Los derechos humanos fundamentales no son negociables
(Amnistía Internacional)
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, establece parámetros generales de protección hacia los menores de edad. Con fuerza, el artículo 32, numeral 1 señala: “Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
Esta sentencia, vinculante en todos sus aspectos para Costa Rica como país firmante de la citada declaración, al menos en el cantón de Alajuela es obviada, silenciada y olvidada como parte fundamental de sus obligaciones por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Es recurrente, y aberrante observar en los alrededores del mercado y parque central, y zonas adyacentes, múltiples niños explotados día y noche por adultos que piden limosna para vivir sin trabajar.
Esos menores viven a la intemperie, mal alimentados, expuestos a las inclemencias del tiempo, contaminación, abandono, se le niega el acceso a la educación, esparcimiento, cultura, y las más elementales garantías de los derechos humanos.
Y si es indignante la conducta de los adultos que los utilizan como mamparas para pedir dinero, es mas aberrante saber que la Fuerza Pública observa la situación y no actúa, y que el PANI, con un presupuesto multimillonario, presencia de oficinas en el cantón de Alajuela, vivan sus funcionarios encuevados y ausentes de verificar la realidad de las calles alajuelenses donde de manera abierta, generosa e inconcebible se violentan los derechos humanos de los menores.
¿Es permisible que las autoridades omitan su responsabilidad? ¿Cómo justifica el PANI esta falencia social?
Porque lo expuesto se da a vista y paciencia de autoridades y ciudadanía. Mientras existan niños en condición de indigencia y abandono, acto propiciado por adultos inescrupulosos, la entidad responsable de velar por el bienestar de la niñez seguirá portando el estigma de ineficiente, irresponsable y dilapidadora de los recursos públicos asignados.
La comodidad de los burócratas en sus oficinas poco aporta al cumplimiento de la ley. Y la ley es de carácter obligatorio. Así tengan los funcionarios del PANI por omiso su deber y probidad.
Los derechos humanos no son negociables…