Además de la afectación en costos y universalidad del servicio eléctrico, el proyecto de ley de armonización eléctrica podría debilitar la posición estratégica de Costa Rica en el Sistema Eléctrico Regional

El debate sobre el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional se ha concentrado principalmente en el posible aumento de tarifas y en el eventual debilitamiento del principio de universalidad del servicio eléctrico costarricense. Sin embargo, existe una dimensión menos discutida, aunque de enorme importancia para el país: las consecuencias que esta reforma podría generar sobre la posición estratégica de Costa Rica dentro del Sistema Eléctrico Regional centroamericano (SER).

Costa Rica forma parte del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), una red regional que conecta eléctricamente a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esta interconexión permite intercambios energéticos entre países, facilita respaldo ante contingencias y fortalece la estabilidad regional. No obstante, también exige altos niveles de coordinación técnica, capacidad de planificación y respuestas rápidas ante emergencias o desequilibrios del sistema.

Históricamente, Costa Rica ha participado en el SER mediante un modelo eléctrico integrado alrededor del Instituto Costarricense de Electricidad. El ICE no solamente genera energía, sino que además coordina la operación técnica del sistema, la planificación de expansión, el manejo de reservas y la estabilidad de la red nacional. Esta integración institucional ha permitido mantener altos niveles de cobertura, estabilidad y confiabilidad eléctrica, además de consolidar una matriz energética mayoritariamente renovable.

El proyecto de armonización modifica de manera importante esa estructura histórica. La propuesta de trasladar funciones estratégicas hacia un nuevo ente operador denominado ECOSEN introduce una fragmentación institucional que podría alterar la capacidad de coordinación integral que actualmente posee el país. Aunque los defensores del proyecto sostienen que esta separación busca modernizar el mercado y evitar conflictos de interés, diversos sectores han advertido que una transición de este tipo podría generar dificultades operativas si no existe una regulación suficientemente sólida y una implementación gradual.

El SER requiere una coordinación técnica particularmente delicada. Las redes eléctricas regionales funcionan de manera interdependiente, por lo que fallos, variaciones de frecuencia o problemas de transmisión en un país pueden propagarse rápidamente al resto de la región. Además, la creciente incorporación de energías renovables variables, como la solar y la eólica, vuelve aún más complejo el manejo del sistema eléctrico. Por ello, algunos especialistas consideran que debilitar la planificación integrada podría afectar la capacidad de reacción y estabilidad operativa de Costa Rica dentro del sistema regional.

Otro aspecto relevante es que el nuevo modelo podría incentivar una mayor dependencia del mercado eléctrico regional. Bajo una lógica más comercial, el país podría recurrir con mayor frecuencia a importaciones energéticas cuando resulten más económicas, disminuyendo gradualmente el énfasis histórico en reservas estratégicas nacionales y planificación soberana de largo plazo. Aunque ello podría generar eficiencias económicas en ciertos escenarios, también aumentaría la exposición frente a crisis regionales, problemas climáticos o limitaciones de transmisión en países vecinos.

Asimismo, algunos sectores han advertido que si el ICE pierde segmentos rentables del mercado mientras continúa asumiendo obligaciones como electrificación rural, respaldo estratégico y mantenimiento de infraestructura crítica, su capacidad financiera podría verse afectada. Esto eventualmente podría reducir la inversión en resiliencia, modernización tecnológica y estabilidad operativa del sistema eléctrico nacional. El problema central, por tanto, no consiste únicamente en la participación privada o en la apertura del mercado eléctrico. El verdadero desafío radica en evitar que una reforma estructural desarticule un modelo de planificación integral antes de contar con mecanismos regulatorios, institucionales y técnicos suficientemente maduros para reemplazarlo de forma segura.

Costa Rica ha construido durante décadas una reputación internacional basada en la estabilidad de su sistema eléctrico, su alta cobertura y su matriz renovable. Modernizar el sector puede ser legítimo y necesario en algunos aspectos, pero cualquier transformación debería analizarse considerando no solo los efectos económicos inmediatos, sino también sus implicaciones sobre la seguridad energética, la estabilidad operativa y la posición estratégica del país dentro del Sistema Eléctrico Regional.

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