días parecen modificar el panorama que hace apenas semanas proyectaba una ruta más clara hacia una solución.
Noticias recientes relacionadas con necesidades futuras de respaldo energético, ajustes en capacidad instalada y escenarios operativos para los próximos años vuelven a colocar sobre la mesa una pregunta que empieza a ganar fuerza:
¿Puede Costa Rica darse el lujo de mantener proyectos energéticos estratégicos atrapados entre expedientes y procesos pendientes mientras simultáneamente enfrenta nuevas presiones sobre el sistema eléctrico?
El contexto adquiere aún más relevancia tras otro hecho que dominó titulares nacionales durante las últimas horas: la decisión anunciada por Panamá de suspender la venta de energía a Costa Rica en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países.
Aunque el ICE indicó posteriormente que no contempla recurrir a compras de energía panameña y sostuvo que el país dispone actualmente de recursos suficientes para atender la demanda, el episodio volvió a abrir un debate más amplio sobre seguridad energética, capacidad futura y margen de respuesta ante escenarios cambiantes.
La discusión toma una dimensión adicional si se consideran declaraciones brindadas durante la conferencia presidencial, donde el presidente ejecutivo del ICE señaló que el país requiere una mayor capacidad energética para sostener el crecimiento económico y que los litigios vinculados con Hidrotárcoles avanzaban hacia una salida.
Paralelamente, documentos y actuaciones incorporadas en procesos judiciales han señalado cuestionamientos sobre decisiones administrativas vinculadas al proyecto, incluyendo suspensión de desembolsos, atrasos y efectos económicos que continúan siendo objeto de discusión legal.
Más allá de determinar responsabilidades individuales o institucionales, la discusión parece estar cambiando.
La pregunta ya no gira únicamente alrededor de quién tuvo razón hace diez años.
Ahora también surge una interrogante sobre el costo país.
Porque mientras Costa Rica continúa discutiendo nuevas necesidades de generación, mecanismos de respaldo y escenarios energéticos futuros, algunos sectores empiezan a preguntarse si la velocidad para resolver proyectos estratégicos puede convertirse en un factor tan importante como la propia capacidad de generación.
Hace apenas semanas el mensaje era que el problema avanzaba hacia una solución.
Hoy la conversación parece incluir una pregunta distinta:
Si el país requiere nuevas fuentes de energía, respaldo adicional y mayor capacidad futura, ¿cuánto puede costarle al país seguir dejando proyectos estratégicos esperando una respuesta definitiva?
