San José, 22 ene (elmundo.cr) – El excandidato a alcalde de Pueblo Soberano por Quepos, Boris Marchegiani, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, contra la magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Zetty Bou Valverde, por falta al deber de probidad y enriquecimiento ilícito.
Según la denuncia, la magistrada Bou Valverde desde el 30 noviembre de 2021 ejerció como magistrada suplente, con dedicación exclusiva como parte de su salario, “situación que incumplió e inobservó al efectuar paralelamente labores como notaria pública para distintas personas, instituciones y empresas”.
Además, agrega que la magistrada Bou Valverde “aprovechando ilegítimamente el ejercicio de la función pública, bajo el título de Magistrada Propietaria a.i bajo una modalidad de gestión administrativa, jurisdiccional y electoral, no tuvo reparo alguno en omitir y así transgredir sus obligaciones propias como servidora publica para con el Tribunal Supremo de Elecciones y la ciudadanía costarricense; continuando con sus funciones de Magistrada Propietaria a.i., y al mismo tiempo; realizando el ejercicio de su profesión especialmente como notaría pública, pese a recibir como ingresos por sus delicadas funciones en la Magistratura y como parte de su salario, una suma superior a un millón seiscientos mil colones mensuales, solo por tener dedicación exclusiva (más otros rubros), siéndole entonces prohibido así; realizar labores privadas por sí (elemento subjetivo del tipo penal) que acrecentaran ilegítimamente su patrimonio (elemento objetivo del tipo penal)”.
De igual forma insiste en que “el nombramiento de la imputada Bou Valverde como funcionaria pública (nombramiento de conclusión con fecha incierta desde el día 30/11/2021) eliminaba -a su favor-, la posibilidad jurídica de dedicarse a la práctica profesional privada, en su condición de Abogada y Notaria tal y como lo continuó haciendo; al existir -como hecho notorio que la misma conocía-, una obligación laboral y personal distinta así como exclusiva, la cual omitió respetar efectuando labores como notaria pública, generando así -paralelamente- en razón de su puesto de Magistrada, un claro conflicto de intereses”.
“Tal y como se aprecia entonces, los signos que se derivan del actuar público,/privado y prohibido, ejercido por la imputada Bou Valverde, reflejan un marco dubitativo que demuestra irregularidades en su actuar con desvalorización de su conducta tanto como de las decisiones que hubiese tomado sin dejar de lado en mi condición de víctima, la que Bou Valverde tomó mediante la resolución n° 10289-E3-2023 del Tribunal Supremo de Elecciones de las doce horas del quince de diciembre de dos mil veintitrés”, asegura la denuncia.
También recalca que “de esta manera, se eluden el interés público y luego del descubrimiento de las probanzas existentes, se considera que la falta de probidad, deviene en insostenibles cualquier resolución tomada por Bou Valverde que haya sido cuestionada durante su cargo como Magistrada Propietaria, lo que hace necesario tanto investigar cómo retrotraer efectos por las labores administrativas y jurisdiccionales de la endilgada; hasta tanto no se demostrará -por un principio de confianza legítima- que no existió un conflicto de intereses en su actuar, que perjudicará a su vez a la democracia Costarricense con sus resoluciones (no se sabe si devienen de intereses públicos o privados) situación comprometedora y delicada para investigar, pero necesaria al ser ello un tema de interés estatal”.
La resolución n° 10289-E3-2023, a la que hace referencia la denuncia, es la que tomaron los magistrados del TSE que dejó fuera de las elecciones municipales de febrero de este año al Partido Pueblo Soberano por no cumplir con el requisito de paridad horizontal en las nóminas que presentaron de los candidatos a las alcaldías, vicealcaldías y síndicos.
Ante esto, solicitan en la denuncia que la Fiscalía como medida cautelar suspenda las elecciones municipales de febrero de 2024 “DADA LA NOTORIEDAD DE UNA AFECTACIÓN A INTERESES DIFUSOS EN MATERIA ELECTORAL, A LA PERDIDA DE CONFIANZA LEGITIMA COMO PRINCIPIO DE APLICACIÓN INMEDIATA ASI COMO ANTE EL EVIDENTE CONFLICTO DE INTERES A ESCUDRIÑAR SOBRE CUALQUIER RESOLUCIÓN TOMADA COMO MAGISTRADA PROPIETARIA POR LA IMPUTADA ZETTY BOU VALVERDE, SIN DEJAR DE INCLUIR LA RESOLUCIÓN N° 10289-E3-2023 del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES de las doce horas del quince de diciembre de dos mil veintitrés con sus consecuencias perjudiciales para la democracia costarricense”.
